Los directivos de la empresa de venta programada de vehículos Autoenmano, Andrés Ayala y Gabriela Pino, admitieron su responsabilidad en el delito de estafa, y llegaron a un acuerdo reparatorio para indemnizar a 190 personas que fueron víctimas de sus acciones ilícitas.
La información la ofreció este jueves el Ministerio Público (MP), al detallar que en audiencia, el fiscal 41° nacional ratificó la acusación contra Ayala y Ana Isabel Pino por incurrir en el delito de estafa en grado de concurso real y asociación para delinquir, previstos y sancionados en el Código Penal y en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada.
A la ciudadana Gabriela Pino le fue ratificada la acusación por ser cooperadora inmediata en el delito de estafa, y se le agregó la acusación por asociación para delinquir.
Tras no admitir su culpabilidad en los hechos, a la ciudadana Ana Isabel Pino se le ordenó pase a juicio.
La audiencia preliminar se llevó a cabo ante el Tribunal 46° de Control del área metropolitana de Caracas, instancia que dio 90 días a los acusados para el cumplimiento del acuerdo reparatorio, consistente en el resarcimiento del daño patrimonial.
La Fiscalía solicitó al Tribunal que se mantenga la medida privativa de libertad para estas tres personas hasta que cumplan con lo convenido, petitorio que acordó la referida instancia judicial.
Andrés Ayala se encuentra detenido en la Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal de El Paraíso, conocida como La Planta, mientras que Gabriela Pino (cónyuge de Andrés) está en el Instituto Nacional de Orientación Femenino, en Los Teques, estado Miranda.
Mientras, a Ana Isabel Pino, quien tenía detención domiciliaria, le fue aplicada una medida cautelar, en la que deberá presentarse de manera periódica ante la instancia judicial.
De acuerdo con la investigación, la pareja solicitaba dinero por adelantado a las víctimas, a quienes les ofrecían vehículos de manera engañosa con entrega en 20 días, pero nunca cumplían dicha entrega y alegaban una serie de inconvenientes y de irregularidades después de haber recibido el pago.
El Ministerio Público inició la investigación el 16 de marzo de este año, a raíz de varias denuncias que presentaron las víctimas.