Estados Unidos ha anunciado este miércoles el fin de la suspensión del Título III de la ley Helms-Burton, lo que endurecerá el embargo a Cuba y permitirá reclamar ante cortes estadounidenses propiedades expropiadas por la Revolución cubana, pese a la oposición de España y la Unión Europea (UE).
“Estados Unidos pondrá fin a unos veinte años de suspensiones del Título III de la ley Helms-Burton”, dijo ayer un alto funcionario estadounidense, que pidió el anonimato, a un reducido grupo de medios, entre ellos Efe. Además, Estados Unidos planea empezar a “implementar” el Título IV de esa legislación, que restringe la entrada en el país de aquellas personas que “posean propiedades confiscadas de ciudadanos estadounidenses o que trafiquen con esas propiedades”.
El anuncio formal lo ha hecho el Departamento de Estado y lo ha confirmado John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense, Donald Trump, en un discurso en Miami y en el que ha informado de más sanciones contra Cuba, Venezuela y Nicaragua. Se espera que las medidas entren en vigor a partir del 1 de mayo, cuando se cumple el plazo marcado por el secretario de Estado de EEUU.
España y otros países habían pedido en las últimas semanas al Gobierno de Trump que no cumpliera sus amenazas de activar el Título III de esa ley de 1996, algo que podría afectar a compañías españolas, como el grupo hotelero Meliá. Ese título se creó para permitir que los estadounidenses, incluidos los cubanos naturalizados, pudieran demandar ante cortes de EEUU a las compañías que supuestamente se estaban beneficiando de propiedades en Cuba que eran suyas antes de la Revolución liderada por Fidel Castro en 1959.
Cuando se aprobó esa ley hace veintitrés años, el bloque europeo y otros países con intereses empresariales en la isla se opusieron porque temían que sus compañías fueran demandadas en EEUU y, por ello, la UE denunció a Washington ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). El litigio concluyó entonces con el compromiso de EEUU de mantener el título III suspendido a cambio de la retirada de la querella, pero la decisión del Gobierno de Trump rompe ese acuerdo.
“(Los europeos) han tenido más de 24 años de suspensión (del Título III), de lucrarse con la propiedad robada a ciudadanos estadounidenses”, argumentó el funcionario. Washington no planea conceder “ninguna exención” a empresas extranjeras que puedan resultar afectadas por el cambio, agregó.
”Creo que los europeos entendieron que estábamos llegando a esta decisión” cuando visitaron Washington hace dos semanas para la cita de ministros de Exteriores de la OTAN y se reunieron con Bolton o Pompeo, indicó la fuente.
Preguntado por la posibilidad de que la UE retome su campaña para demandar a EEUU ante la OMC, sentenció: “Tienen derecho a demandarnos, y nosotros tenemos derecho a verles fracasar”.