“Los oligopolios no garantizan la seguridad alimentaria en el país y el Gobierno Bolivariano lleva 11 años luchando en ese tema. Son dos extremos en pugna: el socialista y el capitalista. Los ataques yanquis a través de sus lacayos internos no han podido detener el avance de las leyes revolucionarias. El Gobierno Bolivariano ha venido avanzando en estos 11 años, a pesar del ataque capitalista e imperialista”.
Quien así habla no es ningún dirigente trasnochado de la izquierda radical, sino un general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ministro del Poder Popular para la Alimentación, Carlos Osorio, es ejemplo de los nuevos tiempos en Venezuela, en proceso de construcción del socialismo.
Empresas como Polar y Cargill, como ha pasado con Agroisleña, deben estar en manos del Estado, aseguró Osorio. La nueva correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional que se instalará el 5 de enero de 2011, no será un impedimento para el avance del Gobierno Revolucionario.
“Tenemos muchos mecanismos para profundizar la Revolución, pero el más importante es la consulta popular. Si la contrarrevolución quiere cambiar las leyes, ahí estará nuestro pueblo para decidir” , advirtió el titular de Alimentación.
Los organismos del Estado han unido sus fuerzas y están cohesionados, los ligados a los alimentación no son una excepción. “Estamos avanzando en la articulación de todo el ciclo económico, desde el productor primario hasta la red de suministro. Nuestro objetivo es lograr el equilibrio en todas las ramas de la cadena agroalimentaria para llevarle a la población la mayor suma de felicidad posible”.
La Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria es un instrumento que le da al pueblo venezolano una serie de herramientas para articular todo el ciclo productivo, desde la producción primaria hasta el consumidor final. “Desde montar la infraestructura para atender al agricultor, la asignación de las tierras, las leyes para que el banco le otorgue el crédito, la infraestructura para recepción de la cosecha, hasta la red de suministro al consumidor final. Todo eso comprende este instrumento legal”, exclamó entusiasmado Osorio.
El titular de Alimentación corrige al reportero. “No es que tratamos de eliminar el margen especulativo. No, estamos decididos a eliminarlo y para eso tenemos la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria y otros instrumentos como la de Indepabis (Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios)”, puntualizó.
CUATRO ASPECTOS
Los aspectos fundamentales, abarcan desde el centro hasta la periferia de ciclo agroalimentario, son seguridad, soberanía, utilidad pública e interés social. Con esos cuatro conceptos se engloban todas las actividades conexas que se desarrollan en el país. “Es un deber de nosotros, hacer cumplir con los dispuesto en esa ley”, agregó.
La Ley Orgánica de Seguridad Alimentaria y Soberanía Agroalimentaria entró en vigencia el 31 de julio de 2008. Además de los aspectos fundamentales, este instrumento legal desarrolla en el título II, el acceso oportuno a los alimentos, en el título III, trata de la distribución, intercambio y comercio justo. El título IV trata de la inocuidad y calidad de los alimentos. El título V norma la investigación y educación en materia agroalimentaria, el título VI estipula las infracciones y el título VII, norma la inspección, fiscalización y control.
Uno de los aspectos de la ley que resalta el ministro es la participación de las comunidades en la planificación social de la producción, el intercambio y la distribución de productos agroalimentarios. Este es un pilar fundamenta, porque nuestra Revolución no quiere crear una estructura organizativa que compita con el sector privado. Lo que buscamos es el equilibrio en la cadena de los alimentos, para lograr eso, necesitábamos un instrumento y una serie de herramientas que permitan al Estado incidir en cada uno de la ramas”, explicó Osorio.
El Ministro aseguró que si dejaban la cadena alimentaria en manos del sector privado, el gran impacto recaería en las y los consumidores. “El caracazo en 1989 fue una reacción del pueblo a un estado de las cosas injustas. LA IV República le entregó al capitalismo el suministro de los alimentos y el pueblo se alzó”.
En ese ínterin se fueron desarrollando y fortaleciendo empresas como Agroisleña, Cargill y Polar. “Los alimentos dejaron de verse como una necesidad para convertirse en un negocio. Nuestra Revolución establece que los alimentos no pueden ser una mercancía. Claro está, para que eso se cumpla, el Estado necesita toda una infraestructura y organización, llámese Mercal, Pdval, Bicentenario, silos para almacenar y unidades de producción primaria”, enumeró el Ministro.
LA ESPECULACIÓN TIENE LOS DÍAS CONTADOS
El Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MAT), el de Comercio y el de Alimentación conforman el equipo que integra el sistema de control de la cadena agroalimentaria, el cual permite mantener el monitoreo de todo lo que se procesa, se distribuye y se consume en el país.
