Escuelas cerradas en la región Sierra por la convocatoria a paro. Lenín Moreno expresó intención de dialogar con indígenas sobre medidas económicas
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El Consejo de Protección de Derechos de Quito, Ecuador, rechazó los actos de violencia policial perpetrados contra los manifestantes que se han expresado desde el pasado 3 de octubre en las calles contra la imposición de políticas económicas del Gobierno de Lenín Moreno.
«Estos hechos violentos no pueden ser tolerados bajo ningún justificativo por su grave implicación en materia de derechos humanos», puntualizó el consejo en un comunicado reseñado por Prensa Latina.
Asimismo, demandó al Gobierno levantar el estado de excepción, ordenar a la fuerza pública dejar de actuar con violencia, liberar a las personas detenidas y establecer procesos de investigación de los hechos, incluso de los considerados como delitos cometidos por la fuerza pública, además de precisar la cifra oficial de heridos. «De continuar esta escalada de violencia, responsabilizamos a las autoridades correspondientes, a la policía y al ejército de éstas y futuras acciones que se sucedan en contra de la integridad, la vida y demás derechos humanos», advirtió el consejo.
En el documento se mencionan entre las irregularidades el uso de armamento prohibido e instrumentos para atropellamiento directo (principalmente caballos y motocicletas), de bombas lacrimógenas espiraladas y balas de goma contra los manifestantes, el uso de tanquetas diseñadas para conflictos bélicos con mensajes atemorizantes e igualmente hacen referencia a registros de hostigamientos policiales, incluso a personas que no eran parte de las protestas. «Nos indigna -y descalifica totalmente a la fuerza pública- los golpes y las acciones de asfixiamiento contra niños y niñas, actos que están documentados en filmaciones», reza el texto.
«El gobierno nacional solo habló de investigar las agresiones contra periodistas en el primer día del paro, pero lo mismo debería hacerse sobre los actos que han afectado a cientos de personas civiles, principalmente a jóvenes y adolescentes», alertó el consejo.
Escuelas cerradas por paro en la región Sierra
Por otra parte, las instituciones educativas de la región Sierra, una de las más importantes de Ecuador, permanecen cerradas tras al llamado a paro convocado en el país contra de las medidas económicas implementadas por el presidente, Lenín Moreno.
En un comunicado difundido a través de las redes sociales, la Secretaría General de Comunicación confirmó que las aulas de clases permanecerán cerradas como medida de protección para garantizar la seguridad y precautelar la integridad de niños y adolescentes de esta zona del país, donde se ubica la capital, reseñó Prensa Latina.
A pesar de esta acción, la institución señaló que la normalidad ha regresado paulatinamente a la mayoría de las provincias de Ecuador, donde se efectuó un paro de transportistas de 48 horas la semana pasada para rechazar las reformas económicas de Moreno.
Las autoridades educativas evaluarán la situación en las próximas 24 horas e informarán por canales oficiales sobre la reanudación de las actividades docentes.
Lenín Moreno dispuesto a dialogar
Por su parte, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, mostró su disposición a dialogar con las organizaciones indígenas que se encuentran movilizadas desde hace varios días en contra de las medidas económicas anunciadas por el gobierno. «Estoy decidido a dialogar, a tender la mano a la gente decente, a la gente honesta que quiere realmente cambiar el país. Estoy decidido a dialogar con ustedes, hermanos indígenas», dijo el mandatario en un mensaje en cadena nacional.
A pesar del mensaje de Moreno, representantes de pueblos y nacionalidades indígenas marchan hacia Quito para sumarse a la gran huelga nacional convocada para el venidero miércoles, que tiene por objetivo protestar contra el paquete de medidas económicas, consideradas neoliberales.
Mientras la población exige poner fin al «paquetazo», la administración nacional insiste en decir que las medidas adoptadas en temas tributarios y laborales son difíciles pero buscan blindar la economía.
La sociedad exige reformas económicas que favorezcan a la ciudadanía, en especial a los sectores de menos ingresos, en lugar de programas neoliberales impulsores de mayor pobreza.