En 10 meses de gestión más de 100 detenidos por corrupción

Luego de un antejuicio de mérito contra Luisa Ortega Díaz, por traición a la patria y la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio del cargo por parte de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) designó a Tarek William Saab como fiscal general de la república, para atender la inacción judicial que se generó en el país, por la antigua gestión del Ministerio Público durante las guarimbas como muchas otras acciones judiciales que estuvieron engavetadas durante muchos años.

Desde el nombramiento de Tarek William Saab, como fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, el 5 de agosto de 2017, se inició un proceso de transformación y reestructuración del Poder Judicial venezolano, donde el ataque a la corrupción fue la tarea principal por parte de la ANC, “caiga quien caiga” y enfrentando cualquier tipo de amenazas.

Saab, llegó en un momento difícil para el Estado venezolano, que venía siendo golpeado por intereses internos y externos que afectan no solo la estabilidad política y la democracia del país sino la economía venezolana. Desde entonces prometió hacer una revisión a fondo, “sin miedo, sin temores, enfrentando cualquier amenaza” de muchas denuncias que habían sido presentadas ante la antigua gestión del Ministerio Público y que hubo inacción de la misma.

Fue así como se inició un proceso de reestructuración del Ministerio Público como una tarea encomendada por la ANC al nuevo fiscal, que llevó a la reapertura de casos sobre irregularidades en la industria petrolera, el otorgamiento de divisas por la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) y reapertura de las investigaciones de los Panamá Papers (Papeles de Panamá), temas de interés nacional, que parecían estar vetados en los medios de comunicación tanto públicos como privados y que el nuevo fiscal llevó a la palestra pública.

Desarrollando así, una serie de investigaciones que llevaron a la fiscalía a hacer del conocimiento de la trama de corrupción en el sector petrolero, donde se encontró que un grupo de altos funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), impulsó un plan para acabar e implosionar la industria petrolera, disminuyendo sus niveles de producción en alianza con empresarios venezolanos y extranjeros.

Desde del diario Correo del Orinoco, se le ha realizado el seguimiento informativo a las acciones realizadas por el Ministerio Público, el cual queremos exponer en este trabajo, 10 meses de gestión, más de 100 detenidos por corrupción, el pasado 8 de marzo el fiscal general resaltó que con su gestión lograría recuperar la credibilidad institucional que se había perdido por la inacción de Luisa Ortega Díaz.

Para el 12 del mismo mes, Tarek William Saab anunció la reestructuración de la fiscalía e inició los juicios contra las personas involucradas en las guarimbas, casos que fueron engavetados por la antigua gestión, ya que estaba vinculada a sectores de oposición que buscaban derrocar al Gobierno legítimamente constituido.

Ya para el 31 de agosto, el fiscal general de la república anunciaría la investigación sobre el desfalco en la Faja Petrolífera del Orinoco, acción que venía desarrollándose desde el año 2010 y que generó una pérdida a la nación de más de 200 millones de dólares.

Para el 5 de septiembre, el Ministerio Público conjuntamente con la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), logra la detención de nueve altos ejecutivos de Pdvsa Occidente y Petrozamora por irregularidades en la adquisición de insumos para el procesamiento de crudo, así como acciones de sabotaje tendientes a descalificar el desempeño del socio ruso Gazprombank.

El 7 de septiembre, Tarek William Saab, luego de las investigaciones realizadas a estas empresas, refirió que el Ministerio Público detectó una sobrefacturación en la compra de insumos por más 230 por ciento, que tenían como objetivo afectar la producción y ocasionar graves daños patrimoniales al país.

Para el 22 de septiembre, el fiscal anunció que luego de investigaciones al sector petrolero, fue encontrada una serie de contratos que evidenciaban “el desfalco más escandaloso que ha vivido la nación en los últimos 30 o 50 años”, Tarek William Saab especificó en ese entonces que “fueron más de 41 mil contratos otorgados de manera directa, con un monto superior a los 35 mil millones de dólares”. Refirió además, que fue allanado un conjunto de empresas en la que destaca Constructora Urbano Fermín C.A. (Ruferca), quien poseía una red de empresas registradas tanto en los Estados Unidos como en Panamá y República Dominicana.

