Bajo el título «Nunca sin nosotras», más de 350 feministas y organizaciones de distintos ámbitos profesionales (entre las que figuran, juezas, activistas, periodistas, cineastas, políticas…) han firmado un manifiesto para que se retire la demanda judicial en España contra el sindicato de prostitutas OTRAS.
Lo hacen en la víspera de que la Audiencia Nacional española celebre este miércoles un juicio para decidir la posible ilegalización de dicho sindicato, después de que varias organizaciones, entre ellas la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de marzo de Sevilla, presentaran una demanda el pasado mes de agosto.
El manifiesto lanzado este lunes, viene a sumarse a un amplio y agrio debate en el seno del feminismo sobre la regulación y protección de las mujeres que ejercen la prostitución y viene a reflejar las distintas posiciones dentro del propio feminismo.
El manifiesto reconoce que si bien el debate sobre «la prostitución y el trabajo sexual» no es nuevo, «si es la primera vez que lo hace con tanta intensidad y atención desde fuera de los círculos propios del debate feminista y bajo una pretendida unanimidad». El escrito afirma que «el feminismo no tiene una sola voz en el debate sobre la prostitución» y que el manifiesto viene a reivindicar la enorme diversidad de posiciones y de sensibilidades respecto a este debate.
«Pedimos que no se utilice una pretendida unanimidad del feminismo como aval de ninguna medida legal que pueda afectar a las condiciones materiales de vida de muchas personas que trabajan en este sector (en todas sus variantes: prostitución, bailarinas, actrices, teléfono erótico, etc…). No sin al menos abrir un espacio de diálogo donde todas las posturas puedan ser escuchadas en igualdad de condiciones», explican las firmantes.
Entre las firmas se encuentran activistas feministas como Mireia Bofill, Begoña Zabala, Justa Montero, Amaia Pérez Orozco y Yayo Herrero; abogadas como Begoña Lalana; cargos públicos como la Concejala de Feminismos de Barcelona, Laura Pérez; escritoras y periodistas como Elena Poniatowska, Ángeles Mastreta, Coral Herrera y Nuria Alabao; profesoras y docentes como Raquel Osborne, Dolores Juliano, Mª Jesús Izquierdo e Itziar Ruíz Jiménez y directoras de cine y artistas como Isabel Coixet y Maria Galindo. Junto con los nombre propios, diez organizaciones han suscrito el documento.
El texto pone de relieve algunos puntos que consideran clave para avanzar en este debata. Por un lado, la necesidad de reconocer que «el feminismo como tal no tiene una postura unánime» sino que está recorrido por «múltiples posiciones y perspectivas que a lo largo de su historia han dado lugar a numerosas corrientes, infinitamente más complejas, ricas e interesantes que un estar a favor o en contra del trabajo sexual». Por otro lado afirman que es un «error» equiparar la trata de personas con fines de explotación sexual con la «prostitución decidida», pero también con el «resto de trabajos sexuales que hoy en día se ejercen legalmente en el sector». Las firmantes explican que esta confusión perjudica la lucha contra la trata y la defensa de las víctimas: «Contra la trata con fines de explotación sexual no nos cansamos de exigir (y aquí sí somos unánimes) medidas efectivas, una provisión suficiente de recursos humanos y materiales y la formación de los cuerpos y órganos encargados de llevarlas a cabo», afirman.
«Entender que la sindicación de quien realiza trabajos sexuales favorece al proxenetismo es obviar un principio básico del derecho sindical, esto es, que la autoorganización de los trabajadores y trabajadoras sirve para limitar el poder de la patronal y especialmente a quien pretende aprovecharse y explotar a otros económicamente», afirman. Y añaden: «La existencia puntual de sindicatos amarillos, de falsos sindicatos, no es un argumento para impedir el derecho a la libertad sindical. Al contrario, la mejor defensa contra ese fenómeno es la proliferación de organizaciones sindicales en todos los sectores laborales».
El manifiesto pide dar voz a las mujeres implicadas, afirmando que «desde que la humanidad tiene memoria, se ha pretendido hurtar a las mujeres el derecho a expresarnos con nuestra propia voz». «Es imprescindible que las trabajadoras sexuales tengan voz en este debate. Creemos además, que la clandestinidad sólo favorece el estigma y la explotación», afirma el manifiesto.
El manifiesto afirma que «privar del derecho fundamental a constituir sindicatos y afiliarse a ellos a las personas que prestan servicios en esta actividad (también servicios telefónicos o vía web, actores y actrices, etc…), supone un ataque frontal a un derecho democrático básico de nuestro sistema constitucional, que no debe estar sometido a la intervención previa de la administración en ningún caso». Y añaden que el de sindicación es un derecho consolidado tras siglos de lucha a escala global y recogido en el derecho internacional, por lo que «la ilegalización de OTRAS puede sentar un mal precedente que puede utilizarse contra cualquier iniciativa de autoorganización sindical».
Por todos estos motivos, más de 350 firmantes piden a las todas las administraciones públicas, los medios de comunicación, partidos políticos y organizaciones sindicales que «reconozcan la diversidad diversidad de argumentos y sensibilidades de este debate dentro del feminismo».
También reclaman a la Comisión para la Investigación de malos tratos a Mujers y a la Plataforama 8 de Marzo de Sevilla, que retiren su demanda para ilegalizar a OTRAS.
«No nos parece una herramienta política justificada recurrir a una justicia que desde el feminismo con tanto esfuerzo se lucha por cambiar porque se ha demostrado que no protege adecuadamente los derechos de las mujeres. No dejemos que decidan por todas», concluye el manifiesto.