El 75 por ciento de los delitos en Venezuela se cometen en diez entidades de la nación, por lo que el Gobierno Bolivariano decidió desarrollar en esas regiones el Dispositivo Bicentenario de Seguridad.
Bolívar, región sur-oriental de Venezuela, fue seleccionada como estado piloto para este plan que viene a complementar la política de seguridad ciudadana que se ejecuta desde el Ministerio de Interior y Justicia (MIJ).
Distrito Capital, Carabobo, Zulia, Bolívar, Miranda, Aragua, Lara, Anzoátegui, Táchira y Barinas concentran alrededor del 69 por ciento de la población venezolana, de acuerdo con cifras oficiales aportadas por el Gobierno. En esas regiones, que han sido catalogadas como las más delictivas de la nación, se comenten el 78 por ciento de los homicidios, reportó Edwin Rojas, director de Prevención del Delito del MIJ y comisionado del citado plan.
Uno de los problemas más denunciados por los ciudadanos y ciudadanas venezolanas es la inseguridad, un aspecto que ha sido admitido por voceros del mismo Gobierno.
El 55 por ciento de las venezolanas y los venezolanos piensan que el principal problema de la Nación Bolivariana es la delincuencia, reportó el informe más reciente de Latinobarómetro. La cifra representa la más alta de toda Latinoamérica expuso la misma empresa encuestadora.
El 19 por ciento de los latinoamericanos y latinoamericanas consideran a la delincuencia como el principal problema a resolver en sus respectivos países, una cifra que se triplica en Venezuela, según se puede ver en el informe de la encuestadora con sede en Chile.
El dispositivo de seguridad se iniciará el primero de marzo y desplegará al menos 26 mil hombres y mujeres en los 36 municipios donde ocurren más crímenes en el país, anunció el MIJ.
“Sumaremos esfuerzos con gobiernos regionales y gobiernos municipales”, explicó Tareck El Aissami, ministro de Interior y Justicia.
En aquellos estados en manos del oposicionismo se impide que el gobierno bolivariano ejecute políticas estratégicas. Entre los estados mencionados se encuentran Carabobo, Táchira, Zulia y Miranda, que son dirigidos por gobernantes contrarrevolucionarios.
En estas cuatro regiones, sumadas al Distrito Capital, se incautó el año pasado el 60 por ciento de la droga, reveló un informe de la Oficina Nacional Antidrogas.
La Defensoría del Pueblo en el Zulia denunció que en ese estado existía una estructura narcoparamilitar que impedía desarrollar políticas de seguridad ciudadana. “Hasta que no se quiebre esa estructura, no se podrá solucionar el problema de la inseguridad”, declaró Antonio Urribarrí, defensor del pueblo en el Zulia.
Esa estructura, incluso, ha penetrado el comercio informal en Zulia, donde el lavado de dinero es una práctica común en el centro de la ciudad. Esta penetración es alarmante si se considera que Zulia, Carabobo y Miranda acumulan los índices más altos de trabajadores informales en Venezuela, expone el portal del Instituto Nacional de Estadística.
Las autoridades municipales de Machiques de Perijá y Mara han reconocido la presencia paramilitar, lo que agudiza un problema heredado de gobiernos anteriores y que se incrementa al compartir frontera con Colombia, el país mayor productor de drogas del mundo.
MODELO HUMANO
El dispositivo de seguridad está basado en un modelo “verdaderamente humano” que estará a la disposición del pueblo y “no de la burguesía apátrida que atropelló al pueblo en el pasado”, dijo el titular del MIJ.
Los municipios Caroní y Heres, del estado Bolívar, fueron escogidos para iniciar el plan. Sin embargo, el resto de la entidad también será atendida en materia de seguridad.
Toda esta estrategia está dentro del Plan Nacional Integral de Seguridad Ciudadana de la Revolución, anunciado desde el año pasado y que cuenta con otras instancias.
Dentro del modelo capitalista imperaba un modelo “de represión y de la violencia”, en el que dominaba “la cultura del individualismo”, explicó ElAissami.
“Las revolucionarias y revolucionarios estamos obligados a luchar cada vez más por eliminar ese modelo e imponer el modelo de la vida, de la inclusión, de la atención a los pobres y las comunidades”.
La seguridad ciudadana no sólo es un tema policial, sino que tiene que ver “con los valores y la educación”, advirtió el ministro.
“El Estado le devolverá la paz y tranquilidad a todos los sectores del país, lo que también tiene que ver con la transformación radical de nuestras conciencias, de nuestras conductas, de los valores, la familia como primer elemento de socialización, la escuela, los barrios, las comunidades y las instancias formales: la policía, el sistema penal, el Ministerio Público, los tribunales, entre otros”.
ALTA INVERSIÓN
El Gobierno Bolivariano invertirán más de 313 millones de bolívares, para “el mejoramiento de toda la logística de dicho plan”, informó Rojas.
El índice de homicidios es la principal variable que pretende disminuir el Dispositivo Bicentenario. Las autoridades aspiran a reducir en 50% este primer año.
El plan es un dispositivo integral que tendrá dentro de sus objetivos el desarme, control de alcohol, microtráfico de drogas, control vial, violencia escolar, investigación criminal, y vigilancia y patrullaje.
