El robo de combustible en México: una industria de crimen organizado y lavado de dinero

El suceso en el que perdieron la vida más de 70 personas develó uno de los tentáculos del crimen organizado, que no solo afecta a la nación norteamericana sino también a Venezuela, donde el negocio de los pimpineros que se llevan el combustible a Colombia genera millones de pérdidas en divisas al país caribeño

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En las últimas semanas el Gobierno de López Obrador ha expuesto la enorme operación de robo de combustibles que existía en sexenios pasados con la participación de funcionarios públicos, miembros del sindicatoS y empresarios, que representaba un desfalco a la hacienda pública por más de 3.300 millones de dólares. De igual forma, escuchamos hace un par de días que un narcotraficante colombiano, Alex Cifuentes, declaró en el juicio de “el Chapo” Guzmán, que se lleva a cabo en Nueva York, que el presidente Enrique Peña Nieto recibió 100 millones de dólares por proteger al capo sinaloense, mientras que su antecesor, Felipe Calderón, recibía dinero de los Beltrán Leyva.

Corrupción del Gobierno, narcotráfico, robo de combustibles. A eso hay que agregarle el tráfico de personas (los famosos “polleros”), el tráfico de armas que existe entre Estados Unidos y México, etc. Todos estos son negocios ilegales. Y millonarios. Esto es lo que conocemos como crimen organizado y que va mucho más allá del narcotráfico. Casi siempre se habla de la violencia que rodea esta ilegalidad, pero pocas veces de cómo las exorbitantes ganancias entran dentro de los flujos monetarios legales. Poca atención reciben los mecanismos de lavado de dinero y casi no se mencionan los delincuentes de cuello blanco, que son la otra cara de la moneda en esta historias de ilegalidad.

El robo de gasolina o “huachicoleo”, como se le conoce, es una industria similar en comportamiento y ganancias al narcotráfico. Según el periodista Héctor de Mauleón, en 2018 más del 85% de las muertes violentas en Guanajuato, (meca del huachicol) tuvieron que ver con los grupos relacionados con la obtención ilegal del combustible. Por lo mismo, la estrategia debería ser la misma que por años se ha sugerido para el narcotráfico y que puede causar un porcentaje menor de violencia: hay que ir a las redes financieras y asfixiar el negocio desde ahí. Detectar las irregularidades en los flujos de efectivo y en la compra de bienes. Ver cuáles son sus conexiones con el mundo empresarial y los delincuentes de cuello blanco, ya que deben ser muchas y variadas.

Es por eso que una excelente estrategia es la que ha llevado a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. El titular de la UIF ha señalado que 45.000 millones de pesos (más de 2.200 millones de dólares) del robo de gasolina han entrado a esquemas de lavado de dinero con más de 114 empresas, de los cuales unos 10.000 millones (500 millones de dólares) estarían en el sistema financiero. Asimismo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó 194 gasolineras con inconsistencias fiscales que radican en que las ventas que reportan superan las compras que tienen con Pemex. Ese diferencial indica que parte del suministro proviene de gasolina robada. Ya se han congelado cuentas bancarias de varias empresas y están siendo investigados un exdirectivo de Pemex, un exdiputado y un expresidente municipal.

Pero no son solo las gasolineras quienes compraban el combustible robado. El presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) sostiene que empresas con parque vehicular grande, con flotillas de 1.000 o 1.500 vehículos, son las que adquirían el huachicol, entre ellas la Coca-Cola, que presuntamente compraba el combustible a mitad del costo real y que al parecer funcionarios de Pemex le entregaban facturas falsas. También se ha señalado que una importante empresa de pan del norte del país (presumiblemente Bimbo) incurría en las mismas prácticas. Es imaginable que los millones y millones de litros sustraídos ilegalmente no se vendían solamente en bidones a la orilla de la carretera o en algún barril en la esquina del barrio, sino a clientes cuya necesidad de consumo es muy grande, tal como el de esas empresas internacionales.

Seguramente, si el Gobierno empieza a desenredar esta madeja también saldrán nombres dentro del sistema financiero. Todo el mundo recuerda que durante los años 80 el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes”, era accionista de los bancos Somex y BanPacífico gracias a su relación con Arcadio Valenzuela, accionista mayoritario de BanPacífico y Banco del Atlántico y presidente de la Asociación de Banqueros de México de 1980-1982. Internacionalmente, el caso más sonado es el del banco inglés HSBC, fundado en Hong Kong en 1865, y que se le involucró en casos de lavado de dinero de cárteles mexicanos y de organizaciones criminales en Rusia, Irán y Arabia Saudita. ¿Cuántas casas de empeño, cajas de ahorro, bancos regionales o sociedades financieras sirven al crimen organizado? Seguramente muchos, lo mismo para narcotraficantes que para huachicoleros o para tratantes de personas, todas fuentes de dinero ilegal que buscan convertirlo en legítimo de alguna manera.

El consultor económico Julio Madrazo señala con certitud otra medida que podría ser complementaria a las que está llevando a cabo el Gobierno mexicano y que radica en volver a poner en práctica el Impuesto para Depósitos en Efectivo (IDE) que Enrique Peña Nieto eliminó en 2014. “El IDE cobraba el 3,0 por ciento a quienes recibían mensualmente más de 15.000 pesos en efectivo en sus cuentas bancarias. Dado el enorme uso de efectivo en nuestra economía, la importancia de desincentivar su uso (informalidad, corrupción y criminalidad), así como la necesidad de recaudar más para la hacienda pública, no sería mala idea que Hacienda reinstaurara este impuesto”. Esta propuesta, más lo que ya han hecho el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera con las empresas gasolineras que están en investigación (algunas ya con concesiones revocadas) pueden ser estrategias eficaces contra el crimen organizado. Hay que recordar que Al Capone, el mafioso de Chicago de los años 30, fue a prisión no por actividades delictivas sino por evasión de impuestos.

Las primeras investigaciones de inteligencia financiera del Gobierno de López Obrador están dando resultado pero todavía falta mucho camino por recorrer. Mucho. Definitivamente no es atrapando a funcionarios menores o vendedores locales como se acaba con los negocios del crimen organizado. Hay que ir por los actores principales que no son solo los delincuentes típicos, sino que hay que buscar en esas redes a los políticos que los protegen y a los empresarios que les ayudan a lavar el dinero ilegal.

T/ RT
F/ Agencias
Ciudad de México