El intervencionismo contra Venezuela formó parte de la agenda de la derecha para derrocar al presidente Nicolás Maduro, conjuntamente con la escalada violenta promovida en el país que tuvo como principales actores a dirigentes opositores de la autollamada Mesa de la Unidad Democrática.
Mientras promovían los ataques violentos contra la República entre los meses de abril y julio, estos voceros solicitaban desde el extranjero la aplicación de medidas injerencistas, como lo hizo el dirigente del partido Primero Justicia, Julio Borges, quien solicitó al Parlamento Europeo la aplicación de sanciones contra Venezuela.
Lo mismo hizo, Freddy Guevara, dirigente del partido Voluntad Popular y principal agitador de las escuadras de choque que sembraron la violencia en las calles del este de Caracas.
Estas maniobras fueron acompañadas por los embates del gobierno de Estados Unidos, que desde 2015 allanó el camino a la sedición y el bloqueo económico con el decreto del expresidente Barack Obama, que declaró a Venezuela amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad del país norteamericano.
Luego de transcurrido un 2016 bajo el signo de la guerra económica que afectó la distribución y abastecimiento de alimentos para los venezolanos, la gestión del actual Presidente, Donald Trump, emitió en julio pasado sanciones contra altos funcionarios del gobierno, entre ellos el mismo presidente Maduro y el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami.
Más adelante, en agosto, con el fin de intentar limitar la capacidad operativa y financiera del Gobierno nacional, Washintong impuso nuevas sanciones económicas, que se sumaron a los ataques de la Organización de Estados Americanos (OEA), para desestabilizar a Venezuela, además de las sanciones unilaterales impuestas por la Unión Europea y Canadá.
La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), por iniciativa del presidente Maduro, detuvo el plan que alcanzó 4.439 acciones violentas, como indica la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública (Covejuspaz), las cuales dejaron un saldo de 121 personas muertas, mientras que 1.958 resultaron heridas, entre ellas 73 funcionarios lesionados con armas de fuego.
Además, la ANC consolidó la democracia y la paz con el llamado a elecciones regionales y municipales, donde el chavismop obtuvo mayoría de gobernaciones y alcaldías, realidad que ha sido silenciada por la prensa internacional que ha soslayado la alta participación del electorado que rechaza la vía violenta para dirimir las diferencias políticas.