El martes se realizó en Santiago de Chile, el 158 período de sesiones extraordinarias de al Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que participaron casi la totalidad de los países que integran la Organización de Estados Americanos (OEA), instancia regional desde la que se impulsa una intervención en los asuntos internos del Estado venezolano. En ese escenario, un grupo de ONGS presentó un informe a fin de exponer la “crisis humanitaria en salud” por la que atraviesa Venezuela, con mirar a incentivar la tesis del “Estado fallido”.
Las ONGs presentantes fueron entre otras: Provea, Centros Comunitarios de Aprendizaje por los Derechos de la Niñez y Adolescencia (CECODAP) , Transparencia Venezuela , Laboratorio de Paz , Acción Solidaria, Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA) , y el Observatorio Venezolano de la Salud (OVS); sus activistas son en buena parte militantes y simpatizantes de la oposición venezolana. Según este “informe”, la escasez de medicamentos y la dificultad de obtener divisas “ para importación de fármacos y la poca inversión en el sector salud por parte del Ejecutivo, ha puesto en vilo la salud del pueblo venezolano.
La delegación venezolana estuvo encabezada por la Ministra del Poder Popular para la Salud, Luisana Melo, el embajador venezolano en Chile, Arévalo Méndez Romero, el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe y el Director General del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas, Gerardo Briceño.
Melo dio respuesta a estas premisas indicando que pese al fuerte descenso de los ingresos provenientes de la renta petrolera, el Estado venezolano ha priorizado el sector salud, haciendo énfasis en el área farmacéutica, que comprende el segundo motor de la agenda económica bolivariana y punta a elevar la producción nacional a fin de garantizar los tratamientos adecuados a mayores causas de morbilidad, según reseñó la televisora estatal VTV.
“Garantizamos, no las marcas de medicamentos con nombres comerciales, sino el medicamento esencial por el principio activo”, aclaró la Ministra al tiempo que resaltó que en Venezuela, desde el inicio del Gobierno Bolivariano, la pobreza disminuyó al 5%, luego de encontrarse en casi 30 puntos durante el período conocido como la Cuarta República.
Melo explicó que tal y como está establecido en la Constitución y en el Plan de la Patria, el Estado venezolano garantiza a su población el derecho a la salud gratuita y de calidad.
Prueba de ello es el programa de acceso gratuito a tratamientos de alto costo, y otorga medicamentos oncológicos y antirretrovirales a todos los pacientes, “sin importar en la línea de gravedad en que estén, principio que no observan otros países”, lo cual se refleja en los indicadores de salud publicados por la Organización Panamericana de salud (OPS).
Además, pese a la Guerra económica y la agresión multifactorial que enfrenta el país, que ha ocasionado la escasez de algunos fármacos, el consumo de medicamentos por habitante en Venezuela es el más alto de la región.
A las denuncias sobre el déficit de calidad y medicamentos en los establecimientos de salud, realizadas por las ONGS, Melo indicó que el Gobierno Revolucionario en sólo 17 años ha incrementado la red de establecimientos de salud en 333%, comparada con los 5.346 establecimientos de salud construidos durante cuatro décadas de gobiernos socialdemócratas.
“Hoy contamos con 23.146 establecimientos con un aumento significativo de las camas disponibles para atención medica. Además contamos con un amplio y generoso equipo de 21mil médicas y médicos integrales comunitarios y más de 35.000 en formación, 3.435 MGI y 3.818 formándose en 122 especialidades médico quirúrgicas. En la actualidad contamos entonces con 20 médicos/as por cada 10.000 habitantes, antes solo teníamos solo11”, puntualizó Melo.
100% DE COBERTURA
El pasado mes de abril, cuando se cumplieron 13 años de la Misión Barrio Adentro, el presidente Nicolás Maduro anunció que extendería su cobertura al 100% del territorio nacional gracias al Plan de Cooperación Productiva Cuba-Venezuela 2016-2030, suscrito este año en La Habana.
Esto implica la dotación de nuevos equipos y la incorporación de más médicos venezolanos y cubanos. Barrio Adentro ahora está en el 70% de cobertura, para fines de año abarcará todo el país garantizando atención médica primaria a la gran mayoría del pueblo venezolano con sus más de 10.000 consultorios populares, los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y los Centros Médicos de Alta Tecnología que realizan estudios especializados de Resonancia Magnética (RM), Tomografía Computarizada (TAC), Mamografía de Rayos X (Mx), Densitometría Ósea (Dx), Ultrasonido Tridimensional (US-3D), Video-Endoscopia (VE), exámenes de Laboratorio.
Para el logro de este objetivo, y pese a las dificultades económicas, el presidente Maduro destinó 3 mil millones de bolívares del Fondo de Inversión para mantenimiento y dotación de equipos y medicinas a esta misión.
Eso no es resaltado ni reflejado en el informe de las ONGS, evidenciando que existe una intencionalidad política de invisibilizar los logros de gestión gubernamental y de maximizar las fallas que se están presentando debido a la conspiración política, mediática y económica contra la Revolución Bolivariana.
La Misión Barrio Adentro, creada por comandante Hugo Chávez, ha realizado un total de 761 millones 482.951 consultas médicas gratuitas en todo el país durante más de una década, para lo cual el Gobierno Bolivariano ha invertido recursos económicos por el orden de 76.000 millones de dólares (76 millardos de dólares).
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¿CON QUÉ MORAL?
El ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, principal impulsor de la agresión política y diplomática contra el Gobierno Bolivariano dentro y fuera de América Latina, se apresura a difundir en su cuenta twitter que un grupo de ONGS denunciaron ante la CIDH el supuesto “colapso del sistema de salud en Venezuela”.
