El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información ha realizado una histórica contribución con el informe periodístico Víctimas fatales de la violencia política en Venezuela (abril-junio 2017) para esclarecer lo que realmente ha sucedido en esta nueva arremetida de la ultraderecha golpista para desestabilizar el país
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La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra, en su artículo 58, el derecho ciudadano a una información veraz, oportuna y sin censura, garantía esta de la cual se desprende el deber del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (Mppci) de realizar las acciones necesarias para satisfacer ese derecho, sobre todo ante situaciones complejas, dramáticas, en las cuales se coloca en juego la paz de la República, la estabilidad democrática y la soberanía de la nación, así comienza el documento de investigación periodística que se ha convertido en material fundamental para el esclarecimiento de los sucesos de violencia propiciados por la ultraderecha venezolana desde el mes de abril del presente año.
Justamente esta semana, el ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Ernesto Villegas Poljak, anunció que su despacho está realizando una serie de reuniones de coordinación con representantes del Ministerio Público (MP), la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional de Derechos Humanos para cotejar cifras y datos sobre las víctimas fatales producto de estos hechos de violencia.
En esa reunión de trabajo se intercambiaron datos y criterios para unificar los resultados de forma precisa, que permitan hacer frente juntos a la matriz de opinión que busca utilizar las muertes para justificar una intervención extranjera en la nación.
Por ejemplo, en el informe presentado por el Mppci se determinó que 66,6% de las víctimas mortales ocasionadas por la espiral de violencia fascista no participaba activamente en manifestaciones o disturbios contra el Gobierno Bolivariano para el momento de su fallecimiento.
De acuerdo con esta investigación periodística, las muertes enmarcadas en el contexto de violencia política iniciado en abril de 2017 alcanza 80 víctimas fatales hasta el 6 de junio de 2017. Cabe destacar que a diario se producen nuevos decesos producto de la estrategia del golpe continuado.
De estas 80 víctimas fatales, 65 están contabilizadas en el documento titulado Balance de víctimas fallecidas y lesionadas durante manifestaciones en abril-junio de 2017, publicado por el Ministerio Público. Las otras 15 han sido reportadas por medios de comunicación social.
De las 65 víctimas contabilizadas en el balance del MP, en 11 casos se generan imputaciones, detenciones u órdenes de aprehensión sobre 36 funcionarios del orden público. Por su parte, la Defensoría del Pueblo en su informe En defensa de la paz y por la verdad, escribe que “ha contabilizado hasta el cierre de este informe un total de 52 personas fallecidas, en 10 estados y el Distrito Capital, en el contexto de las manifestaciones”.
Igualmente refiere que “11 casos involucran a funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado, por los cuales hay 36 efectivos detenidos o solicitados”
De las 80 víctimas, 32 eran obreros o trabajadores, 15 eran estudiantes universitarios, 4 estudiantes de educación media, 7 eran comerciantes, 4 integrantes de cuerpos de seguridad del Estado, 3 deportistas, 2 profesionales, 3 servidores públicos, un juez de la República, un militar retirado, un comunicador social y 7 personas de las cuales no se ha podido precisar su ocupación.
Para la fecha de cierre de este informe, se conocía que las víctimas pertenecientes a organismos de seguridad del Estado se agrupaban en un efectivo de la GNB, uno de la policía de Lara y dos de la policía de Carabobo.
A esto debe sumarse el efectivo de PoliMérida asesinado esta semana en una emboscada en el sector Pie del Llano.
Aunque el informe se refiere a las víctimas fatales, es necesario recordar que más de 45 efectivos de los cuerpos de seguridad han resultado heridos por armas de fuego y más de 200 por distintos objetos y dispositivos utilizados durante las acciones de la violencia fascista mientras cumplen su labor.
El joven de 28 años Niumar José Sanclemente Barrios fue ascendido post mórtem al grado de sargento primero de la GNB en reconocimiento a su labor.
Sanclemente fue asesinado el pasado miércoles 19 de abril cuando se disponía a disolver un foco de violencia callejera en San Antonio de los Altos, estado Miranda.
El funcionario de la policía de Carabobo, Jorge David Escandón Chiquito (37), fue ascendido post mórten a supervisor jefe. Falleció al recibir un disparo en la cabeza durante una protesta violenta del lunes 15 de mayo.
El oficial Agregado de PoliCarabobo Gerardo José Barrera Alonso de 38 años, también falleció al recibir un impacto de bala.
Yey Johan Amaro Rivero, de 37 años de edad, se desempeñó como Oficial Jefe del Cuerpo de Policía del estado Lara. Murió tras pasar una noche en agonía por el ataque de grupos terroristas.
T/ Redacción CO- Informe del MPPCI
F/ Archivo CO
Caracas
Por apología de delitos graves, incitación a la discriminación, odio y la violencia
Demandan a ultraderechistas en juzgado español por incitación al terrorismo
Los abogados Luis Pérez Leira y Gustavo Eduardo Maradini denunciaron por apología de delitos graves, incitación a la discriminación, odio y la violencia a los ciudadanos Alberto Franceschi, con domicilio desconocido en Las Palmas de Gran Canaria; Heliodoro Rodríguez Medina y a la dirección de la organización identificada como Movimiento Ciudadano Hacia la República Constitucional Islas Canarias (MCRC).
Al respecto, uno de los demandantes, Pérez Leira , activista internacional en materia de derechos humanos, indicó que las recientes declaraciones “del opositor terrorista venezolano Aberto Franceschi esta semana en la isla de Gran Canarias generaron gran indignación entre las fuerzas políticas progresistas en un territorio tan vinculado históricamente con Venezuela”.
Pérez Leira hizo referencia a un video difundido ampliamente por las redes sociales donde el ultraderechista antivenezolano “llama a la intervención de los militares y a matar a los militantes chavistas, a parte de causar estupor por el nivel de odio, un delito grave que es perseguido y castigado por la legislación española”.
“La apología al terrorismo es un delito tipificado como grave en la legislación española. Este tipo de delito esta bajo la jurisdición de la Audiencia Nacional y es de ámbito Estatal”, reiteró.
“Por ello solicitamos la detención urgente de este terrorista internacional que se dedica a realizar campanas internacionales llamando a la violencia y el desconocimiento de la autoridad legalmente constituida en Venezuela”, aseguró Pérez Leira.
“En caso de que este peligroso delincuente se haya marchado del Estado español, se solicitará a la Interpol que sea localizado, detenido y deportado a España para ser juzgado”, reiteró.
También son responsables de estos delitos la entidad y los directivos de la entidad organizadora de esta actividad de apología del terrorismo. Se refirió a la MCRC que efectuó el “conversatorio” donde Franceschi llamó a matar a los chavistas.
Por otra parte, el reconocido abogado especialista en derecho penal y miembro de la asociación Justicia y Sociedad José Manuel Rivero, expresó: “Es muy grave y una agresión colonialista más contra el pueblo canario que el territorio del archipiélago sea utlizado como plataforma de incitación al terrorismo contra el Gobierno legítimo y constitucional de la República Bolivariana de Venezuela”.
En ese sentido destacó que las declaraciones de Franceschi, incitando al odio y a la violencia armada contra personas y colectivos sociales que apoyan al Gobierno Bolivariano ante una reunión de personas en una conferencia, abierta al público, celebrada en la sede de una institución privada en Las Palmas de Gran Canaria, no puede permitirse.
El otro demandante es el doctor Gustavo Maradini, abogado especializado en derechos humanos y asesor jurídico del Comité Español de Solidaridad con la Revolución Bolivariana.