El Departamento del Tesoro por medio, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), emitió una nueva lista de funcionarios y dirigentes “sancionados” por la administración Trump como parte de la presión internacional para deslegitimar el funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
En esta oportunidad, se incluyen los siguientes nombres: los constituyentes Adán Coromoto Chavez Frías, hermano mayor del comandante Hugo Chávez; Hermann Escarrá, Erika Farías, Carmen Meléndez, Darío Vivas y Francisco Ameliach; así como la rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D’Amelio, y el coronel Bladimir Lugo Armas, responsable de seguridad del Palacio Federal Legislativo.
En la publicación del portal de la OFAC aparecieron los datos de los funcionarios venezolanos junto a organizaciones y personalidades de otros países, vinculados con el narcotráfico, entre ellos, el cantante Julión Álvarez y el futbolista Rafael Márquez por su relación con carteles de la droga en México.
NO ES LA LISTA CLINTON, ES EL DECRETO DE OBAMA
Al conocerse la decisión del Departamento del Tesoro, de inmediato la gran prensa inició las especulaciones y colocó a los constituyentes en la llamada lista Clinton, cuando la sentencia del Departamento del Tesoro deja muy en claro que fueron sancionados por el caso Venezuela, por supuestamente atentar contra la democracia y no por atribuírseles alguna conexión con el narcotráfico.
«El presidente Maduro invistió a su ilegítima Asamblea Constituyente para seguir afianzando su dictadura y continúa endureciendo su control sobre el país», dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, al anunciar esta nueva agresión.
Sin embargo, la canalla mediática no dudo en asegurar que se trataba de la ampliación de la lista Clinton,o el Kingping Act, la cual consiste en una base de datos donde 
se señala a personas naturales o jurídicas involucradas en el delito de lavado de dinero o narcotráfico. Lleva ese nombre porque fue creada en 1995, por el entonces presidente Bill Clinton para impulsar la lucha contra el tráfico de drogas. Todo esto para alimentar la posverdad de la existencia de un “narco-Estado” y una “narcodictadura” en Venezuela.
Pero las sanciones de la administración Trump a dirigentes y funcionarios de la Revolución Bolivariana corresponden a la extensión de la Orden Ejecutiva 13692 emitida en 2015, mejor conocida como el Decreto Obama. Con esta acción, Trump coloca en evidencia que su gestión es la continuidad del mandato belicista que dejó su predecesor.
El Decreto Obama tiene por propósito “bloquear la propiedad y suspender la entrada [a EEUU] de determinadas personas que han contribuido a la situación de Venezuela”.
Allí se incluyen también instituciones, por lo que la ultraderecha espera las anheladas sanciones contra Pdvsa o el Banco Central de Venezuela (BCV) a fin de producir un sismo en la economía nacional que lleve al derrocamiento del actual Mandatario. Las medidas hasta ahora se han tomado de manera individual, pues, según analistas del tema petrolero, a Estados Unidos no le resulta fácil dejar de comprar el crudo venezolano para el cual están adecuadas gran parte de sus refinerías.
En la lista de “sancionados” por Estados Unidos también se encuentran, entre otros representantes de poderes públicos o del alto mando político de la Revolución, el vicepresidente venezolano Tareck El Aissami, ocho miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ): Luis Damiani Bustillos, Arcadio Delgado Rosales, Gladys Gutiérrez Alvarado, Juan Mendoza Jove, Maikel Moreno Pérez, Calixto Ortega Ríos, Lourdes Suárez Anderson y Carmen Zuleta de Merchan; la rectora principal del CNE Tibisay Lucena Ramírez, Elías José Jaua Milano, Tarek William Saab Halabi, María Iris Varela Rangel, Néstor Luis Reverol Torres, Carlos Alfredo Pérez Ampueda, Sergio José Rivero Marcano, Jesús Rafael Suárez Chourio, Franklin Horacio García Duque, Rocco Albisinni Serrano, Alejandro Antonio Fleming Cabrera, Simón Alejandro Zerpa Delgado, Carlos Erik Malpica Flores y el mismo presidente Nicolás Maduro.
Tal y como señalan los mismos medios estadounidenses, estas acciones tienen un carácter disuasorio y de amedrentamiento, más que una efectividad concreta, toda vez que muchas de las personas involucradas no poseen bienes, cuentas, o activos en Estados Unidos. Son una suerte de “condena moral”, que, viniendo de un régimen pseudodictatorial que se erige como “policía” del mundo, son una señal inequívoca del carácter progresista, popular y democrático del proceso constituyente venezolano. Su objetivo es deslegitimar la ANC.
