El Gobierno de los Estados Unidos (EEUU) nombró este viernes como emisario en Venezuela para «restaurar la democracia» en el país al exdiplomático Elliott Abrams, el mismo personaje que ejecutó el golpe de Estado de 2002 contra el comandante y entonces presidente de la República, Hugo Chávez.
«Elliot Abrams se suma para liderar nuestros esfuerzos sobre Venezuela. Su trabajo crítico se iniciará de inmediato. Mañana viajará conmigo al Consejo de Seguridad de la ONU, donde Estados Unidos convocó a una reunión que estaba pendiente para instar a otras naciones a apoyar la transición democrática de Venezuela», expresó el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, citado por medios internacionales.
Con esta decisión, Trump se convierte en el tercer mandatario estadounidense para que el que trabaja Abrams. El diplomático trabajó en el Departamento de Estado como vicesecretario durante los gobierno de Ronald Reagan (1981-1989) y George Bush hijo (2001-2009).
De acuerdo con medios internacionales, Abrams es recordado por desestimar la masacre de El Mozote, ocurrido en 1981 en El Salvador — en el que estaba involucrada el batallón Atlácatl, formado por la Agencia Central de Inteligencia de EEUU (CIA, por sus siglas en Inglés) — en el que asesinaron a aproximadamente 600 hombres, mujeres y niños salvadoreños, convirtiéndose este hecho en uno de los mayores actos de violencia contra una población civil en América Latina.
De igual forma, fue culpable de ocultar información al Congreso estadounidense durante el escándalo de Irán-Contra (conocido como el Irangate), también ocurrido durante la gestión de Reagan, en el que se evidenció la venta de armas ilegal a Irán durante la guerra de Irak-Irán (1980-1988), para así obtener recursos para financiar a los grupos que estaban en contra del gobierno sandinista que se encontraba en Nicaragua.
En febrero de 1986, antes de que ocurriera el financiamiento, Abrams consideró necesaria la «ayuda militar para la contra. Lo creemos absolutamente. La negociación nunca triunfará sin ese apoyo militar (…) ¿Cómo se puede llevar ese tipo de personas a un compromiso, a una negociación? La solución es bien sencilla: presión, presión y presión. Sin presión no van a hacer nada. Las negociaciones y la presión diplomática, económica y militar no son contradictorias, se complementa», refiere una nota del diario El País de España.
Ante este último hecho, el Tribunal Internacional de La Haya condenó a EEUU por su injerencia en Nicaragua y le ordenó la indemnización de 17.000 millones de dólares, decisión que la nación norteamericana se negó a cumplir.
De acuerdo con un artículo del portal La Tercera, se estima que entre 1982 y 1990, la «ayuda» de Washington a la «contra» superó los US$ 300 millones, mientras que los daños económicos provocados por la guerra interna ascendieron a US$ 17 mil millones.
Perdonado por Bush padre, en 2001 regresa a la política como Ayudante Especial de George Bush Hijo, además de convertirse en Director para Democracia, Derechos humanos, y Operaciones Internacionales en el Consejo de Seguridad Nacional durante su gobierno.
Según una nota del diario británico The Observer, las evidencias vinculaban a altos funcionarios del gobierno de EEUU en el golpe de Estado contra Chávez en 2002, que dejó un saldo de al menos 19 muertos y centenares de heridos.
NUEVA ARREMETIDA, MISMO PERSONAJE
Este viernes, el viejo halcón aparece en la palestra política estadounidense en una nueva arremetida golpista contra Venezuela, país que rompió el pasado 23 de enero relaciones diplomáticas con EEUU y le dio un lapso de 72 horas para que retirara todos los representantes diplomáticos que se encuentran en el país.
«Como Presidente Constitucional, jefe de Estado, en cumplimiento de mis funciones que juré frente al pueblo de respetar y hacer respetar la independencia, la soberanía y la paz de la República; he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el Gobierno imperialista de los Estados Unidos», enfatizó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado miércoles.
Estas acciones responden a los actos de usurpación de funciones por parte de la Asamblea Nacional (AN) –en desacato desde 2016–, quienes pretendieron atribuirse funciones del Poder Ejecutivo.
A esto se suma las acciones del presidente del Parlamento, diputado en nulidad jurídica, Juán Guaidó, quien se autojuramentó como presidente encargado de Venezuela con el aval de Estados Unidos y otros países de la región que integran el denominado Grupo de Lima.