Para el mes de octubre, el Ministerio Público inició una serie de investigaciones al sector cambiario referente al caso Cadivi-Cencoex, donde se anunciaron los allanamientos a 18 empresas que solicitaron divisas para la adquisición de alimentos y medicinas que nunca llegaron al país, pues las mismas, en su mayoría, resultaron ser empresas fantasmas o de maletín.

Tarek William Saab, en este sentido manifestó que “se abriría un proceso de investigación a los funcionarios involucrados, responsables del otorgamiento de las divisas por su presunta responsabilidad”. Asimismo, fue anunciada la captura de Juan Miguel y Andrés Daniel Lozano Espinoza, dueños de la Corporación Bates Gil C.A., por los delitos de obtención ilícitas de divisas, asociación para delinquir y legitimación de capitales, que inflaron los precios de productos químicos desde 14.000 hasta 130.000 por ciento de sobrefacturación al momento de solicitar las divisas al Estado.

Para el 30 de noviembre, el fiscal general de la república anunció la detención de Eulogio Del Pino y Nelson Martínez, ambos ministros y expresidentes de Pdvsa, por estar involucrados en los hechos de corrupción en la estatal petrolera. Para ese entonces ya habían sido detenidos 65 altos gerentes por hechos de corrupción.

Para el 2 de diciembre, se logra en Maiquetía la detención de José Enrique Luongo, vinculado a Diego Salazar Carreño (primo hermano) del exministro Rafael Ramírez, implicado en el caso de corrupción en la banca privada Andorra, que generó daños patrimoniales a la nación por más de 1.347 millones de euros.

Para el mes de diciembre, el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación a Ramírez, por este mismo caso Andorra, tras un allanamiento que se realizó a las propiedades de Diego Salazar, donde se encontraron documentos que lo involucran directamente como socio en operaciones de intermediación y compra-venta de petróleo.

Para comienzos del año 2018, el fiscal general, Tarek William Saab, informó que solicitó alerta roja de Interpol, bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias y prohibición de enajenar y gravar bienes contra Bernard Mommer, Irama de Mommer y Mariana Zerpa, por su vinculación al desfalco de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), con relación a la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera de Viena.

Igualmente, se solicitó orden de aprehensión contra Rafael Ramírez con código rojo de Interpol involucrado en tres grandes tramas de corrupción, legitimación de capitales en la Banca Privada Andorra, contratación con sobreprecios del buque Petro Saudi Saturn y las acciones ilícitas en la oficina en Viena.

El mes de febrero, abrió con la noticia que fueron libradas siete (7) órdenes de aprehensión contra la directiva de Petropiar, en este sentido el fiscal general de la república detalló que la acción legal pesa contra el presidente de Petropiar, Pedro Enrique Coronil Trejo y otros gerentes por los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir por irregularidades ocurridas en esta empresa a escala operacional y administrativa, destacando como un delito grave el maquillaje a las cifras de producción de la empresa.

Marzo, sin embargo, no se quedó atrás y se encontró un desfalcó en el Centro de Refinación Paraguaná de Pdvsa, en el estado Falcón donde se investigó un conjunto de empresas que obtenían diésel de este centro de refinación a un precio de Bs 0,048 por litro, que luego era revendido a la misma planta a Bs 207,34 por litro, para la fecha, el fiscal Tarek William Saab realizó un resumen de la trama de corrupción en Petróleos de Venezuela S.A., y detalló que habían sido detenidos 80 funcionarios de la empresa, de los cuales 22 eran altos gerentes, incluidos dos exministros y expresidentes. “Lo que estamos haciendo es una labor por la dignidad nacional, para adecentar la economía venezolana, pero también es una labor para hacer justicia que reclama la patria. Todos de alguna manera estamos conectados con esta lucha”, dijo el fiscal general de la república.

De igual manera, Tarek William Saab, aseguró durante el mes de abril, durante una entrevista con el periodiista José Vicente Rangel en el programa José Vicente Hoy, que gracias a las investigaciones realizadas por el Ministerio Público y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Digecim), se ha logrado restaurar la credibilidad institucional en el país.

T/ Deivis Benítez
F/ Archivo