“Toda esta información nos da argumentos para hablar con propiedad. Estamos al tanto de los inventarios que se almacenan y mueven en el país”, agregó el ministro.
El objetivo es romper la cadena especulativa que se ha enraizado en la economía venezolana a lo largo de la IV República. “Nuestro sistema de información ahora permite saber el precio al que se está comprando en el exterior , el costo del flete y los gastos de nacionalización. De esta manera podremos saber el margen que manejan los agentes económicos al constatar el precio de venta a los consumidores y, por supuesto, evaluar el precio sugerido al que debe venderse ese producto. No vamos a permitir esos precios salvajes para las fiestas navideñas”, advirtió Osorio.
Los diagnósticos del Ejecutivo revelan un salvajismo irresponsable en la fijación de los precios de venta. La expropiación de Frisa y Friosa, por mencionar un ejemplo, es consecuencia de ese desbalance entre costos y valor sugerido al consumidor. “Importaban las manzanas a un bolívar y se las vendían al pueblo entre 25 y 40 bolívares. Hemos diseñado a través de la Taquilla Única, en la que confluyen todos los ministerios y organismos involucrados en el ingreso de productos al país, instrumentos que nos permiten controlar la nacionalización de los productos importados”, agregó el Ministro.
Mediante una serie de formularios, explicó el titular de Alimentación, antes de autorizar, por ejemplo, la importación de la uva, la empresa tiene que informar a quién le va a vender ese producto, de manera que el Gobierno pueda hacerle un seguimiento en la cadena de comercialización y evaluar el precio de venta. “Debe ser un valor justo porque el Estado le está otorgando dólares preferenciales. Los que se opongan a especificar el destino del producto, nosotros actuamos responsablemente y le negaremos el permiso, porque no vamos a permitir a un precio salvaje, exorbitante. Hacemos un llamado a las y los consumidores a denunciar la especulación”, alertó.
En el caso de las importaciones navideñas, Osorio aseguró que no han puesto límite a las importaciones para que el país esté suficientemente surtido en los artículos navideños, inclusive juguetes. “Los límites los ponen el importador, eso sí que los vendan a la población y a precios justos. Lo que queremos es proteger a la población de la especulación, también en los productos que no están sometidos a los controles de precios. Serán en todos los bienes y servicios”.
“Nosotros sabemos qué es lo bueno y lo malo, la población también lo conoce. Muchas veces los oligarcas ponen a los trabajadores frente a una cámara, como los de la Polar o la Agroisleña. Después uno habla con ellos y reconocen las sinvergüenzuras que se comenten esas empresas”, concluyó el titular de Alimentación.
EL CICLO PERVERSO DE AGROISLEÑA
Venezuela tiene 279 silos, entre públicos y privados, en todo el país. “El sector privado tenía una gran capacidad de almacenamiento que superaba 50%. Con la expropiación de Agroisleña el Estado alcanzó un balance de 51% respecto a 49% de los particulares. Con estas acciones lo que queremos es que los productores primarios tengan la seguridad de que van a arrimar su producción y no serán objeto de atropello y abuso, mediante los descuentos que le quieran realizar por impurezas o humedad”, describió el ministro de Alimentación.
Agroisleña atropellaba los derechos de los pequeños y medianos productores, aseguró el Ministro, al reafirmar que la medida fue un ejercicio de soberanía.
Osorio aseguró que el Gobierno corregirá las distorsiones provocadas por la directiva de la Agroisleña. La expropiación no fue una medida arbitraria o una decisión inmediata, el Gobierno tiene un extenso expediente que venía documentando desde hace cuatro años. “El proceder de esa empresas convierte a las productores en esclavos. Le daban todos los insumos al campesino. Las semillas, fertilizantes, el abono y los insecticidas, ni siquiera le decían cuánto le iban a cobrar. Cuando el campesino le entregaba la producción, le descontaban los costos de lo que le habían entregado”, relató.
Osorio puso un ejemplo. Si el valor de la cosecha es mil, le daban quinientos y no contentos con eso, le retenían 50% como depósito para la otra cosecha y terminaban entregándole 250 bolívares, mientras que la empresa oligopólica se fortalecían cada vez más. “Esa es una cultura esclavista y si por mala suerte, el productor no tenía como cancelar porque se le dañó la cosecha, el campesino perdía la vivienda, tierras, camiones o el monto de las garantía que había entregado a la Agroisleña y se convertía en un deudor de la empresa. Con la revolución estamos cambiando todo ese sistema perverso. El Gobierno está protegiendo al agricultor de ese capitalismo salvaje”.
El Estado le venían advirtiendo a Agroisleña de las irregularidades, le habían establecido multas, amonestaciones hasta que llegó la expropiación. “No íbamos a pasar toda la vida diciéndole a la directiva que hicieran las cosas bien”, advirtió el Ministro.