La presencia militar de Estados Unidos en este país no es novedosa y tiene como singularidad el permanente desprecio de la Casa de Nariño por la Constitución colombiana
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A mediados de este año, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá le pegó una nueva bofetada a la soberanía de Colombia. Desde allí se anunció la llegada a ese país de brigadas de la denominada Fuerza de Asistencia en Seguridad (SBAF, por sus siglas en inglés).
Solo muchas horas después del anuncio de la embajada fue que las autoridades colombianas se tomaron la molestia de notificar el próximo arribo de los militares estadounidenses. Toda una clase de buenos modales, en la que el anfitrión es el último que se entera de la visita.
El presidente Iván Duque justificó al respecto que se trataba de «alianzas internacionales contra el narcotráfico hoy y siempre». Una gran paradoja, tomando en cuenta que a partir del Plan Colombia, en 1999, se inició la instalación de bases militares estadounidenses en Colombia con la misma excusa. El resultado es que, según cifras de Naciones Unidas, lejos de disminuir la producción de cocaína, la nación neogranadina sigue siendo, por mucho, el primer productor de dicho narcótico y además el primer exportador de esa droga hacia Estados Unidos.
La SBAF además no tiene las características que indiquen que sus tareas puedan servir directamente al combate contra el narcotráfico. Según el general McConville, jefe del estado mayor del Ejército estadounidense, el perfil de esa fuerza tiene que ver con “una fuerza militar profesional”, lo cual es diferente. ¿Cómo hacen la logística? ¿Cómo se mantienen los vehículos? ¿Cómo se construye una fuerza militar profesional que provea seguridad?. Es decir, entre sus especialidades no hay concretamente nada que los relacione con la lucha antidrogas.
Para el Gobierno colombiano, sin embargo, la presencia de la SBAF parece ser algo vital. En expresa violación de la Constitución colombiana, las fuerzas extranjerasfueron sido invitadas sin la autorización del Congreso de Colombia.
Cuándo distintos sectores políticos cuestionaron la acción del Ejecutivo y acudieron a instancias judiciales, un tribunal emitió una orden de suspensión de las actividades de la fuerza estadounidense debido a que evidentemente su presencia no había sido autorizada por el Congreso. Obviamente al Gobierno de Duque le indignó la decisión y de inmediato dijeron que la impugnarían.
¿Por qué tanto empeño en evadir la consideración de la presencia militar extranjera en el Parlamento? ¿Por qué la opacidad si se trata, presuntamente, de unos amigos que van a ayudar a enfrentar un delito que es público, comunicacional y notorio?
El juego de la guayaqueta
En el oriente de Venezuela “jugar la guayaqueta” significa burlarse de una persona enviándola de un sitio a otro con engaño. Es más o menos lo que está haciendo Duque con el Congreso colombiano y con el pueblo de su país. ¿Qué hay que ocultar?
Una de las estrategias de guayaqueta del Gobierno colombiano fue la jugada del saliente presidente del Congreso colombiano, Lidio García Turbay, quien se ocupó de enviar al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, una “carta” firmada por 69 congresistas en la que “avalaban” la presencia militar estadounidense en su país.
Luego de armada la nueva treta y con el ministro Holmes Trujillo envalentonado para que prosiguiera la labor de las tropas extranjeras, García Turbay aclaró: “Dicha comunicación entonces, señor ministro, no tiene ningún alcance jurídico que comprometa al Congreso de la República, porque simplemente se trata de una comunicación de carácter informativo, respecto de la gestión de 69 senadores”.
A pesar del fallo judicial de julio, este 31 de agosto, el ministro Holmes Trujillo declaró que la presencia de militares estadounidenses, “obedece al desarrollo de la cooperación de los Estados Unidos con Colombia, no a tránsito de tropas. Por tratarse de actividades de asesoría y entrenamiento, y no de tránsito de tropas, la autorización obedece a las facultades propias del Presidente”.
El mismo perro, pero con distinta rabia, Holmes Trujillo también dijo que no había polémica alguna con respecto a la carta de los senadores y si eso autorizaba o no las operaciones, ya que de parte del Ejecutivo no tenían “nada que rectificar”.
La Constitución colombiana en el artículo 173, numeral 4 señala: “Son funciones del Senado permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República”. En caso de que el Senado no esté funcionando, “el Presidente podrá dar el permiso con previa autorización del Consejo de Estado”.
Presumimos que la literalidad de la interpretación del Gobierno de Duque sobre lo que establece la Constitución de su país tiene que ver con una violación peor a la norma. Ya que rebaten que esas tropas estén de tránsito, es decir, mucho peor: como las tropas llegan para estar largo tiempo no necesitan la autorización del Senado.
