A Desalambrar
Por: Ana Cristina Bracho
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La semana pasada fue marcada por la presencia del presidente Nicolás Maduro en la ONU. Allí, entre otras cosas, planteó que Venezuela aceptaría todas las propuestas que busquen coadyuvar al fin del conflicto y dejó en evidencia que el paratribunal no tiene ninguna relevancia jurídica. Sin embargo, los actos que ocurrieron en esos días y que siguen sucediéndose exigen que miremos con atención y relacionando los actos que, de manera precipitada, vienen ocurriendo en el escenario internacional.
Desde marzo hemos venido advirtiendo que, agotada la capacidad de impactar de las decisiones de la OEA, los sujetos que vienen protagonizando las escenas en este foro intentan desplazar el conflicto a la ONU. Así, entre febrero y marzo de este año, Venezuela ingresó en simultáneo en casi todas las agendas.
Si nos limitamos a lo más reciente, en el plano diplomático, vemos intentos para que se discuta el tema de Presidentes, como Sebastián Piñera, de Chile, que abiertamente tocó la situación de Venezuela. En simultáneo, desde el Consejo de Derechos Humanos se formuló un proyecto de resolución así como la expresidenta y actual comisionada Michelle Bachelet usó la investidura oficial para solicitar la aplicación de mecanismos in situ en Venezuela.
Pero es el plano jurisdiccional el que más relevancia tiene por la fuerza que puede llegar a tener sus decisiones. Allí, tenemos que prestar atención al acto protagonizado el 26 de septiembre por mandatarios de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá, instando a la jurisdicción criminal a proceder en contra del Presidente venezolano.
Este acto hostil, disfrazado como una solicitud en defensa de los derechos de un pueblo, es una forma no prevista en el Estatuto. Ahora bien, si esto puede resultarnos una morisqueta no debemos perder de vista que el 7 de de febrero de 2018, Fatou Bensouda -procuradora ante la Corte Penal Internacional- declaró que dicha instancia internacional iniciaba el examen preliminar de la situación de Venezuela.
Así como que para forzar a esa instancia a decidirse, se ha dado una importante alianza de Nikki Haley con Luis Almagro para que sea el Consejo de Seguridad que remita el caso, lo cual si ocurriese sí tendría consecuencias legales.
También tenemos otro frente que defender ante la Corte Internacional de Justicia puesto que, el 28 de marzo de 2018, el Gobierno de la República de Guyana demandó que dicha instancia le otorgue el territorio del Esequibo y aunque en junio Venezuela aclaró que no irá a juicio, la reciente decisión sobre Bolivia en ese tribunal nos exige ser extremadamente precavidos.
Este escenario debemos leerlo con las enseñanzas de Juan Germán Roscio a mano porque la defensa de un país, hecho con armas y leyes, requiere prepararnos prestando la atención a que nuestra Independencia se encuentra amenazada tanto por las posibles entradas físicas sobre el territorio como por todos estos mantos con los cuales quieren lesionar en el sentido más amplio nuestra soberanía.