El Gobierno de España manifestó su rechazo a la decisión anunciada por el Secretario de Estado de los EEUU, Mike Pompeo, de no renovar la suspensión del Título III de la Ley Helms-Burton, contra la que Madrid trabajará desde la Unión Europea para mitigar sus efectos en las empresas españolas.
«El Gobierno de España expresa su tajante rechazo a esta decisión de la Administración estadounidense, y le invita a seguir trabajando conjuntamente con España y con la Unión Europea en favor de la reforma política y democrática en Cuba», señala la Cancillería española en un comunicado.
En ese comunicado, España afirma que trabajará «activamente» junto a la Comisión Europea y al resto de Estados miembros de la UE para «la adopción de medidas oportunas en foros multilaterales» con el objetivo de «defender los intereses y el futuro de las empresas españolas en Cuba» ante las decisiones adoptadas por EEUU.
Sigue bloqueo económico
La ley Helms-Burton, aprobada en marzo de 1996 por el Congreso de EEUU, codifica legalmente el bloqueo económico, comercial y financiero que Washington mantiene contra La Habana desde 1962.
El título III de la ley establece mecanismos por los que ciudadanos de EEUU, incluidos los cubanos nacionalizados, pueden demandar a empresas que supuestamente se benefician de propiedades nacionalizadas que eran suyas o de sus familias antes del triunfo de la Revolución cubana en 1959.
Ese apartado de la ley permaneció suspendido de manera ininterrumpida desde su entrada en vigor, por períodos renovables de seis meses, como parte de un acuerdo de entendimiento alcanzado entre la UE y Estados Unidos en 1998.
Sin embargo, Mike Pompeo anunció este 17 de abril que la administración del presidente estadounidense Donald Trump levantará la suspensión del Título III a partir del 2 de mayo.
Decisión de EEUU perjudica bienestar de los cubanos
En opinión de España, esta decisión disuade la inversión y penaliza el comercio, lo que atenta contra los intereses de Madrid y de otros socios europeos en Cuba.
Todo ello, prosigue el comunicado emitido este 17 de abril por la Cancillería española, «deteriora las relaciones bilaterales entre países aliados», además de «perjudicar seriamente el bienestar de la población cubana».
«La aplicación extraterritorial de la legislación es contraria al Derecho Internacional y dará lugar a una espiral de demandas y contra-demandas que enturbiarán la relación económica transatlántica sin que de ello se desprenda ventaja o avance alguno, ni para los demandantes estadounidenses ni para la población cubana en su conjunto», añade el texto.
Por ello, España insiste en que trabajará para defender los intereses de sus empresas junto a la Unión Europea, que baraja adoptar medidas tanto en el marco de la Organización Mundial de Comercio como por medio del Estatuto de Bloqueo de la UE.
Pese a las divergencias en cuanto esta cuestión, España reiteró este 17 de abril su «compromiso transatlántico» y su «responsabilidad con el avance de la apertura, la democracia y el respeto de los derechos humanos en Cuba».