A un mes del cierre de la frontera colombo-venezolana en el estado Táchira, las casas de cambio han reducido sus negocios hasta 97 %, “dada su dependencia exclusivamente del intercambio comercial”, reportó el sitio en Internet el portafolio.co
“Somos 300 casas de cambio autorizadas con unos 1.200 empleos directos. Y tenemos el grave inconveniente que no tenemos alternativas como los otros sectores afectados”, informó el presidente de Asocambios en Cúcuta, Juan Fernando González, citado por el referido portal web.
Las casas de cambio, que distorsionan el valor de la moneda nacional, gozan de carácter legal ya que en el año 2000 el Banco de la República de Colombia, que cumple funciones de Banco Central, emitió la resolución Nº 8, que autoriza el intercambio directo de monedas con los países vecinos, sin pasar por el dólar.
Esta figura establece una doble tasa sobre el intercambio de monedas en Colombia: una oficial, establecida por el Banco de la República, y otra especial que se aplica sólo para las fronteras.
«El Banco de la República de Colombia presenta una tasa de cotización diaria del Bolívar que oscila en 231y 232 pesos, pero en el mercado que empobrece el bolívar en la frontera, tiene un valor de 4,9 pesos por cada bolívar. Mientras que el Banco de la República en Bogotá reconoce que un bolívar vale 232 pesos, en Cúcuta y en el eje fronterizo, me pagan por un bolívar, 4 pesos con 90 centavos», explicó el integrante de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela, Juan Carlos Tanus, en entrevista concedida a la Radio del Sur.
De este modo, 1.000 bolívares venezolanos tranzados a la tasa del Banco de la República colombiano equivale a una suma de 232.000 pesos, pero si se aplica la tasa de 4,9 bolívares por peso de las casas de cambio de la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander), la cifra disminuye a 4.900 pesos, lo que representa una diferencia de 227.100 pesos, que equivalen a un tercio del sueldo mínimo de un trabajador neogranadino (644.350 pesos).
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el pasado mes de agosto que la frontera se mantendrá cerrada hasta tanto el Gobierno de Colombia prohíba el ataque al bolívar (moneda nacional) y la venta de productos venezolanos de contrabando.
“Santos (mandatario colombiano) debe tomar medidas para prohibir el ataque a nuestra moneda”, instó Maduro.
Tras el cierre de la zona fronteriza por parte del Gobierno venezolano motivado al ataque que sufrieran soldados de la Fuerza Armada venezolana por parte de grupos paramilitares y con el objetivo de combatir el contrabando de alimentos y gasolina, el área metropolitana de Cúcuta ya siente los efectos en su economía y el comercio y la industria se resienten en la capital de Norte de Santander ,señala el reporte.
Gladys Navarro, directora ejecutiva de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) Cúcuta, afirmó que la falta de liquidez en la zona se agravará si la frontera permanece cerrada y agregó que antes de tal acción, ejecutada por el Gobierno venezolano, muchos cucuteños se beneficiaban de los negocios formales e informales, a su juicio, propios de una línea fronteriza.
Pero lo más difícil, para una ciudad con uno de los desempleos (14 %) y tasa de informalidad (70 %) más altas del país, es que ya comenzó el despido de trabajadores.
‘PIMPINEROS’ ENTRE LOS MÁS AFECTADOS
Los informales son los más afectados por el cierre de la frontera, entre ellos se cuentan los 5.000 ‘pimpineros’, los centenares que se dedican al cambio de divisas en las calles de la ciudad y puentes fronterizos, los del ‘bachaqueo’, los mil mototaxistas que transportan gente a través de los puentes y los que venden productos de contrabando, reveló el portal web.
Son miles de personas que llevan un mes sin recibir un solo peso y muchos ya no tienen ni para la comida.
Tal hecho evidencia la fuerte dependencia económica de la ciudad colombiana donde los productos venezolanos llevados por vías del contrabando se comercializan sin control, así como la gasolina que se llevan de contrabando los ‘pimpineros’
El comercio cucuteño se ve afectado porque “los que trabajaban de manera informal compraban muchas cosas a crédito (motos, electrodomésticos) y al no tener con qué pagar se ve perjudicada toda la cadena del comercio”, aseguró Navarro.
Se estima que unas 30.000 familias de todo el eje fronterizo con Venezuela vivían del contrabando de combustible, un negocio altamente lucrativo para los revendedores informales que adquirían un galón de gasolina en Venezuela al precio equivalente de 0,144 pesos y lo expendían del lado colombiano en 3.600 pesos.
Ese precio aún resultaba atractivo frente a los 5.012 pesos que cuesta el mismo galón en las estaciones de servicio de Cúcuta o los 8.200 pesos que vale en la capital, Bogotá.
Así pues, mientras el gobierno colombiano eludía inversiones en sus poblaciones fronterizas, Venezuela perdía anualmente 1,4 millones de dólares al año, una cifra reconocida por las autoridades del vecino país.
De acuerdo a las cifras del ministerio de Petróleo y Minería, reconocidas por las autoridades colombianas, por la frontera se contrabandeaban alrededor de 100.000 barriles de gasolina y diesel cada jornada. Es decir, 35% de la producción nacional.
“Me tocó fiar en la tienda, pero ya la dueña me dijo que no podía más porque ya le había fiado a mucha gente. Y nadie tiene plata para prestar”, contó Juan Sandoval, habitante del barrio Aeropuerto, en Colombia, quien ha trabajado por casi 30 años en el negocio de la gasolina de contrabando.
Por su parte, María Martínez, directora ejecutiva de Fendipetróleo Norte de Santander, informó que las ventas de combustible “se han incrementado en 60 % para todas las estaciones” tras el cierre de la frontera colombo-venezolana.
Las estaciones de servicio, perjudicadas por el contrabando de combustible, están vendiendo todo el cupo de 7,3 millones de galones que asignó el Gobierno colombiano al departamento para este mes, reseñó el Portafolio.co
En el contexto de construir una Nueva Frontera de Paz, el presidente Nicolás Maduro ha señalado que Venezuela está en disposición de ofrecer suministro legal de combustible, en condiciones especiales, tanto en zonas fronterizas como en territorio colombiano, con el propósito de acabar con las mafias de contrabando de extracción y paramilitarismo.