La «recuperación económica» que destaca el Gobierno de Mariano Rajoy está aún muy lejos para muchos españoles. Por ejemplo, para quienes sufren el embargo de su vivienda ante la imposibilidad de atender los pagos de la hipoteca contraída para comprarla. No son tantas como en los peores años de la crisis, pero su número sigue siendo importante. Sobre todo porque afecta a familias especialmente vulnerables y, en consecuencia, encierra realidades dramáticas.
Desde 2014, año en que España volvió a crecer, se han registrado un total de 334.670 ejecuciones hipotecarias, según los datos proporcionados trimestralmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El peor año fue el primero de la serie, con 119.442, y posteriormente la cifra fue bajando, aunque no por ello ha desaparecido uno de los fenómenos que quedarán asociados para siempre a la crisis que estalló en 2008.
Durante el tercer trimestre de 2017 todavía se produjeron 9.025 ejecuciones hipotecarias sobre inmuebles cuya venta ordenaron las instituciones financieras para recuperar el dinero que habían prestado a sus dueños. No todas acaban necesariamente en desahucio, pero sí un porcentaje muy alto.
De los 9.025 embargos de los que tuvo constancia entre julio y septiembre el Colegio de Registradores de la Propiedad, más de la mitad (4.676) correspondían a viviendas, ya fueran de personas físicas o jurídicas. Y las pertenecientes a particulares que tenían en ellas su residencia habitual sumaron la cifra de 1.584. Eso significa que, por término medio, 17 familias fueron informadas cada día de que daba comienzo la última fase del proceso que les llevaría a perder su casa.
Casi seis de cada diez hipotecas objeto de ejecución a lo largo del tercer trimestre fueron constituidas en los últimos cuatro años del boom inmobiliario, cuando la boyante situación económica y la barra libre de crédito propiciaban la compra de vivienda. Un 11,1% databan de 2005; un 16,5%, de 2006; un 19,8%, de 2007, y un 12,1%, de 2008, siempre según los datos del INE.
Por territorios, los peores resultados, a mucha distancia de los demás, son Andalucía y la Comunidad Valencia, con un total de 2.099 y 2.074 ejecuciones hipotecarias certificadas, respectivamente. En el lado opuesto figuran Navarra, con sólo 20, el País Vasco (32), Asturias (53) y Cantabria (57).