El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó un regalo de navidad especial para agentes de las policías Federal, Civil y Militarizadas: un indulto sobre sus condenas por homicidio. Bolsonaro utilizará el recurso constitucional del indulto navideño, para ratificar su política de mano dura, que sostiene que los integrantes de las fuerzas armadas que tengan «10 o 15 ladrones muertos» deben ser homenajeados y no investigados.
«El decreto innova al conceder indulto a aquellos que dedican sus vidas a la salvaguarda de la sociedad», sostiene el presidente brasileño en el documento que será publicado mañana en el Boletín Oficial. El indulto no solo beneficia a condenados por homicidios en funciones sino también a quienes «hayan sido condenados por actos practicados» en sus días libres y cuya intención fue «eliminar un riesgo existente» para sí mismo o para un tercero.
El indulto navideño es un beneficio previsto en la Constitución brasileña que concede la supresión de las penas por esta época del año siempre y cuando se cumplan determinados requisitos, no contar con faltas disciplinarias graves o haber contado con otros beneficios en la condena.
El mandatario de ultraderecha incluyó en su indulto a los militares que hayan «cometido crímenes no intencionados en determinadas hipótesis» durante su participación en las denominadas «operaciones de Garantía de la Ley y el Orden (GLO)», intervenciones de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior, habilitadas por el Ejecutivo.
El presidente y ex capitán del Ejército, que reinvidica la dictadura militar brasileña, cumplirá el próximo 1 de enero un año en el poder, en el que endureció las políticas de seguridad y mantuvo un constante asedio y discriminación sobre los más pobres, los pueblos indígenas y los homosexuales.
«Esa luz verde para el uso excesivo de fuerza letal es un desastre para la seguridad pública y para los propios policías», sostuvo Human Rights Watch (HRW) en un reciente informe.
Con el indulto navideño, Bolsonaro consigue, con su sola firma, un beneficio que intentó ampliar través de un proyecto de ley, que incluía amparo legal para los policías que maten en operaciones oficiales, pero fue frenado por el Congreso y condenado por diversas organizaciones de la sociedad civil.