La Fiscalía de Arabia Saudí comunicaba este lunes que la justicia saudí había condenado a muerte a cinco personas por el secuestro, asesinato y descuartizamiento del periodista Jamal Khashoggi, ocurrido en octubre de 2018 en el consulado saudí de Estambul. Otros tres hombres han sido condenados a penas de prisión de hasta 24 años entre los tres por encubrimiento y otros delitos. Sin embargo, en los comunicados y escritos de la justicia saudí difundidos con la sentencia no constan las identidades de los condenados, aunque sí se aclara el nombre de otros tres investigados absueltos.
Esos tres investigados absueltos están conectados al entorno del príncipe heredero y gobernante de facto en el país, Mohammed Bin Salman, al que tanto la CIA y Naciones Unidas apuntan como posible responsable de ordenar el asesinato. Un crimen que hizo tambalearse la imagen pública del país y provocó la condena de la comunidad internacional.
Uno de los exonerados por la justicia saudí, y el más próximo al príncipe heredero, es Saud Al-Qahtani, considerado por las investigaciones internacionales y las principales agencias de inteligencia occidentales como el principal sospechoso de planificar la muerte de Khashoggi. La investigación saudí ha determinado de que Al-Qahtani no tenía ninguna vinculación con lo ocurrido ni había pruebas suficientes para inculparle.
Saud Al-Qahtani era el asesor principal del príncipe saudí y su mano derecha, desde el momento en el que Bin Salman tomó posesión de su cargo como viceprimer ministro del país, después de haber trabajado desde 2003 junto a la familia real. Pero cuando la presión sobre el príncipe Bin Salman aumentaba por la posibilidad de que estuviera, junto con Al-Qahtani, detrás de la orden de asesinato del periodista, fue apartado de sus funciones. Pese a que fue enviado a un complejo a las afueras de Riad, la capital de Arabia Saudí, la CIA y el MI6 consideran, según publica The Guardian, que sigue siendo muy influyente en las decisiones del príncipe heredero.
Otro que ha sido inculpado es Ahmed al-Asiri, subdirector de los servicios secretos saudíes. Según la investigación estaba acusado de emitir la orden de retorno forzoso de Khashoggi a Arabia Saudí, aunque en el tribunal ha dictaminado que su culpabilidad en el asesinato «no estaba probada».
Al-Asiri, además de ser el encargado de la comunicación a los ciudadanos saudíes del desarrollo de la guerra de Yemen, estuvo al frente de las negociaciones con Israel para encargar un software que permitiera al gobierno rastrear a la población en busca disidentes y comentarios negativos hacia el régimen. El equipo de este seguimiento estaba controlado también por Saud al-Qahtani, según publican varios medios citando a la inteligencia occidental.
El último acusado que ha sido absuelto es el que era cónsul general saudí en Estambul, Mohammed al-Otaibi, en el momento de la muerte de Khashoggi. Al-Otaibi fue el encargado de guiar a los periodistas por el consulado días después del asesinato, en el que, según informó Reuters, llegó a abrir los armarios del edificio en un intento de demostrar que el cuerpo no estaba allí. Según un informe de la ONU sobre el asesinato, días después, el cónsul general dejó Estambul y no hubo más noticias de él hasta que el veredicto le ha exonerado.
Críticas internacionales
Las críticas a la sentencia no se han hecho esperar. Una de las primeras en difundirlas ha sido Agnes Callamard, relatora especial de Naciones Unidas y responsable del informe publicado el pasado mes de septiembre en el que se indicaba que la muerte del columnista de The Washington Post fue un «crimen internacional». En Twitter, Callamard argumenta que el veredicto es «de todo menos justo», puesto que las comparecencias en el juicio «fueron a puerta cerrada».
Además, ha recordado que 18 oficiales saudíes estuvieron más de 10 días en el consulado para eliminar cualquier prueba del crimen, entorpeciendo la investigación. Citando la ley internacional, la relatora explica que el asesinato fue una «ejecución extrajudicial de la que Arabia Saudí es responsable». Pero añade, que el juicio, en ningún momento, ha tomado en consideración esas responsabilidades.
«Los ejecutores son culpables, condenados a muerte. Los autores intelectuales no solo se van libres, apenas han sido tocados por la investigación y el juicio», ha indicado. Callamard se ha referido también a cómo el juez ha seguido órdenes del príncipe heredero debido a que Bin Salman siempre había defendido que fue un accidente, mientras que varios acusados «declararon repetidamente que obedecían órdenes». «Esto es la antítesis de Justicia, esto es una farsa», ha concluido Callamard en Twitter.
El ministro de exteriores de Reino Unido, Dominic Raab, ha calificado de «terrible» el asesinato del periodista saudí, pero ha condenado que se aplique la pena de muerte «en toda circunstancia». En un comunicado, Raab ha pedido «justicia» para la familia, que Arabia Saudí asegure que los responsables «rindan cuentas» y que «una atrocidad así no se vuelva a producir».
Por otro lado, el gobierno turco, ha mostrado su rechazo a la condena porque no aclara el paradero del cadáver ni la identidad de los instigadores ni colaboradores en el asesinato. «Aclarar todas las preguntas de este crimen cometido en nuestro territorio, dar a conocer a los instigadores y castigarlos no es solo una responsabilidad jurídica sino a la vez ética», explica el Ministerio de Exteriores de Turquía. «La sentencia está lejos de cumplir con las expectativas, tanto de nuestro país como de la comunidad internacional», concluyen.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) también ha criticado la sentencia y la opacidad del proceso judicial en Arabia Saudí. Su secretario general, Christophe Deloire, ha dicho en Twitter que «la condena a muerte no permite hacer justicia. Podemos interpretarlo como un medio para hacer callar para siempre a los sospechosos, como una manera de impedir que hablen para camuflar mejor la verdad».
Según Deloire, el juicio «no ha respetado los estándares internacionales de la justicia». «La opacidad del proceso y la ocultación de elementos de prueba no permiten hacerse una idea sobre los motivos de las condenas y de las absoluciones», ha añadido.
La ONG Amnistía Internacional coincide en las críticas con RSF, y califica el veredicto como un «encubrimiento que no aporta justicia ni verdad». La portavoz para Oriente Medio de Amnistía Internacional, Lynn Maalouf explica en un comunicado remitido este lunes que la sentencia «no aclara la implicación de las autoridades saudíes», «ni la localización de los restos». Asimismo, ha solicitado una investigación internacional «imparcial» porque la justicia saudí «no es independiente».