Ecuador, «el Gobierno de la incertidumbre» y la brutalidad policial

Los ecuatorianos plantan cara a las duras medidas económicas anunciadas por el presidente de la República, Lenín Moreno. La tensión en el país aumenta y el pulso entre el Gobierno y los manifestantes continúa tras nueve días de protestas. El Ejecutivo intenta frenar las concentraciones del pueblo con violencia y decretando el estado de excepción, pero los ciudadanos responden: «El pueblo unido, jamás será vencido».

Hasta el momento, la cifra de muertos por la brutalidad policial asciende a cinco. Entre ellos se encuentra Inocencio Tucumbi, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) de Cotopaxi. Este jueves la comunidad indígena se declaró en luto por su asesinato y denuncia que «un policía le disparó en la cabeza». Sin embargo, el Gobierno tiene otra versión: sufrió un golpe en la cabeza tras una caída. Tampoco reconoce la cifra de muertos y mantiene que solo hay dos fallecidos, tachando de «rumores» otros balances. Ante la gravedad de la situación, este viernes Lenín Moreno ha ofrecido por primera vez a los pueblos indígenas diálogo tras mantenerse firme y defender sus medidas desde que se iniciaron las protestas.

Santiago Aguilar Morán, periodista y director de Radio La Calle, cuenta a Público desde Quito que la violencia del cuerpo policial hacia los manifestantes «es desmedida». “Ayer mismo (miércoles) las fuerzas policiales atacaron un refugio en el que la gente, los indígenas, iban a pernoctar. Allí la gente estaba ayudando con víveres y alimentos. Y la Policía fue a atacar con gases lacrimógenos. Había niños y hay heridos, aunque no sabemos cuántos”, relata Aguilar Morán. “Pocas veces se ha visto algo igual”, puntualiza. «Es el Gobierno de la incertidumbre», señala. Según el balance del Defensor del Pueblo hay cerca de 600 heridos, aunque la cifra puede aumentar. También hay mil detenidos.

En este sentido, Adoración Guamán, profesora universitaria de derecho en FLACSO-Ecuador, añade que “nunca jamás había visto una violencia tan cruel y dirigida a hacer daño» por parte de los agentes de la Policía y militares. Asegura que los ecuatorianos miran con asombro las cargas policiales y que, incluso los historiadores, se sorprenden con el nivel de violencia con el que responden las autoridades.

El analista político y consultor internacional, Amauri Chamorro,-asesor del expresidente ecuatoriano Rafael Correa- denuncia la violencia ejercida y señala a Público que hay detenciones irregulares de manifestantes que «ni siquiera han sido denunciados por la Fiscalía». Chamorro habla claro: «La violación de los derechos humanos existe en Ecuador desde que Lenín Moreno llegó al poder».

El paquetazo

Las movilizaciones rechazan el paquetazo. Así se ha denominado a las medidas de austeridad de Moreno, que se enmarcan dentro un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 4.200 millones de dólares. Entre las medidas más polémicas se encuentra la eliminación de los subsidios a los carburantes -que elevarán los precios de las gasolinas diésel y extra un 123%-. A cambio de la inyección del FMI, el Gobierno asfixia a los ciudadanos atacando a los servicios públicos y al empleo. Entre las reformas laborales, Moreno plantea reducir un 20% el salario de los contratos temporales si se renuevan o rebajar los días de vacaciones de los trabajadores públicos de 30 a 15 días. También establece que un día del salario mensual de los funcionarios , tiene que ser «donado» a las arcas del Estado. «El tema de las vacaciones, los 30 días, se consiguió tras años de lucha», detalla un médico de un hospital público de Quito que prefiere mantenerse en el anonimato. Este doctor asegura que «el Gobierno quiere, de un plumazo, tirar al traste todo” y que con la reforma laboral «se favorece a la clase pudiente». » En vez de avanzar, vamos retrocediendo», señala.

