Ángeles Carmona preside, desde 2014, el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en España. Fundado en 2002 para coordinar a distintas instituciones en las labores de defensa de mujeres víctimas de violencia de género, este organismo es conocido casi exclusivamente por ser quien publica periódicamente las cifras judiciales relativas a estos casos.
P. Además de recopilar datos, ¿qué funciones tiene el Observatorio?
Coordinamos las instituciones a nivel nacional para tejer redes de protección de las víctimas e intentamos tener un conocimiento científico muy riguroso y profesional sobre la violencia de género. No sólo estadístico, sino de análisis de sentencias que se dictan sobre este tipo de violencias, análisis de todos los asesinatos que se producen (tengan o no denuncia previa), de las resoluciones judiciales que se dictan…
También hacemos muchísimo esfuerzo en formación de jueces, que para nosotros es prioritario. Para que los jueces puedan tomar posesión en un juzgado exclusivo de violencia de género tienen que pasar un curso de formación obligatorio, que consta de una parte más jurídica y una parte práctica, que consiste en una estancia en un juzgado de violencia sobre la mujer, con un tutor y una visita a los recursos asistenciales que hay en el territorio. Se trata de un curso online que no sólo incluye formación jurídica, sino también concienciación, sensibilización… no es sólo aprender leyes, sino tener perspectiva de género, sensibilidad, conocer los intríngulis de la violencia de género, cómo tratar a una víctima de esta violencia.
P: Recientemente ha causado gran alarma ver las imágenes de un juez que se burlaba de una víctima de violencia de género. ¿Qué acciones toma el Observatorio en estos casos?
En el Observatorio recibimos directamente al mail dudas, sugerencias, quejas… Con estas últimas lo que hacemos es remitirlas a un servicio del Consejo que es la unidad de atención ciudadana. Si la queja contiene alguna medida disciplinaria, se pasa al promotor de la acción disciplinaria y éste hace gestiones. Como en el caso que me consulta, inicia unas diligencias de investigación, toma declaración al magistrado y decide si lo pasa a la comisión disciplinaria, que es quien tiene la competencia para sancionar o no al juez. Esa es la forma en que tramitamos las quejas en relación a la violencia de género.
P: Sin embargo en casos como los de Juana Rivas o la Manada se presentaron quejas que no fueron admitidas por el CGPJ. En estos casos, como en el de las niñas recientemente asesinadas por su padre en Castellón, se pidió una investigación de oficio por parte de esta institución. ¿Hace el CGPJ investigaciones de oficio?
El sistema por el que iniciamos un procedimiento es trasladar esa queja o sugerencia de quien se pone en contacto con nosotros hacia esa unidad de atención ciudadana que es quien tiene la competencia de decidir si es materia disciplinaria o no.
P: Entonces, ¿sólo se hacen a raíz de una queja? ¿No hay investigaciones de oficio?
Nosotros no tenemos capacidad suficiente para eso. Ahora bien, el servicio de inspección del CGPJ, que tiene una sección especializada en violencia de género, hace inspecciones regulares y en los casos en los que detecte que hay algún procedimiento o actuación de esos juzgados que nos es correcta, inicia de por sí un procedimiento de oficio y si hay alguna materia disciplinaria, la pasa por la unidad disciplinaria. De hecho, se puede pedir a este servicio de inspección que vaya a un juzgado concreto a inspeccionar y ver cómo se están llevando a cabo la actuación judicial y que emita un informe. En el caso de que una actuación llegue a la unidad disciplinaria ya se decide si hay o no que sancionar.
P: ¿Y se ha producido alguna sanción?
Durante este mandato, no. Yo estoy en la comisión disciplinaria y lo sabría. Hubo un expediente que acabó archivado y en ese en concreto yo hice un voto particular porque no estaba de acuerdo con el archivo. Era el caso de una magistrada que interrogaba a una víctima de violencia de género diciéndole “ ¿pero usted cerró bien las piernas?». Este asunto sí llegó a la comisión disciplinaria que está compuesta por siete personas (cuatro hombres y tres mujeres) de las que seis votaron en contra de la sanción y yo a favor.
