Este martes, a las 2:00 de la tarde la Asamblea Nacional (AN) retomará el período de sesiones ordinarias con la segunda discusión del Proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, el primero presentado por iniciativa popular en el Parlamento venezolano.
Los diputados darán la revisión definitiva a esta propuesta legal en la sesión prevista en la que también considerarán tres créditos adicionales: dos créditos para el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia (Mpprij), y uno para el Gobierno del Distrito Capital.
El proyecto de Ley de Arrendamientos incluye, entre otros aspectos, una metodología para la determinación de los cánones de alquiler según el método de costos, descuentos para la venta de los inmuebles a los inquilinos, que varían según los años que tengan las familias como arrendatarios; y sanciones para quienes violen la normativa, que van desde 50 a 1.000 unidades tributarias.
El presidente de la Comisión, diputado Diosdado Cabello, del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), ha señalado que se trata de una propuesta de ley que defiende los intereses de más de 750.000 familias que viven en condición de arrendamiento en el país, más aquellos que habitan en pensiones y residencias estudiantiles.
La metodología para la fijación del canon de arrendamiento, que será determinada por la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas, tomará en cuenta los tipos y materiales de la construcción. El valor del terreno no será considerado, aunque sí la ubicación.
Los descuentos para la compra de las viviendas que están arrendadas dependerán del tiempo que como inquilino tenga el comprador. Será de hasta 25% para quienes acumulen más de 40 años en alquiler.
Además, una de sus disposiciones transitorias ordena la regularización de los edificios de vieja data. Explicó Cabello, el miércoles, que en muchos de esos inmuebles no se conoce quién es el dueño o son administrados por compañías con un poder legal desde hace más de 50 años.
De igual manera, con las sanciones se alimentará un fondo para la protección del inquilino y el pequeño arrendador, que es aquel que tiene hasta dos viviendas en alquiler.
El diputado ha destacado que el proyecto de ley respeta la propiedad privada y garantiza reglas claras en el arrendamiento de viviendas para ambas partes.
Se eliminan discriminaciones al momento de alquilar, relacionadas con la existencia de hijos, personas con discapacidad o la preferencia sexual del arrendatario; desaparecen los depósitos y se fija el contrato en mínimo tres años.
Además, se reconoce el derecho de los familiares de continuar habitando un inmueble alquilado, en caso de que muera el integrante que firmó el contrato.
Este proyecto de ley fue el primero presentado ante la AN por iniciativa popular, en marzo de 2011, por el movimiento de inquilinos. La propuesta fue nutrida con aportes de diferentes sectores, y la discusión en la Comisión ha estado siempre acompañada por los sectores organizados de inquilinos y propietarios.