Tras la promulgación de la reforma energética México, presentada por el Presidente Enrique Peña, Petróleos Mexicanos (Pemex) «tendrá a partir de este sábado, 60 días para comprobar ante la Secretaría de Energía sus capacidades técnicas, económicas y tecnológicas para continuar operando», afirmó el Consejero Profesional Independiente de la industria petrolera, Fluvio Ruiz.
La propuesta de la reforma energética fue aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales, informó el presidente de México, Enrique Peña Nieto, este viernes a través de su cuenta twitter, lo que generó el rechazo del pueblo mexicano que marchó contra esta reforma de ley.
El gobierno mexicano asegura que Pemex seguirá siendo una empresa del Estado, aunque la reforma abre las puertas a la intervención directa de trasnanacionales, bajo el argumento de que la producción petrolera del país azteca aumentará de 2.5 millones de barriles diarios actuales a 3 millones en 2018, y 3.5 millones en 2025.
El colectivo de abogadas y abogados solidarios (Causa) de México manifestó su rechazo a la reforma energética, pues consideran que forma parte de la política injerencista del gobierno de los Estados Unidos de América al cambiar los principios de la Constitución mexicana.»Cuando únicamente el pueblo puede cambiar los principios que la Constitución», denunciaron a través de un comunicado.
Con la reforma, el gobierno de Peña Nieto cambió los artículos 27 y 28 de la Constitución mexicana para permitir la apertura total a la inversión extranjera en explotación, producción y comercialización de hidrocarburos, así como en la generación de energía eléctrica.
El colectivo mexicano denunció a través del texto «la apertura del sector energético a la inversión extranjera directa generando como consecuencia la anulación de la autonomía patrimonial, la confirmación de su dependencia financiera y técnica»
Además aseguraron que «la implementación de la anticonstitucional reforma entraña la comisión dolosa del delito de traición a la patria», puesto que «pone en peligro la seguridad y la soberanía energéticas,quebranta la rectoría económica del Estado sobre el petróleo, obstaculiza el crecimiento económico y el empleo, contraría la distribución equitativa del ingreso y la riqueza».