Para nadie es un secreto que las dificultades económicas a la que se enfrenta la Nación -si, la Nación, no una parte de ella, que nadie lo olvide- son realmente importantes y ante ellas todos los sectores sociales, con los Poderes Públicos y los sectores productivos a la cabeza, están obligados a asumir medidas estructurales e inclusive urgentes.
Dando un paso adelante en esta dirección, el presidente Nicolás Maduro solicitó a la Asamblea Nacional (AN) la aprobación de un Decreto de Emergencia Económica, asumiendo sus responsabilidades en el cuadro económico actual. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó el apego del decreto a la Carta Magna y quedó en manos de la AN su aprobación o negación, con resultados lamentablemente predecibles.
Ello a pesar de las evidentes acciones que ha adelantado el mismísimo presidente Maduro con la constitución del Consejo Nacional de Economía Productiva y sus nueve motores, con un importante criterio de amplitud tanto en lo propiamente económico como en lo político, franca vía hacia la rectificación que distintos sectores sociales consideraban necesaria y a la que por mucho tiempo llamaron al Ejecutivo.
Es cierto que las actuales circunstancias son particularmente complejas, que aún hay niveles de desequilibrio institucional ante la nueva composición de la Asamblea Nacional y hasta que muchos ánimos aún no han encontrado sosiego, conllevando, hay que decirlo, a que algunas decisiones parezcan tomadas más por las vísceras que por la razón.
También en cierto que algunas decisiones políticas recientemente asumidas parecen seguir marcadas por una polarización que poco o nada aporta al diálogo que el Primer Mandatario Nacional ha ratificado. Ni hacer un show de la comparecencia del equipo económico del Gobierno ante la AN ni negarse a discutir públicamente información de Estado: las venezolanas y los venezolanos estamos convencidos, no dudo ni un poco de ello, que la posición deseable, positiva y necesaria para salir adelante está en algún lugar entre ambos polos.
Aunque el Decreto de Emergencia Económica es constitucional, la AN no lo aprobó. La realidad económica sigue igual y son nuevas las oportunidades por venir: es una obligación de todos los poderes públicos anteponer el interés nacional sobre las posiciones particulares y hacer lo que se deba en los tiempos que se deba. El tiempo es un recurso precioso y mientras éste pasa inexorable, todo el país espera.