Ya en 2009, el entonces presidente Uribe Vélez había intentado realizar el mismo contrabando de autorizar la presencia de tropas estadounidenses que usarían siete instalaciones militares colombianas. El exmandatario firmó el acuerdo con el Gobierno de Barack Obama y, así no más, los autorizaba a construir y controlar instalaciones militares dentro de por lo menos siete bases colombianas, así como realizar operaciones militares en el territorio neogranadino.
En 2010, la Corte Constitucional, en un precedente que obvia deliberadamente el régimen de Duque, señaló que era “inconstitucional” el acuerdo militar firmado por Uribe. «La Corte constató que no se está ante un acuerdo simplificado, sino frente a un instrumento que involucra nuevas obligaciones para el Estado colombiano», señalaba la decisión de entonces.
Además reiteró el organismo judicial, todo lo que ahora se quieren saltar Duque y su combo, el acuerdo debió ser “sometido a la aprobación del Congreso de la República y revisado posteriormente por la Corte Constitucional».
Lo cierto es que de una forma u otra, Uribe también jugó a la guayaqueta con aquella decisión de 2010 y los militares gringos entran en Colombia con autorización o sin ella. En 2012 y ya con Juan Manuel Santos en la Presidencia, un reporte del Departamento de Defensa de Estados Unidos indicaba que ese país operaba desde siete instalaciones militares en Colombia y tenía 51 edificios y 24 instalaciones en arriendo.
En 2013, el Departamento de Defensa norteamericano informó que tenía 32 edificios militares de su propiedad en Colombia y otras 12 edificaciones alquiladas. Fue el último año en que hicieron reporte al respecto. ¿Qué pasó desde entonces? ¿Ya no están u operan encubiertos e ilegalmente?
¿La seguridad de quién?
El argumento de la seguridad regional y local, así como el combate al narcotráfico han sido las excusas recurrentes para que las tropas estadounidenses operen en Colombia en condiciones de fuerza de ocupación legalizada.
Nos preguntamos, ¿para la seguridad de quién? En la nota que publicó la embajada estadounidense en Colombia para anunciar con bombos y platillos el envío de más militares a la nación suramericana, se recoge que el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur, afirmó: “La misión de SFAB en Colombia es una oportunidad de mostrar nuestro compromiso mutuo contra el narcotráfico y el apoyo a la paz regional, el respeto de la soberanía y a la promesa duradera de defender los ideales y valores compartidos”.
¿Valores compartidos? ¡Respeto a la soberanía! Son muchas las interrogantes y absurdas las afirmaciones de unos y otros, los del Pentágono y los de la Casa de Nariño.
Un investigación realizada en Colombia, en el contexto de los diálogos de paz entre la guerrilla colombiana de las FARC y el Gobierno, reveló que entre 2003 y 2007, militares estadounidenses violaron a 53 niñas en territorio colombiano, no conformes con eso los aborrecibles hechos fueron grabados y vendidos como material pornográfico. ¡Qué gran seguridad! Todo quedó en la impunidad, ya que a los militares y mercenarios (contratistas de seguridad) estadounidenses se les ofrece inmunidad.
Por si no fuese poco, en 2015, el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos también reveló que un grupo de agentes de su agencia antinarcóticos, la DEA, participó en fiestas sexuales pagadas por los carteles del narco. “Además recibieron dinero, regalos y armas de un cartel local”, señaló el informe.
Y con respecto a la actual presencia de la SBAF, el senador por el Polo Democrático Alternativo (PDA) Iván Cepeda alertó que la “actividad de tropas de EEUU desde el pasado 20 de julio en Tumaco, Catatumbo y Arauca, ocurre al tiempo de incremento de masacres en esas zonas. Ministro de Defensa debe explicar esta situación. ¿Por qué esa presencia extranjera coincide con el recrudecimiento de la violencia?
Precisamente en las últimas semanas la actividad de los grupos paramilitares ha recrudecido y con ello las masacres y ajusticiamientos en varias zonas de Colombia.
Cepeda agregó: “En tono agresivo y altanero, ministro de Defensa dice a periodistas que tropas de EEUU están activas desde el pasado 20 de julio, violando una orden judicial. Eso significa además que la presencia de esas tropas ha ocurrido cuando en 3 zonas se han incrementado las masacres”.
¿Cuál es el misterio con la operación de militares estadounidenses en Colombia y por qué Duque pretende saltar las obligaciones constitucionales? ¿Son realmente necesarias esas tropas, que tiene que ver la misión que se les describe por el propio Ejército estadounidense con el combate antinarcóticos? ¿No les alcanza con la DEA?
