En una celda de la prisión en el Centro de Readaptación de Mujeres de Ilopango, en El Salvador, los días pasan marcados por el miedo y la incertidumbre para Evelyn Hernández. El pasado 5 de julio fue condenada a 30 años de cárcel acusada de «homicidio agravado de su hijo recién nacido» tras sufrir un aborto en la letrina de su vivienda en abril de 2016. Evelyn, según se ha conocido después, llevaba meses sufriendo abusos sexuales por un miembro de una pandilla en la zona rural de la región salvadoreña del Cuscatlán.
Cuando la jueza abandonó la sala tras la condena, la joven de 19 años se echó a llorar con desconsuelo sobre sus brazos, apoyados en la mesa. «Necesitamos otro sistema judicial», gritaba una de las asistentes con indignación, según se aprecia en un vídeo al que ha tenido acceso eldiario.es.
«El estado anímico actual de Evelyn es de ansiedad y pérdida de seguridad. Se siente vulnerable en la cárcel, paralizada e indefensa. Todos son síntomas de un trastorno de estrés postraumático», comenta una de sus abogadas, Teresa Naves, en una entrevista con este medio. «La noticia de la condena destruyó sus sueños y proyecciones de vida», prosigue.
La defensa, que recibirá la sentencia firme el próximo 26 de julio, va a recurrir el fallo ante la Cámara de lo Penal de la ciudad de Cojutepeque. Con la apelación, esperan que la condena sea revocada y la joven sea absuelta. Sus abogados alegarán que la sentencia «no está apegada a derecho, en la duda razonable y falta de dolo». Es decir, a su juicio, no hay pruebas «claras» ni una investigación «lo suficientemente profunda» que demuestre que Evelyn quisiera acabar con la vida del feto de ocho meses.
Por el contrario, la joven siempre ha mantenido que desconocía estar embarazada e incluso, asegura, había seguido menstruando con regularidad. «No tenía síntomas. Ella dice, y su familia también, que no le creció el estómago y que tuvo el periodo», explica Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, una de las ONG salvadoreñas que más han alzado la voz contra la condena.
«Evelyn sufrió un parto precipitado y extra hospitalario, en el cual corrió peligro su vida, pierde a su bebe, y lejos de hacer justicia se le criminaliza y se le condena con prejuicios», insiste Naves. «Vamos a seguir insistiendo, estamos preparando unos peritajes, reclamamos que escuchen porque no pueden destruir así la vida de una muchacha, puede salir de la cárcel con 49 años», alerta Herrera.
Este embarazo fue producto, dicen, de una «relación forzada» que la joven, que vivía en condiciones de pobreza, mantenía con un hombre con vínculos con las maras. Un hecho, sin embargo, que no se tiene en cuenta en el proceso judicial porque Evelyn, por miedo, no quería que saliera a la luz, según sostiene su equipo de letrados.
«Ella nos lo cuenta, pero nos dice que no quiere denunciar la violencia sexual que sufría porque su familia estaba amenazada, es decir, podían matarlos», argumenta Herrera. «Se conoce al calor de la indignación de una condena de 30 años», resume Naves, quien adelanta que «respetarán» la decisión de Evelyn «para no opinar sobre este tema de una manera pública».
El de Evelyn es un caso complejo, con varias aristas y cabos sueltos, y ha saltado a los medios internacionales desde un país que mantiene una de las leyes más restrictivas del mundo contra el aborto. En El Salvador, al igual que en sus vecinos Honduras y Nicaragua, abortar está prohibido en todos los casos. Actualmente 25 mujeres están privadas de libertad por hechos vinculados a aborto o complicaciones obstétricas, según cifras ofrecidas por la agrupación.