P: ¿Ha abierto el CGPJ algún procedimiento de oficio?
No en este mandato.
P: ¿Cómo puede ser que no haya habido ni una sola actuación de oficio habiéndose producido casos que han generado tanta contestación social?
La materia disciplinaria está regulada en la ley orgánica del poder judicial que establece en qué casos hay que sancionar a un juez. Si la actuación del juez sobre el que hay una queja no encaja en ninguna de las actuaciones que establece dicha ley, evidentemente se archiva el procedimiento.
P. Hace poco un grupo de organizaciones feministas presentaron una queja ante el CGPJ por el caso de Isabel López, una mujer que denunció haber vivido un calvario judicial al denunciar a su maltratador, y ésta fue desestimada. El Consejo respaldó la actuación de esa jueza. Existen denuncias y quejas y la sensación es un cierre de filas en la judicatura.
Son casos muy excepcionales. Son muchísimas más las mujeres que son reconocidas y refrendadas a través de las miles de órdenes de protección por parte de los órganos judiciales. Es verdad que tenemos que ir avanzando y perfeccionar cada vez más el sistema. Pero no es un sistema que no esté funcionando, ni muchísimo menos. Al contrario, es un sistema que se va reforzando más. Y no solo el órgano judicial, sino también en los cuerpos de seguridad del Estado…
Estoy convencida que muchísimas mujeres han logrado salir del círculo de la violencia de género gracias a la actuación y la protección que se hace en los juzgados. Hay fallos, claro. No reconocerlo sería poco profesional. Lo que tratamos es de analizarlo todo, ver todos los fallos e intentar que por ningún sitio se escape la protección de la víctima. El objetivo es víctima cero.
P: También se le ha pedido al CGPJ que investigue la disparidad en la concesión de órdenes de protección a mujeres que las solicitan. En algunas jurisdicciones como Barcelona alcanzan el 80% de denegaciones y en otras se conceden ampliamente, lo que hace que las mujeres estén más protegidas dependiendo de dónde vivan.
Estamos trabajado sobre eso. Lo que hemos hecho en el grupo de expertos es proponer una modificación del artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es el artículo que contiene los requisitos para dar o no una orden de protección, para incluir una serie de indicadores que el juez debe tener en cuenta obligatoriamente para adoptar una orden de protección. Tenemos hecho ya la propuesta de reforma y la vamos a trasladar a la subcomisión que realiza el seguimiento del pacto de estado.
«La orden de protección es una cuestión jurisdiccional donde no podemos obligar al juez cuándo la tiene que imponer, porque para eso es juez y por eso se le paga como juez»
Esos indicadores son que la mujer tenga un parte de lesiones, que tenga hijos, que haya sufrido violencia de género con anterioridad, que el agresor sea reincidente o que tenga otras denuncias por este tipo de violencia. La orden de protección es una cuestión absolutamente jurisdiccional donde no podemos obligar al juez cuándo la tiene que imponer porque para eso es juez y por eso se le paga como juez.
La única manera es modificar la ley para que en determinados casos la de siempre.
Los jueces tienen a su disposición las valoraciones del riesgo policial, pero necesitamos algo que no se está poniendo en marcha y que está en el pacto de estado y es importantísima: la valoración forense. Hay que tener en cuenta que la valoración del riesgo policial contiene la declaración del agresor. Sin embargo una vez que el individuo es detenido o es citado a un órgano judicial, es necesario que un médico forense valore la peligrosidad del individuo, respecto de la víctima y de sus hijos. Por eso llevamos pidiendo desde hace muchísimo tiempo que se ponga en marcha este protocolo de valoración urgente forense, que es el que tiene conocimientos de psicología que probablemente el juez no tiene, para que éste pueda adoptar esas órdenes de protección con pleno conocimiento.
