Cuando después de la primera década del siglo XX el petróleo irrumpe con fuerza en la economía, la política y cultura de nuestra Nación, el Estado lo encarnaba en primerísimo primer lugar el general Juan Vicente Gómez; luego estaban sus familiares, compadres y allegados.
Las compañías inglesas y estadounidenses dedicadas al negocio del oro negro tenían que entenderse con él y él con ellas, pues ambos vivían una simbiosis de la que dependían ganancias y permanencia en el poder.
Aun así hubo funcionarios que, aunque designados por Gómez, dejaron en la historia de nuestro país ejemplos de conductas nacionalistas, como fue el caso de Gumersindo Torres: dos veces ministro de Fomento, dos veces protestado por las petroleras y dos veces destituido por intentar hacer reformas legales favorables para la República.
La tensión en las relaciones entre el Estado venezolano y las compañías que explotaban a sus anchas los hidrocarburos en Venezuela continuó en ascenso a medida que avanzaba el siglo y se fortalecían lentamente nuestras instituciones.
La Nación fue ganando terreno, especialmente durante el gobierno del presidente Isaías Medina Angarita (derrocado por los militares de Marcos Pérez Jiménez y por la Acción Democrática de Rómulo Betancourt), cuando –aprovechando nuestra importancia estratégica en plena II Guerra Mundial- fue aprobada la Ley de Hidrocarburos de 1943; y cuando, en 1958, la Junta de Gobierno de Wolfgang Larrazabal Ugueto madrugó a tirios y troyanos con la aprobación de la Ley de Impuesto sobre la Renta, mediante la cual el país avanzaba en el terreno de la soberanía fiscal.
Años después vino la nacionalización petrolera convenida e ideada por las petroleras y aceptada con generosidad extrema por la IV República. Y de esa realidad surge la vieja Pdvsa, una empresa nacional conformada por gerentes antinacionales que comienza a desmontar las conquistas del pasado hasta darle forma a la Apertura Petrolera, experimento en que se negó la propiedad del Estado sobre la tierra (el recurso natural), la existencia de los poderes (contratos firmados sin ir al entonces Congreso Nacional) y que mas tarde llegaría a su climax y a su final, al retar la legitimidad de las decisiones que sobre el sector petrolero tomara el Gobierno encabezado por el presidente Hugo Chávez.