Esta “preocupación” del señor Uribe por la salud del pueblo venezolano, contrasta con su silencio ante la crisis de salud en su país, heredada desde su gestión, pero que forma parte de un problema estructural que acarrea el estado colombiano.
En febrero de este año, en entrevista publicada en el diario El Espectador, la candidata a doctora en Política de Salud de la McMaster University (Canadá), la médica colombiana Marcela Vélez fue entrevistada para hablar de su libro “La Salud en Colombia”, donde desnuda la crisis, así la refiere del sistema de servicio médico y hospitalario en su país.
Dentro de las conclusiones a las que llega la investigadora en su tesis, se indica que no hay suficientes controles gubernamentales para castigar la corrupción desatada en el sistema sanitario colombiano y en la falta de equidad en el mismo. Es decir, la salud no es para todos.
Al ser interpelada sobre cuál cree que es el principal problema de salud en su país, la médica destaca que “el principal problema se llama Entidades Promotoras de Salud (EPS), especialmente la expectativa de ganancia de los intermediarios a expensas de la negación de la atención en salud a los colombianos. El problema es que no hay manera de hacer compatibles las ganancias de las EPS con el bienestar general de la población, y creo que para lograr este objetivo se requiere un gran compromiso por parte de la administración pública”.
“En Colombia se vendió la idea de que lo privado es mucho más eficiente y transparente que lo público. Sin embargo, la evidencia científica demuestra que los sistemas públicos con administración pública o sin ánimo de lucro de los recursos de la salud son mucho mejores para alcanzar los objetivos de equidad, calidad, universalidad y costo-efectividad del sistema. Lo que se ha observado con seguros privados o administración con ánimo de lucro es que se acrecientan los costos, se disminuye el acceso a la atención médica y se amplía la inequidad.
Gracias a este modelo excluyente, según el cual el que no tiene con qué pagar no recibe la atención en salud, el pueblo colombiano vive una verdadera catástrofe sanitaria”, aseguró la científica.
El sistema de salud en Colombia se rige por la Ley 100, que data del año1993. El sitio web Ley 100, Paseo con la Muerte, administrado por médicos que ofrecen asesoría para demandas en salud se refiere a esta ley de la siguiente manera: “La Ley 100 es un modelo de política neoliberal impuesto por organismos externos para condicionar prestamos internacionales especialmente. Fue elaborada durante el Gobierno de (César) Gaviria y puesta en marcha durante la administración ( Ernesto Samper). Su ponente fue el Dr. Alvaro Uribe Vélez. Esta Ley, mediante un proceso de aporte obligatorio de todo residente, trabajador o pensionado, en Colombia, dice hacerse cargo de la salud de cada persona y para ello se basa en lo siguiente: Excluye la libre relación paciente/médico y añade un intermediario a esta relación, quien cobra un 12% de los ingresos de cada persona, asigna aproximadamente $10 dólares mensuales para cuidar la salud de cada uno y deduce para si una utilidad por sus servicios de intermediación. La Ley 100 reconoce únicamente dos clases de ejercicio médico: el asalariado y el adscrito a Entidades Promotoras de Salud (EPS ) e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS)”.
Es tanto así que los medios no pueden ocultarlo. El diario El Colombiano, publicó el 7 abril de este año, el Día Mundial de la Salud, un completo reportaje de lso periodistas Martha Arias y Víctor Álvarez Correa sobre la la crisis asistencial en el departamento de Antioquía donde cientos de personas manifestaron para “reclamarle al Gobierno Nacional medidas de fondo para evitar una emergencia social, por la grave crisis del sector”.
“La magnitud de la crisis se percibe con el cierre de hospitales, como el Minerva, de Ibagué; otros trabajando a medias, como la Clínica León XIII de Medellín; salas de urgencia con sobrecupos superiores al 100 %, e IPS de la ciudad, públicos y privados cargadas de deudas, obligaciones e ilíquidas”, indica el texto.
“Ante la situación, agravada por las deudas que con las IPS oficiales y privadas tienen el Estado, las EPS y los entes territoriales por 5,8 billones de pesos, Juan Carlos Giraldo Valencia, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), clama por acciones urgentes del Gobierno, pues de lo contrario “será inminente una emergencia social”, destaca el trabajo periodístico.
Giraldo añadió “los hospitales se pueden quebrar, las enfermedades aumentarán porque no hay sitios donde atender a los pacientes. Los hospitales no se cierran de una vez: los cierres se dan en servicios y áreas de atención”.
En la publicación se hace énfasis en la urgente necesidad que tiene el Estado colombiano de asignar recursos “para que la crisis no siga acabando con los hospitales”, mientras el académico Jairo Humberto Restrepo , profesor e investigador de la Universidad de Antioquia advirtió que para solventar la patética situación el Estado debe aumentar en cerca de un punto del Producto Interno Bruto (PIB) su inversión en materia de salud.
Justo en estos momentos, hay una emergencia carcelaria decretada oficialmente justo por la incapacidad del Estado colombiano de garantizar la atención sanitaria a miles de privados de libertad.
El pueblo colombiano no tiene derecho a recibir salud gratuita y de calidad, gracias a una ley impulsada por Uribe Vélez. Por tanto, su “preocupación” frente a la falsa crisis humanitaria en salud decretada por la Mesa de la Unidad (MUD) desde la Asamblea Nacional (AN) en Venezuela, obedece a su intención como agente de la ultraderecha regional de desestabilizar al Gobierno Bolivariano para propiciar su derrocamiento y dar un paso más en la denominada reinstauración neoliberal en América Latina.