El gobierno español anunció este jueves la intensificación de la lucha contra el fraude fiscal y contra la economía sumergida limitando los pagos en efectivo para determinadas transacciones.
España sigue así el ejemplo de otros países como Francia e Italia donde el límite está fijado en 3.000 y 1.000 euros, respectivamente. Sin embargo, la vicepresidenta y portavoz del ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, no especificó qué monto máximo adoptará España.
Esta medida es sólo una de un paquete destinado a reducir el déficit público en 2012 desde el 8% del PIB al 4,4 por ciento. El Plan General de Control del Fraude busca recaudar US$10.200 millones en 2012.