DEL HOSPITAL A LA CARCEL
Los hechos se remontan al 6 de abril de 2016. Hasta el día de antes, siempre según la versión de la defensa, Evelyn asistió a clase. Estudiaba bachillerato de salud en el municipio de El Carmen, una comunidad rural. Acababa de cumplir 18 años. Aquella mañana, Evelyn sintió dolores en el estómago y fue a la letrina de su casa. «Allí siente un dolor muy fuerte y que le bajó algo grande y caliente. Posteriormente como pudo, de tan mal que sentía, procedió a limpiarse», relata Naves.
Entonces llegó su madre. «La vio de pie, sosteniéndose en la pila, observándola, pálida, desorientada», añade. «Se la lleva al cuarto y cuando la estaba ayudando a cambiarse, le salió una pelota de sangre coagulada, y ella muy preocupada le preguntó a Evelyn qué era eso». Como consecuencia de la «fuerte» hemorragia, la joven perdió la consciencia y se desmayó. La madre, con la ayuda de los vecinos, consigue llevarla al hospital.
Allí le dicen que Evelyn había tenido un parto. La madre aseguró que no sabía que su hija estaba embaraza porque había seguido menstruando. El personal sanitario denuncia a la joven por aborto. Los agentes acuden a casa de Evelyn y «encuentran en el fondo de la fosa al bebe ya sin vida», recuerda la letrada. La detienen esa misma tarde en el hospital y desde ahí, fue enviada a prisión.
«Como en el caso de otras mujeres condenadas por delitos relacionados con el aborto, fue el propio hospital el que la denunció», señala Fiona Montagud, directora de programas de Calala Fondo de Mujeres. «El estigma sobre mujeres que abortan hace que el propio personal las acuse sin haber una investigación. Las denuncian y las capturan en la sala de emergencia. Van desde el hospital a la cárcel, con una alta carga del prejuicio», comenta Herrera.
La defensa insiste en matizar que no se trató de un aborto, sino de un parto prematuro, algo «muy frecuente» en las madres adolescentes. El feto, según el peritaje médico, «tenía unas 30 semanas de embarazo», sostiene la abogada. «Si esta prueba científica hubiese sido tomada en cuenta en el proceso, Evelyn se encontraría en libertad», esgrime.
«HA SIDO CONDENADA SIN NINGÚN TIPO DE PRUEBA»
De hecho, la Fiscalía, tras acusarla inicialmente de aborto y seguir el curso de la investigación, cambió el delito y la culpó de homicidio agravado, pues solo se considera delito de aborto hasta las 20 semanas. «Aunque la condena no ha sido por aborto, el estigma que algunos operadores de justicia tienen ante el aborto ha acompañado todo el proceso, proyectando el prejuicio de que una mujer que aborta es una asesina», indica en un artículo Alberto Romero de Urbiztondo, activista y analista especializado en la interrupción del embarazo en El Salvador.
«El marco legal actual crea un ambiente de sospecha frente a quienes sufren abortos espontáneos u otro tipo de emergencias obstétricas», confirma Amnistía Internacional en un comunicado que hizo público tras la condena.
Evelyn ha sido sentenciada a 30 años de prisión, dice la defensa, «sin ningún tipo de prueba que pueda establecer la intención de hacer daño» al bebé. «La condenan a partir de indicios. Porque no tuvo control prenatal –ir a pasar consulta–, por lo que concluyen que no lo quería», señala la presidenta de la agrupación salvadoreña.
La fiscalía la acusó de haber «lanzado» al bebé a la fosa e insiste en un comunicado en que « la incriminada actuó con dolo, en contra de la vida de su hijo». La defensa asegura que «no hay pruebas» al respecto, que los testimonios de madre e hija han sido «ignorados» y que «no está clara» la causa de la muerte del recién nacido. La autopsia establece que murió por problemas respiratorios. Se encontraron en sus bronquios restos de meconio, las primeras heces del bebe que aparecen cuando hay complicaciones.
El feto puede aspirar esta sustancia, según explican, o en el útero o durante el propio parto. «Por lo tanto, es ajeno a la voluntad de la propia madre o de terceros», concluye Naves. Así, dicen, existen «dudas razonables» de si el bebé falleció por problemas respiratorios tras aspirar el meconio, o los restos de la letrina.