P: Pero los expertos lo que critican es que desde el año 2011 existe un protocolo médico-forense de valoración urgente del riesgo, pero que los jueces no lo utilizan. Si existe un protocolo y la valoración del riesgo no debe ser al albedrío de los jueces, ¿por qué no lo utilizan? ¿No hay sanciones a jueces que no utilicen este protocolo?
El protocolo existe, pero no se ha puesto en marcha porque en muchos territorios (y te puedo hablar de Sevilla que es donde yo trabajo), no existe una unidad de valoración forense compuesta por especialistas de varias disciplinas durante las 24 horas el día todos los días de la semana.
P: ¿Y ustedes recopilan datos de cuántos jueces han solicitado este servicio a medicina forense?
No. No tenemos esos datos. Pero como los jueces no lo han conseguido usar ese servicio desde hace mucho tiempo, ni siquiera lo piden. O los jueces no lo piden o bien no está operativo en el territorio. Son las dos cosas.
P: ¿Y tienen una valoración de en qué territorios no está operativo?
Casi en ningún sitio. En Madrid sí que está operativo porque hay una unidad de valoración forense para cada uno de los juzgados, pero se utiliza poco por los órganos judiciales.
P: ¿Por qué?
Porque a lo mejor entienden que tienen suficiente elementos de valoración con el propio atestado que ellos mismos realizan. Porque a lo mejor tarda más de la cuenta y necesitan resolver mucho más rápido.
P: ¿Pero el juez no tiene obligación de pedir esta valoración experta? Porque aquí nos enfrentamos a casos en los que se está denunciando la persistencias de estereotipos y prejuicios de género, que hacen que cuando las mujeres denuncian, no se las crea.
Por eso el valor que se le da a la declaración de la víctima, que muchas veces es la única prueba de cargo que hay. Por eso es clave que tenga todos los elementos y requisitos necesarios para que se pueda llegar a una condena con una declaración. Por eso siempre decimos que lo importante que es que la mujer declare en un ambiente favorable, que se sienta segura, acompañada, que se le dedique tiempo, en un entorno confidencial, no puede ser telegráficamente y rápido.
En el caso de que una mujer pida ayuda de cualquier forma, a la policía o al órgano judicial o asistente social o a un médico y ella muera asesinada, evidentemente ha habido un fallo. Por eso en el Observatorio hacemos un análisis de todas las sentencias con denuncia previa para ver qué es lo que ha pasado y pedimos todos los antecedentes y así es como hemos sacado muchísimas conclusiones.
P: ¿Y qué pasa con esos datos? Los asesinatos recientes han sido terribles y todos habían denunciado (cinco asesinatos en menos de dos días). En el caso de las niñas asesinadas en Castellón se solicitaron medidas de protección, pero ni siquiera se suspendieron las visitas al padre. Por eso para una gran parte de la sociedad la sensación es que no pasa nada.
Y es lógico que la sociedad piense eso. Para nosotros es un desastre, porque puede dar la lectura a una mujer víctima de violencia de género de que el sistema no protege. Pero no es cierto. No podemos contar la cantidad de mujeres que sí han salvado su vida gracias a las miles de órdenes de protección que se dictan a diario, gracias a las fuerzas de seguridad que se encargan de esas órdenes. Nos queda mucho por aprender, pero lo que hemos construido aquí en España es importante. Es el país con las herramientas más importantes contra la violencia de género y lo estamos contando, visibilizando, con toda la transparencia. Gracias a esto, hemos pedido muchos cambios legislativos, muchos incluidos en la última reforma del código penal de 2015 y otras que se van a poner en marcha gracias al pacto de estado.