Tras el anuncio del paquetazo, inmediatamente “los estudiantes protagonizaron las primeras movilizaciones y recibieron las primeras cargas policiales”, detalla Guamán. No tardaron en sumarse miles de indígenas, que iban llegando poco a poco desde todos los cantones (las provincias) del país hasta la capital para exigir la derogación de las medidas o la dimisión del presidente. Iban a una concentración pacífica y se llevaron con ellos a los niños, algo habitual en sus protestas. El Gobierno los recibió con golpes y disparos de bombas lacrimógenas. El pueblo indígena enfureció, y desde entonces se manifiesta con rabia.

La situación es insostenible. El Gobierno de Moreno se traslada a Guayaquil el 8 de octubre. El presidente decidió volver un día después a la capital, pero en la práctica la sede del Ejecutivo está en Guayaquil, según apunta el periodista Xavier Letamendi, que se encuentra en esta ciudad clave en el comercio del país. Allí hay miedo, pero se va calmando poco a poco: «Los primeros días había mucho nerviosismo. Hoy en día los buses desaparecen al primer indicio de violencia». La situación es muy distinta en la capital. Con la vista puesta en Quito, este periodista de 33 años asegura con preocupación «que nunca había visto este nivel de represión».

Las universidades se han convertido en refugios y en comedores. Pese a ello, las fuerzas policiales acuden a los centros para lanzar bombas lacrimógenas e intentar dispersar. En un primer momento, la comunidad universitaria se ofreció para ser el puente de diálogo entre manifestantes y el Gobierno. Los indígenas y otros sectores accedieron pero el Ejecutivo descartó esta vía. «Es una guerra de desgaste. Para ver quién tira a toalla primero», avisa Letamendi.

Un país bloqueado, desabastecido y caótico

El país está bloqueado: las principales carreteras están cortadas y ya hay desabastecimiento de alimentos y medicinas, que provocan su encarecimiento. También hay toque de queda -no se puede salir a la calle desde las 20.00 hasta las 05.00 horas.

Quito «está absolutamente paralizado», relata Aguilar Morán. El principal medio de transporte -los buses- no circulan y las clases están suspendidas. Los quiteños no tienen forma de llegar a sus trabajos y se aventuran a ir a pie con trayectos que oscilan entre 40 minutos o dos horas. Llegan como pueden, en vehículos particulares aglomerados o «en cajones de carga de camionetas», según afirma el doctor.

En medio de este caos, «la mano invisible del mercado» empieza a «especular con los precios» de los alimentos y el transporte, advierte el periodista Aguilar Morán. Uber y Cabify se aprovechan de la desesperación y elevan sin medida los precios. En cuanto alimentos básicos, el precio de los productos procedentes de la sierra escasean y duplican su precio. Una libra (0,45 Kg) de patata en Guayaquil ha pasado de costar 40 centavos (0,36 céntimos) a 80 (0,91 céntimos), detalla el periodista. Todo esto en un país en el que un dólar marca la diferencia entre poder adquirir alimentos o no, puntualiza la profesora Guamán.

En cuanto al sector de la sanidad, el médico del hospital público advierte del desabastecimiento de los medicamentos, aunque aclara que la falta de estos ya venía marcada anteriormente por la falta de medios por parte del Gobierno. Al centro «viven personas de bajos recursos de las afueras», explica. Y añade: «Las cirugías que se habían agendado a los pacientes no se realizan. No pueden venir».

«Aguanta mi pueblo, aguanta»

Los manifestantes no tienen pensado parar las protestas. «No van a negociar migajas», advierte Adoración Guamán, quien explica que el pueblo indígena ha derrocado gobiernos con anterioridad. Es más, miles de indígenas de la Amazonía están llegando a Quito para sumarse a las manifestaciones tras la escalada de violencia. Esta profesora universitaria relata a este medio que «en la vanguardia las mujeres reparten pan y agua. Y les dicen: «Compañero, aguanta». Este mismo mensaje se puede leer en varias pancartas durante las manifestaciones: «Aguanta mi pueblo, aguanta».