«A EVELYN LA HAN CONDENADO POR SER POBRE»
Las personas consultadas por este medio coinciden: la condena también tiene que ver con que Evelyn sea una mujer pobre. Sin ir más lejos, el escenario de los hechos fue un baño precario como es una letrina. El acceso a los sistemas sanitarios en las remotas zonas rurales del país es menor y el estigma que pesa sobre ellas, mayor. «Sí, a Evelyn la han condenado por ser pobre», responde Montagud, de Calala.
«Vive en un entorno de violencia, en una zona con alta presencia de maras y dado el miedo a hablar sobre la relación que dio lugar al embarazo que ha mostrado es probable que haya vivido una relación sexual forzada», argumenta la responsable de esta fundación feminista por los derechos de las mujeres en Centroamérica. «Tampoco ha recibido una información integral en sexualidad que le haya permitido prevenir un embarazo no deseado o responder a la emergencia obstétrica de la mejor manera posible», continúa.
Naves asegura que las mujeres empobrecidas «son propensas» a que su vida «corra peligro» por complicaciones en el parto por las condiciones en las que viven. «Evelyn no fue atendida inmediatamente, no contó con un parto asistido que contara con condiciones óptimas para dar a luz», recuerda. Además, estas mujeres «no tienen otra opción que acudir a centros de salud públicos, no a centros privados ya que no cuentan con los recursos económicos, en los cuales desde ese instante son estigmatizadas», concluye.
Hay, así, un patrón claro de las mujeres más criminalizadas por abortar en El Salvador: jóvenes, pobres, con bajo o medio nivel de educación y residentes en zonas rurales. En una investigación, la Agrupación Ciudadana estudió los casos de 129 procesadas por delitos relacionados con el aborto entre los años 2000 y 2011. Todas tenían una «alta vulnerabilidad social». Casi un 70% eran adolescentes o menores de 25 años. Casi un 50%, analfabetas o con muy pocos estudios y más del 50% no contaban con ningún tipo de ingreso al ser o amas de casa, o estudiantes.
UNA DE LAS LEGISLACIONES MÁS RESTRICTIVAS DEL MUNDO
El Salvador es uno de los pocos países que prohíben el aborto en todos los casos junto a otros como Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, República Dominicana, Malta y El Vaticano. Chile, que también se encuentra en este grupo, está a punto de abandonarlo después de que el Senado haya aprobado una iniciativa del Gobierno de Michelle Bachelet que lo despenaliza en tres supuestos: riesgo para la madre, imposibilidad de que el bebé sobreviva y violación.
Estos tres supuestos también eran legales en El Salvador hace 20 años. Sin embargo, el nuevo Código Penal de 1998 eliminó este artículo y, al mismo tiempo, se otorgó en la constitución el estatus de «persona» al ser humano en formación desde «el instante de la concepción, relata Montagud. Como resultado, mujeres que sufren partos precipitados y extra hospitalarios, como Evelyn, han sido sentenciadas hasta con penas de 50 años de cárcel.
Pero la batalla por legalizar la interrupción del embarazo en el país centroamericano trata de resistir los embates de los sectores más conservadores y continúa con una propuesta legislativa que pide despenalizarlo en cuatro circunstancias, que incluye en esta ocasión el aborto de mujeres menores de edad en caso de violación y con consentimiento paterno.
«Las restricciones legales no detienen a las mujeres de practicarse abortos», recuerda la experta en referencia a los datos de la Organización Mundial de la Salud, según los cuales cada año se producen 4,2 millones de abortos inseguros en América Latina y el Caribe. «Además, los países con marcos legales restrictivos para el aborto, suelen compartir otras características como altos índices de violencia sexual, poco acceso a atención médica de calidad y métodos anticonceptivos modernos, y un marginal acceso a la educación sexual y a la justicia», sentencia.