Gracias al motor constitucional y legal el patrimonio público nacional está protegido por los órganos de control fiscal –desde la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela hasta cada uno de los órganos integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal– ya que la capacidad del Estado se fortalece diariamente en virtud de la vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y buen uso de los bienes públicos, lo cual contribuye con la eficacia en la función del Gobierno, al hacer posible la ejecución de obras para beneficio de la colectividad.
Lograr la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política son el principal fin del Estado y, en este sentido, los órganos de control fiscal utilizan como indicador para medir el impacto de su gestión una práctica denominada auditoría, la cual se constituye como instrumento para la fiscalización de la conducción de los recursos correspondientes a la Administración Pública.
En tal sentido, prevenir prácticas irregulares y combatir hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa, mediante la práctica de inspecciones y auditorías, coadyuva en la depuración de posibles vicios dentro de la administración del Estado, asegurando así que los recursos sean invertidos de manera efectiva, eficiente y transparente en beneficio del desarrollo integral de la ciudadanía, mejorando su calidad de vida.
Si bien es cierto que la corrupción es percibida como un hecho social en detrimento de las bases políticas de un Estado-país, también es cierto que el hecho de ser corrupto es un hecho íntimamente ligado al sistema de valores y principios éticos y morales de cada quien.
Por lo tanto, este tema podría percibirse desde distintos puntos de vista, pero hoy nos referimos a la importancia que tiene la implementación del sistema de control interno y externo con sus procesos, ya que estos permiten asegurar la salvaguarda del patrimonio público en procura de satisfacer las expectativas de las ciudadanas y los ciudadanos en relación con los bienes y servicios que demandan para el buen vivir.
Es así cuando ocurre la vinculación entre la eficacia de una auditoría practicada y el impacto correctivo y sancionatorio, si fuere el caso, generado por los órganos de control, los cuales ejercen sus funciones para beneficio del colectivo, cumplir con la sociedad y colaborar con los fines del Estado.
Por ello la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela y los integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal establecen mecanismos de planificación, evaluación, seguimiento, control y fiscalización, con el objetivo de garantizar un impacto positivo para la preservación de la paz y la buena gobernanza.
Siendo así, la vigilancia, inspección y fiscalización ejercida por los órganos de control fiscal optimizan la calidad de vida de la ciudadanía, dado que como fin último de su gestión, a través de sus actuaciones, tienen como única misión lograr que los recursos invertidos por el Estado favorezcan al colectivo en su totalidad.
T/ Manuel E. Galindo B.