El Congreso brasileño anuló este jueves los vetos presidenciales a la nueva ley de regalías petroleras, que establecía mayores beneficios para los estados productores de crudo.
De los 63 senadores presentes, 54 se pronunciaron por retomar el proyecto aprobado en el Congreso el pasado año, que estipula una mayor equidad en la distribución entre los territorios del país, productores o no de combustible.
En la Cámara de Diputados, de 405 legisladores que participaron de la sesión 349 respaldaron la anulación del veto de la mandataria Dilma Rousseff.
La votación fue anunciada este jueves después de una extensa y acalorada discusión en el Legislativo, iniciada anoche y que se extendió hasta esta madrugada.
Los estados afectados son los de Rio de Janeiro, Espírito Santo y Sao Paulo, pues con el derrumbe de esta normativa dejarán de percibir poco más de tres mil millones de dólares al año, que les entregaban las petroleras como compensación por la explotación de crudo en sus regiones.
A partir de ahora estos territorios perderán entre 20 y 26%, pues habrá una repartición más equitativa de las regalías con el resto de los territorios.
Los legisladores de estos tres estados protestaron contra la conducción de la votación de parte del presidente del Congreso, Renan Calheiros, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), se retiraron de la sesión y no votaron.
Anunciaron que presentarán una demanda ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para anular la sesión, con el argumento de fallas en el proceso de sufragio.
Se trata además de un acto anticonstitucional, pues modifica los contratos firmados por el gobierno con los productores de petróleo en la última década, destacó un diputado de Río de Janeiro.
Los gobernadores de esos tres estados productores de petróleo comunicaron que presentarán igualmente un recurso demandas ante el STF, para restaurar el veto de la mandataria brasileña.
La máxima autoridad del territorio de Río, Sergio Cabral, señaló que la pérdida de ingresos afectará la capacidad de su estado para organizar y contar con los fondos necesarios para ser sede del Mundial de Fútbol de 2014, y de los Juegos Olímpicos de Verano de 2016.
Sin estos fondos será el caos, enfatizo al manifestar incomprensión por la decisión adoptada este jueves en el Congreso.