El Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) felicitó “al pueblo ecuatoriano por la heroica manifestación popular y la gran participación del pueblo indígena en las acciones que dieron como resultado la derogación del decreto 883 por parte del Gobierno del presidente Lenín Moreno”.
El decreto 883 fue promulgado por el Gobierno ecuatoriano en cumplimiento de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que estipulaba la eliminación del subsidio al combustible, entre otras medidas que afectaban directamente a la clase trabajadora de la nación suramericana.
“El MEP manifiesta el más férreo rechazo al silencio o complicidad de la Organización de Estados Americanos y de los supuestos defensores de los derechos humanos, arrodillados al imperio al silenciar el atropello brutal y los asesinato cometidos por Lenín Moreno”, expresó Casto Gil Rivera, secretario general de la organización política.
El vocero exigió a los organismos internacionales en materia de derechos humanos que se pronuncien al respecto, pues, en su opinión, “la aberración” cometida por el Mandatario ecuatoriano contra su pueblo “tiene que ser juzgada con todo el peso de la ley”. En este sentido, el MEP solicitó el inicio de un proceso de investigación penal en contra de Moreno.
Revisar efectividad de las instituciones
En otro orden de ideas, Gil reiteró el apoyo del MEP al presidente Nicolás Maduro por las medidas implementadas en el plano económico con el propósito de enfrentar el asedio que vive la patria en esta materia.
No obstante, la militancia plantea algunas sugerencias a fin de incrementar la efectividad de los controles ideados para contener la inflación, el acaparamiento y el incremento desproporcionado de los precios de los productos.
En este sentido, Gil instó al Mandatario venezolano a realizar una profunda revisión de las acciones de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) para contener a quienes a diario incrementan el precio de los productos de primera necesidad.
También llamó a tomar acciones contra “los atropellos” que sufren las personas de la tercera edad, especialmente en las instituciones bancarias y en las unidades de transporte público. El vocero manifestó que estos son dos de los espacios en los que por lo general no se considera la condición de los adultos mayores, quienes en muchos casos padecen de limitaciones físicas.