P: Hablamos de muchos cambios legislativos. Pero muchas juristas feministas afirman que los jueces no los conocen o que son derechos de segundo nivel, porque no se aplican. Se modificó la ley para que los menores no tengan custodia o derecho a visitas de sus hijos en el caso de ser denunciados o estar en un proceso de malos tratos. Y sin embargo, día a día, vemos como eso no se aplica. ¿Cómo puede ser que hayan avances normativos que no llegan a aplicarse?
Lo que se aprobó en 2015 era que el juez tenía que hacer una investigación y potestativamente adoptar las medidas que considerara oportunas para proteger la integridad psíquica y física de los menores. En el pacto de Estado, lo que hemos pedido es que obligatoriamente, en determinados casos, el juez tenga que quitar la custodia o suspender la patria potestad. En los casos en los que los niños hayan estado expuesto a la violencia, lo que significa que viva en un escenario violento. De momento está a la interpretación del juez y que sea obligatorio sólo se puede conseguir modificando la ley.
P: Los datos oficiales hablan de que de las más de 166.000 denuncias por violencia de género en 2017, sólo ha habido un 20% de condenas. ¿No es un porcentaje tremendamente bajo?
Es verdad. El porcentaje de condenas sobre el total de las sentencias por violencia de género está en el 70% Pero cuántos asuntos llegan a ser sentenciados? Muy pocos, porque en el camino muchos se sobreseen. Y este es un tema que fue planteado no sólo por nosotros, sino por la fiscalía. El derecho de la mujer a no declarar contra su agresor está provocando la mayor parte de las sentencias absolutorias, lo que no significa que la mujer sea culpable, para nada. Porque sabemos que la mujer no quiera declarar contra su agresor porque le tenga miedo o por mil cosas. Pero está en el pacto de Estado el evitar esos espacios de impunidad que ocurren a un maltratador cuando una mujer se acoge a su derecho de no declarar. Es decir, habilitar algún sistema legal jurídico para que aguante el procedimiento y que su declaración sea como única prueba de cargo valorada por el tribunal para poder condenar. Reconocemos que muchas veces se archivan por falta de pruebas.
P: ¿Ustedes notan un divorcio entre el sentir de la sociedad civil y la justicia?
No notamos eso en absoluto. Es verdad que este ejercicio de transparencia que hacemos y la repercusión que tiene en los medios de comunicación ha servido para sensibilizar a la sociedad. Esto ya no es un problema de pareja, como se pensaba antes. Esto es una lacra social, un ataque a los derechos humanos y es importante que la sociedad se implique. Todos estos movimientos feministas son magníficos porque la sociedad ha dicho basta ya, no vamos a tolerar nada más y es importante como factor de sensibilización y de concienciación. Si bien es cierto que se visibilizan los fallos, hay que reconocer que estos son excepcionales. El sistema está protegiendo a las mujeres.
P. ¿Qué siente usted cuando ve las calles inundadas de mujeres y jóvenes gritando eslóganes contra una justicia patriarcal o diciendo que la justicia no las protege?
¿La justicia es patriarcal? Esto mismo me preguntaron el otro día. ¿Los jueces son machistas?. Toda la sociedad es machista. Tenemos que avanzar todos los sectores profesionales. En el sector judicial, evidentemente también. Es cierto que el poder judicial está haciendo un esfuerzo enorme en los últimos años y el CGPJ fue pionero en visibilizar la violencia de género. Se creó el Observatorio en el 2002, antes de la ley orgánica de 2004. El germen de la ley orgánica de 2004 fue precisamente el poder judicial, el Observatorio. Claro que hay que perfeccionar el sistema. Te crea desazón que la gente piense que la justicia no está haciendo nada, porque no es cierto.
Estos movimientos feministas son buenos y emocionantes. El otro día iba al juzgado de guardia de Sevilla y me topé con la Carrera de la Mujer, y fue muy emocionante porque era domingo y me encontré a miles de mujeres vestidas de rosa corriendo. Te da una sensación de empuje en tu trabajo.