Se formarán 500 investigadores criminales del CICPC y se destinarán 146 millones de bolívares sólo para la investigación, precisó Rojas.
Otro de los objetivos es “demostrarle al mundo que no hace falta reprimir para ejercer control social”, según El Aissami.
“Es imprescindible la participación del Poder Popular. La Ley Orgánica del Servicio del Policía establece que los Consejos Comunales están en la potestad de pedir rendición de cuentas a los funcionarios, y esa es una fórmula perfecta para avanzar en la dirección correcta, que es la articulación de los cuerpos de policía y sembrar así la cultura de la paz sobre la cultura de la violencia y la represión propia del Estado burgués”.
El titular del MIJ explicó que los cuerpos policiales deben elevar su ética, ya que no puede haber un corrupto en los cuerpos policiales.
Cerca del 20 por ciento de los delitos del país son cometidos por efectivos de los cuerpos policiales, reveló el MIJ. “No puede haber funcionarios que atenten contra el pueblo, que lo atropellen, de ahí al decisión de conformar la Policía Nacional Bolivariana”.
Logro
GOBIERNO BOLIVARIANO DOTÓ A LA POLICÍA DE BOLÍVAR
Con el propósito de fortalecer la lucha contra la delincuencia en Bolívar, el gobernador Francisco Rangel Gómez, junto con el ministro Tarek El Aissami, entregaron ayer 227 unidades motorizadas, 177 chalecos antibalas, mil 692 equipos integrales de radiocomunicación y 192 computadores a la policía regional.
De igual manera, se colocaron reconocimientos a los funcionarios policiales.“Es de vital importancia rescatar la Policía de Bolívar, como vía para batallar contra un flagelo que fue heredado de décadas de descomposición y desigualdad social. Ahora se asume esta lucha con un pensamiento socialista. No se trata de asumir el control de la seguridad de forma represiva sino en compañía del pueblo organizado, que es el que tiene el poder”, sostuvo el mandatario regional.
La entrega de estos equipos permitirá a los funcionarios de Polibolívar penetrar, de manera más acertada y eficiente, en las distintas zonas de la región y actuar de la mano con la comunidad organizada para reducir los índices delictivos, indicó el Gobernador.
Rangel Gómez destacó el incremento de la inversión anual en el estado, la cual, a su juicio, no pasaba hace seis años de 5 millardos de bolívares antiguos (5 millones de bolívares fuertes), para sumar hoy 86 millones de bolívares fuertes.
El Gobernador mencionó las reivindicaciones alcanzadas por su gobierno a favor de los policías regionales. “Los funcionarios policiales ahora cuentan con un aumento en la cobertura del seguro de hospitalización, cirugía y maternidad, cobertura de seguro de vida, incremento de bono vacaciones y de alimentación, así como la entrega de 150 viviendas nuevas y la construcción de cien más sólo para los efectivos de seguridad. Todos estos beneficios se han logrado gracias al Gobierno Bolivariano, pues en el pasado no contaban con estos beneficios laborales”, enfatizó.
Advierte MIJ
SERÁN INTERVENIDAS POLICÍAS OPOSITORAS QUE NO ACATEN LA LEY
“Los cuerpos policiales de los estados opositores deberán unirse al Dispositivo de Seguridad Bicentenario, dejar de ser permisivos con la incidencia delictiva en sus jurisdicciones y acatar los lineamientos del Poder Popular para el Ministerio del Interior y Justicia. Nosotros tenemos la facultad de inhabilitar o intervenir los cuerpo policiales que actúen a contracorriente, pero esa no es la idea. Pretendemos involucrarlos y evitar que sigan permitiendo el incremento del delito, de manera impune, como hasta ahora. Ya es hora que se pongan al servicio de las comunidades y del pueblo”.
Quien así se expresó fue el director de prevención del delito, Edwin Rojas al hablar sobre la puesta en marcha del Dispositivo de Seguridad Bicentenario.
Rojas explicó que el Dispositivo fue diseñado sobre la base de las cifras del comportamiento delictivo del país. “En los diez estados del país donde se iniciará el dispositivo, se registra el 75 por ciento de los delitos lo que implica que al hacer un abordaje de estas zonas estaremos impactando en ese porcentaje, lo que se traducirá en un vuelco radical en lo que se refiere a las políticas de seguridad”.
Explicó el titular del despacho de Prevención del Delito que en estos diez estados venezolanos no sólo se da el 75 por ciento de los delitos, sino también de los homicidios. “La intención es priorizar las zonas con mayor incidencia y poder ir a lo más local; llegar, incluso, a la parroquia más peligrosa del país”, dijo.
Agregó Rojas que más de 26 mil efectivos de los distintos organismos de seguridad del Estado se sumarán al nuevo Dispositivo de Seguridad que conducirá el ministerio. “Los organismos policiales municipales y estadales, al igual que los efectivos de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la Dirección del Prevención del Delito participarán en el proyecto”, confirmó.
“En pocos meses podremos mostrar resultados bastante optimistas. Estamos conscientes que al minimizar la violencia en estos estados, bajarán los índices en el resto del país”, aseguró.