El electorado irlandés rechazó este viernes con un 51,7 por ciento de los votos la eliminación del Senado de Irlanda, así como el establecimiento de un nuevo tribunal superior que fue propuesto por el Gobierno.
La Comisión del plebiscito anunció este sábado que los votos a favor de la propuesta del Gobierno para eliminar la Cámara Baja del Parlamento nacional alcanzaron el 48,3 por ciento en la consulta celebrada este viernes.
En las doce circunscripciones de Dublin se impuso de forma clara el rechazo a la abolición del Senado, compuesto por 60 miembros, mientras que en el resto del país que cuenta con un electorado de poco más de tres millones de personas el margen fue estrecho.
Analistas han afirmado que esta derrota supone un duro golpe para el Ejecutivo de coalición entre conservadores y laboristas, quienes hacían referencia al alto costo del Senado y a su irrelevancia en la política nacional durante la campaña para el referéndum.
Asimismo, señala que el fallo en este referéndum supone un voto de castigo para un Ejecutivo erosionado por sus políticas de austeridad, consecuencia del rescate solicitado en 2010 a la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 85 millones de euros (unos 115 mil 251 millones de dólares).
Unos tres millones de electores irlandeses fueron los encargados de votar en el referéndum en más de seis mil colegios electorales.
El Senado irlandés que fue establecido en 1937, tiene poderes para efectuar recomendaciones sobre un proyecto de ley y, aunque no puede bloquearlo, puede retrasar el proceso durante un periodo de hasta tres meses.
En la actualidad, el sistema judicial irlandés lo componen el Tribunal de Distrito, el Tribunal de Circuito, el Tribunal Superior y el Tribunal Supremo. También existe un Tribunal de Apelación Penal para recursos de procesos penales tramitados en el Tribunal Superior, en el Tribunal de Circuito y en el Tribunal Especial Penal.
No obstante, la mayoría de las apelaciones acaban en el Supremo, cuya capacidad se ha quedado pequeña para hacer frente al volumen de recursos actuales.
De esta manera el Gobierno pidió la creación de un Tribunal de Apelación que tramitaría la mayoría de los recursos que ahora acaban en el Supremo y descongestione la labor de la máxima instancia judicial irlandesa, que se ocuparía de recursos de apelación en casos muy especiales.
Los detractores de esta medida consideran que no es necesario un Tribunal de Apelaciones y que su labor podría realizarla el Tribunal Supremo si modificara su forma de trabajo y fuera más eficiente, reduciendo así sus demoras.