REACCIONES
Los primeros en responder al anuncio del Departamento de Estado fueron los constituyentes Francisco Ameliach, Adán Chávez y Érika Farías,
Ameliach señaló en su cuenta en Twitter: “No hay imperio que doblegue mis principios bolivarianos, antiimperialistas y profundamente chavistas. La patria no se vende, se defiende”.
Erika Farías expresó en redes sociales: “Hoy intenta el imperio amedrentarnos con sanciones; sépanlo ni pacto ni entrega d la patria. No podrán con nosotros. Váyanse al carajo yankees de Mierda. Yo voy con Bolívar, Lenin, Zamora, Fidel, Chávez y Nicolás Maduro, estamos venciendo y venceremos”.
Por su parte, Adán Chávez emitió las siguientes declaraciones: “Estas últimas arremetidas del imperio, lo que hacen es fortalecer nuestro compromiso con la libertad y la soberanía de nuestros pueblos y nuestra lealtad con el legado del comandante Chávez. No nos intimidarán. Les sigue resultando difícil seguir manteniendo el mundo al revés a través de la guerra mediática. Que sepan los pueblos del mundo que la ANC es soberana y constitucional; que el Gobierno de Nicolás Maduro es verdaderamente democrático y más de 8 millones de venezolanos salieron a votar el 30 de julio para respaldar al poder originario. Nosotros seguiremos construyendo el socialismo bolivariano”.
UN HECHO INSÓLITO
Por su parte, el canciller de la República, Jorge Arreaza, rechazó las sanciones unilaterales emitidas por el Gobierno de Estados Unidos contra varios funcionarios venezolanos. “Es una falta de respeto a nuestra soberanía. Es algo insólito. ¿Cuándo se ha visto que un centro de poder trate de sancionar a ciudadanos por organizar un proceso electoral, en el más puro espíritu democrático, donde participaron más de 8 millones de personas? Nunca se había visto que Estados Unidos sancionara a un gobierno por llevar a cabo elecciones constitucionales y democráticas”, expresó Arreaza en la Casa Amarilla.
SE ALINEAN LOS CACHORROS DEL IMPERIO
Los gobiernos que pertenecen a organizaciones políticas proimperialistas y neoliberales de la región se alinean con la agresiva política de Washignton en contra de Venezuela. De este modo, el Congreso peruano, con mayoría de derecha, aprobó ayer una moción para expulsar al embajador de Venezuela en ese país, almirante Diego Molero, con 75 votos a favor y nueve en contra, como una medida en contra de la “dictadura”, el mismo término que usa el Departamento de Estado para referirse al legítimo Gobierno Bolivariano. Aún se espera por la aprobación del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, aliado incondicional de Trump, para dar curso a la medida que atenta contra la integración suramericana.
PRESIDENTE DE LA ANC RECHAZA SANCIONES UNILATERALES
CONTRA FUNCIONARIOS VENEZOLANOS
La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, repudió ayer miércoles las sanciones unilaterales impuestas a funcionarios venezolanos por el Gobierno de Estados Unidos, por medio del Departamento del Tesoro de la nación norteamericana.
En su cuenta en Twitter, Rodríguez manifestó que estas acciones impuestas por el Gobierno de Donald Trump tras instalarse la Asamblea Nacional Constituyente, «pretenden amedrentar a los constituyentes en su compromiso de defender al pueblo de Venezuela».
Ante esta nueva agresión, Rodríguez enfatizó que «ninguna sanción imperial violatoria del Derecho internacional va a impedir que los constituyentes acudan al llamado de la defensa de Venezuela».
En este sentido, la presidenta de la ANC señaló que las sanciones unilaterales del Gobierno de Estados Unidos buscan «complacer» a los sectores más extremistas de la oposición venezolana, que desde hace tres mesen han convocado a hechos violentos, que han dejado un saldo de más de 100 fallecidos y miles de heridos, así como daños a la propiedad pública y privada.
Las sanciones, impuestas también a personas jurídicas del país suponen el congelamiento de los bienes en la jurisdicción de Estados Unidos (si los tuvieran) y la prohibición de ciudadanos estadounidenses de realizar negocios con ellos.
La Asamblea Nacional Constituyente no obedece a poder imperial ni extranjero alguno, es la expresión del poder originario y soberano del Pueblo libre e independiente de Venezuela y en consecuencia, continuará actuando en aras de mantener el diálogo, la paz y la concordia entre el pueblo venezolano. Ninguna amenaza foránea hará que Venezuela abandone el camino de la paz, la democracia participativa y protagónica y la justicia social que el pueblo ha decidido emprender. Jamás reconoceremos esta agresión.
La Asamblea Nacional Constituyente enrumbará la vida nacional mediante el diálogo mayor y el entendimiento constitucional en aras de la paz y la independencia nacional. Hemos escrito una nueva página de gloria en nuestra historia de libertad y autodeterminación.