A Juicio del abogado penalista y activista por los derechos humanos, Rafael Narváez, “el hampa le arrebató al Estado venezolano la autonomía sobre la violencia y la seguridad”, En su opinión, se le cedió el territorio a la delincuencia y “la seguridad ciudadana fue abandonada a un grupo de personas, quienes imponen su orden”.
Narváez indicó que es potestad del Estado prevenir el delito y procurar que estos hechos causen el menor daño posible a la sociedad, es decir, “disminuir los índices delictivos a un grado de tolerancia”.
“El Estado tiene que aparecer y hacer valer su posición de rector de la política de seguridad ciudadana”, expresó, y añadió que “es su potestad el castigar el delito”.
Durante una rueda de prensa realizada frente a la sede de la morgue de Bello Monte, Narváez se preguntó sí es el Estado el que tiene el monopolio de la importación y fabricación de armas de fuegos y explosivos, cómo se entiende que algunos delincuentes hagan uso de armas largas para cometer sus fechorías. A su criterio, “hay una complicidad desde el Estado que debe ser controlada con mano dura”.
El abogado penalista señaló que en los últimos 16 años el país ha tenido 14 ministros para Relaciones Interiores Justicia y Paz, y agregó que de estos, nueve han sido militares. En su opinión, el balance de la lucha contra la delincuencia en ese mismo periodo ha sido negativo por lo que, a su parecer, demostraría la supuesta falta de preparación del los egresados de las fuerza castrense para asumir esta responsabilidad.
Como parte de sus declaraciones, Narváez dijo manejar datos provenientes de instituciones de seguridad del Estado que señalan que durante el primer semestre del años presuntamente “han sido asesinados 66 policías de la mano de la delincuencia y 135 niños y adolescentes y 78 mujeres”.
PROPUESTA
El activista por los derechos humanos sugirió al Gobierno Nacional que convoque a todas las expertas y a todo los expertos interesados en participar en la búsqueda de soluciones al problema de la inseguridad. Igualmente, invitó a discutir nuevos medios para estimular a los integrantes de los cuerpos de seguridad en su lucha contra el hampa.
También llamó a fortalecer los mecanismos de inteligencia, y a concentrar a las mujeres y a los hombres que han sido formado por el Estado, y sin distinción de color político, convocarlos a participar en esta cruzada.
Otra propuesta del abogado se relaciona con la implementación de un plan de desarme efectivo que comprenda todas las cárceles del país y al resto de las venezolanas y venezolanos sin ningún tipo de privilegios. “No se puede llegar a la justicia por las propias manos, eso significaría la involución del derecho”, apuntó.
Por último, recordó que el derecho civil más importante contemplado en la Carta Magna es el derecho a la vida y aseguró que el Estado venezolano cuenta con los mecanismos para proteger y hacer cumplir este privilegio inalienable.