Este jueves en la capital, la comunidad indígena liberó a los diez agentes de la Policía que habían retenido horas antes. En palabras del Gobierno, estas retenciones se tratan de secuestros. Los liberaron después del funeral del dirigente y agricultor Tucumbi celebrado este mismo jueves, en el que cuatro de ellos tuvieron que cargar el féretro. Tucumbi, de 50 años, ya se ha convertido en un símbolo de las protestas.

«Los asesinatos a sangre fría», según define Chamorro, y la represión están uniendo al pueblo, que se organiza como puede ayudar a los manifestantes y curar a los que resultan heridos. En este sentido, los profesores y estudiantes de medicina y enfermería están ofreciendo ayuda médica. Vestidos con sus batas blancas, atienden en primera línea del conflicto a los heridos con los recursos disponibles «sin descanso», asegura Guamán. La mayoría de ellos presentan «asfixia, heridas de proyectiles o fracturas en los miembros superior e inferior», detalla el doctor que prefiere mantener el anonimato. «A uno le reventaron el ojo», precisa.

Los sanitarios llaman a los ciudadanos para que acudan a donar sangre. Es necesaria por el grado de violencia de los agentes. Violencia que comenten contra los propios periodistas y contra los sanitarios de la Cruz Roja, que tuvo que dejar de atender a los heridos por los ataques que sufrían.

Tampoco hay que olvidar las agresiones por parte de algunos manifestantes indígenas. En concreto, a un periodista de Teleamazonas le lanzaron una piedra en la cabeza. «Vimos que los manifestantes le dieron un pedrazo», asegura Aguilar Morán. «Pero comprendemos la situación. No estamos para hacernos las víctimas ni los héroes», continúa. Todo esto se enmarca dentro de la desconfianza total de los indígenas a los medios de comunicación, que han visto cómo se los criminaliza desde los medios públicos.

«El Gobierno de la incertidumbre»

En medio de este caos, el presidente Lenín Moreno intenta deslegitimar las reivindicaciones de los manifestantes tachándolos de «terroristas». Pero sus afirmaciones van más allá. Ha llegado a asegurar que detrás de las protestas se encuentra un intento de golpe de estado señalando al expresidente Rafael Correa y al mandatario venezolano Nicolás Maduro. Este jueves, el discurso de Moreno cambió y acusó en el canal NTN24 que «las FARC y Latin King» quieren desestabilizar su Gobierno.

Para Xavier Letamendi, estos mensajes son una estrategia del Gobierno» porque saben que «las grandes crisis acaban en derrocamientos». Santiago Aguilar Morán establece que «los mensajes son contradictorios» y que los ecuatorianos están ante «un Gobierno errático, torpe e ineficiente». Amauri Chamorro cree que estos discursos afectan «a la credibilidad de Lenín Moreno» porque «la gente sabe que las personas que están en las calles son ecuatorianos, el pueblo que legítimamente» sale a manifestarse.

Sin embargo, los ecuatorianos tienen miedo porque viven «un Gobierno de la incertidumbre». Así describe la situación Aguilar Morán ya que no saben qué ocurrirá «a un cortísimo plazo». Son pesimistas y se palpa el miedo. No ven final a esta represión, propia «de una dictadura».

Chamorro habla claro: «Es una dictadura». Y señala que Lenín Moreno «atropelló la Constitución ecuatoriana» con nombramientos a dedo en las instituciones y con la entrada en prisión del vicepresidente del país, Jorge Blass.

Los manifestantes, sin embargo, se muestran decididos a luchar por sus derechos. Los indígenas muestran con su lucha la fuerza de un pueblo. Un pueblo que sufre pobreza, represión y violencia. Y no van a tolerar que sus vidas sean atacadas. Ya han demostrado su poder en otras ocasiones. Y de momento, ya han dejado claro que no reconocen a Lenín Moreno como presidente.

F/Publico.es
F/Reuters