El vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Jaua, expresó este lunes que la nueva Ley de Costos y Precios Justos que se publicará este martes en Gaceta Oficial establecerá mecanismos para facilitar que las estructuras de costos de las empresas disminuyan,»ya que hay empresas en Venezuela que son altamente ineficientes».
Durante una intervención en el programa Contragolpe, que transmite Venezolana de Televisión, el Vicepresidente aseveró que muchas empresas son ineficientes debido a falta de actualización tecnológica, o a la carga que representan los sueldos de las altas gerencias, lo cual, de forma autocrítica, expresó que también sucede en empresas del Estado.
«Siempre vamos a garantizar un margen de utilidad, de ganancia, que permita la productividad y la rentabilidad de las empresas», dijo.
En otro orden de ideas, explicó, que la Ley establecerá bandas de precios para productos como vegetales y hortalizas, cuyos precios fluctúan de acuerdo a las estaciones de lluvias y sequía, así como en productos importados, donde los precios son muy volátiles.
Explicó que los precios máximos se establecerán para productos de estructuras de costos más estables e informó que de forma mensual, trimestral y anual, se estudiarán los posibles ajustes de precios.
“No vamos a obligar al sector privado a vender por debajo de lo que le cuesta producir. Sin embargo, la ley también establece mecanismos para ayudar a que esa estructura de costos disminuya”, dijo Jaua.
Asimismo, el Vicepresidente reiteró que en 90 días hábiles comenzará a funcionar la Superintendencia de Costos, un sistema acorde a la estructura de costos que permitan fijar precios y evitar la especulación.
Detalló que entre sus funciones se encuentra la auditoría total de las estructuras de costos, a fin de sujerir los posibles precios máximos o bandas de precios de los productos, según sea el caso.
Indicó, que los responsables de determinar el costo de los productos, serán los ministerios de cada una de las áreas relacionadas. En ese sentido, negó que la ley se emplee como un intrumento para tomar retaleaciones políticas contra los empresarios y explicó que la única manera de que se sancionen comercios, es si estos remarcan precios o comercializan productos fuera del precio regulado.
Calificó de irracionales los márgenes de ganancia que actualmente obtienen algunas empresas, «muchas veces por un elemento subjetivo se fijan los precios, basandose en cosas como la ubicación de una urbanización».
Añadió que para la ejecución de la Ley no está estipulada la discrecionalidad para el establecimiento de los precios, sinó que se establecerán mecanismos para la fijación de precio. “Es una ley general, pero en su reglamento establecerá, claramente, las metodologías como lo manda la ley, (…) tanto del precio máximo como de la banda de precios, cómo se ejercen las competencias y la fiscalización de la Superintendencia (de Costos)”, manifestó.
Finalmente, aseveró que el objetivo de la ley debe ser el combate contra la especulación y la usura.