Un total de 482 fiscalizadores pertenecientes a entes del Estado y del poder popular supervisará desde este miércoles el cumplimiento de la Ley de Costos y Precios Justos, aplicada a artículos de higiene personal y de limpieza del hogar.
Así quedó establecido en la Gaceta Oficial número 39.805 que circuló este martes, 22 de noviembre.
En la publicación «se instruye a la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (Sada), al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (Indepabis) (…) para que ejecuten en todo el territorio nacional las fiscalizaciones previstas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos».
En este sentido, el texto oficial contiene una lista de 262 personas de los entes mencionados, quienes estarán acompañadas por 220 voceros de las comunidades organizadas, los cuales brindarán el apoyo requerido para obtener la información necesaria para el cumplimiento del instrumento legal.
Los datos de los 482 fiscalizadores fueron publicados en la Gaceta en un listado que indica su nombre y apellido, Cédula de Identidad y ente al cual representan.
La providencia administrativa número 006, publicada en la misma gaceta, dictó las normas para el funcionamiento del Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios, que contendrá la información suministrada por los establecimientos, tal es el caso de la notificación de precios y de costos, esta última será analizada para determinar el precio máximo de venta o las bandas de precios.
Destaca en la providencia que en cada una de las etapas y fases del registro (notificación de precios y costos; análisis de la información y fijación de precios) el Poder Popular participará en los procedimientos de inspección y fiscalización.
Los voceros de las comunidades organizadas, coordinados por la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, también podrán colaborar en la identificación de problemas de distribución de productos, levantamiento de información para el registro, así como recomendar políticas de producción, distribución e intercambio.
En esta primera fase de aplicación de la ley, quedó establecido que los sujetos que produzcan, importen o vendan productos de higiene personal y de limpieza del hogar, así como compotas, jugos de frutas pasteurizados y agua mineral deberán informar, entre el 23 de noviembre y el 07 de diciembre, los precios fijados a dichos productos antes de la entrada en vigencia de la ley.
Por otra parte, la publicación oficial contiene las resoluciones mediante las cuales fueron designados el Intendente de Costos y Precios, el Intendente de Gestión Integral y la Intendente de Inspección y Fiscalización, William Contreras, Nelson Arencibia y María Erika Duque, respectivamente.
La ley de costos y precios justos tiene por objeto establecer regulaciones, mecanismos de administración y control necesarios para mantener la estabilidad de precios y propiciar el acceso a los bienes y servicios a toda la población en igualdad de condiciones.