A la luz de las expectativas económicas para este año, el parlamentario y presidente de la Subcomisión de Banca y Seguros de la Asamblea Nacional (AN), Rafic Souki comentó que esperan retomar lo más pronto posible la discusión sobre Ley de la Actividad Aseguradora para ser aprobada a mediados del corriente mes.
A finales del año pasado, la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional inició las discusiones tendentes a crear la Ley de la Actividad Aseguradora, para garantizar que las empresas del ramo realmente protejan, den un trato justo y sin engaños a los usuarios y las usuarias.
Souki afiram que ahora lo que se busca es hacer una ley más amplia, una ley que regule todo lo que tiene que ver con la actividad aseguradora “y que fundamentalmente como todas las leyes revolucionarias, tiene que estar destinada a salvaguardar los sectores más débiles desde el punto de vista económico”.
Admitió que ante las reiteradas denuncias, los usuarios y usuarias, luego de adquirir la póliza de seguros se ven defraudados, pues muchas aseguradoras no responden ni indemnizan a las personas, agregó.
Por su parte, ante la inminente aprobación del proyecto de Reforma de la Ley de la Actividad Aseguradora, la Organización de Usuarias y Usuarios y Consumidores (OCU Venezuela) presentó a mediados del año pasado a la Subcomisión de Políticas Financieras, Banca y Seguros de la Comisión de Finanzas de la AN, un conjunto de observaciones formuladas sobre este marco legal.
El presidente de esa asociación gremial, Wolfgang Cardozo Espinel, instó a la AN a que apruebe una legislación incluyente y aporte respuestas verdaderas al colectivo, a propósito de la consulta pública que se realizó al respecto.
En las observaciones presentadas destacan no permitir que los aseguradores creen la figura de talleres autorizados, ya que dicha calificación es excluyente y atenta contra la libre competencia.
Con relación al Consejo de Usuarios de Seguros, la OCU propuso que las decisiones de ese ente sean vinculantes y con una representación equitativa, por lo que recomendaron elevar a nueve miembros «voceros» por sector, los que conformarían dicho Consejo de Usuarios.
Asi mismo, propusieron establecer severas sanciones ante fraudes cometidos por los usuarios o por las empresas de seguros, así como por las exclusiones o incumplimiento en los pagos, sin causa justificada.