El primer paquete de medidas aprobado por el gobierno del conservador David Cameron con el objetivo de paliar el déficit público ha entrado este lunes en vigor, con una rebaja de las ayudas a la vivienda social, al pago de impuestos y al costo de litigios ante los tribunales. El recorte también incluye una remodelación de la gestión sanitaria, donde primará el estricto control del gasto.
La reforma del estado de bienestar es una decisión «justa»para incentivar el empleo, reducir la dependencia del Estado de quienes «deberían regresar al mercado laboral» y «ayudar a quienes realmente lo necesitan», argumentaron, en una tribuna conjunta publicada este martes en la prensa, los ministros de Economía, George Osborne, y de Trabajo y Empleo, Iain Duncan Smith.
El artículo de dos de los pesos pesados del Gabinete aparece como una respuesta a la oleada de protestas que en las últimas semanas han tomado las calles de numerosas ciudades del Reino Unido y que el pasado fin de semana recibió el apoyo de cuatro confesiones protestantes, incluida la influyente Iglesia Reformada de Escocia, en su crítica a «la manipulación [de los conservadores] para perpetuar los mitos de la pobreza y justificar los recortes sociales».
La oposición laborista denuncia, por su parte, que no sólo los más pobres sino también las sufridas clases medias verán reducido su poder adquisitivo a causa de la merma de las ayudas sociales.
Los presupuestos presentados a mediados de marzo contemplan una rebaja de los impuestos a ese sector, con una reducción adicional de las cargas fiscales a las rentas más altas que pagan un tipo de hasta el 50 por ciento.
Mientras Duncan Smith alega que el Gobierno no pretende revertir el sistema de asistencia pública vigente en el último medio siglo, sino únicamente «gestionar» su insostenible crecimiento, muchas familias británicas se preparan para un escenario que, en los casos más extremos, apenas les reporta una ayuda de 53 libras semanales (62 euros).
Entre el conjunto de medidas que han entrado en vigor este mes de abril, ha provocado especial controversia el llamado «impuesto del dormitorio», que gravará a los residentes de una vivienda social si una de sus habitaciones está libre.
«Ese impuesto cruel destruirá vecindarios y pondrá a la gente en manos de los tiburones de los préstamos», alega el vocero de Trabajo de la oposición, Liam Byrne.