-¿Hay o no hay libertad de expresión en Venezuela?
-En Venezuela hay más libertad de expresión que nunca. Diría que más bien hay un abuso de esa libertad. Hay que tomar en cuenta que el concepto de “libertad de expresión” es un concepto de origen burgués, que la mayoría de las empresas de comunicación y buena parte de los periodistas –formados para ser obreros de la comunicación- entiende como sinónimo de la libertad de empresa y la defensa en términos absolutos de sus propios intereses, pasando por encima de los intereses comunes de la sociedad en la cual se desarrollan
-¿Han sido o no han sido cerrados medios de comunicación en Venezuela en la última década?
-Para nada. Lo que se ha hecho es hacer cumplir la ley. En un país donde los sectores poderosos se declaran abiertamente contrarios a un Gobierno electo por la mayoría popular; donde esos sectores, que incluyen a la mayoría de las empresas de comunicación privadas, no ocultan sus planes para derrocar al gobierno o al menos hacer ingobernable el país, cualquier acción ceñida a la legalidad que afecte directamente los intereses de esos sectores poderosos será tomada como una agresión antidemocrática y violatoria de los derechos humanos.
SE PERSIGUE AL CHAVISMO
-¿En Venezuela se persigue a personas por opinar?
-Yo creo que sí, pero no es el gobierno el que persigue. Se ha establecido una especie de estigma sobre los chavistas, a los cuales se descalifica en cualquier espacio. El estereotipo impuesto mediante feroces campañas en este sentido indica que los chavistas somos “incultos, groseros, brutos y feos”.
Quiaro recuerda que en una entrevista radial efectuada hace unos dos años, la actual presidenta del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) “se atrevió a decir que ser periodista y chavista era incompatible. Y con esa excusa se ataca, se persigue y se agrede a todo aquel que tenga una opinión favorable a las acciones del Gobierno Nacional”.
Se puede alegar, prosigue Quiaro, “que hay ataques a periodistas de medios privados y voceros de organizaciones opositores, pero estos son hechos aislados, no políticas de gobierno. Y te lo digo con la experiencia de haber pasado por las ‘lista negra’ de Enrique Mendoza (exgobernador y hoy diputado) en el estado Miranda cuando ejercí como reportera en esa entidad, o el veto y la persecución de Eduardo Lapi en Yaracuy”.
-¿Hay en el país «persecución criminal» contra quienes emiten opiniones antigubernamentales?
-No. Más bien creo que han faltado medidas como las que tomó un tribunal en Ecuador ante las acusaciones de un medio impreso contra el presidente Correa. Lo que pasa es que en Venezuela cualquiera quiere decir lo que le venga en gana sin asumir la responsabilidad de los que dice, y si se investiga y se señala el origen de sus afirmaciones, entonces se pretende hablar de persecución.
“¿Tú te imaginas que se hubiera demandado a ciertos medios por las acusaciones infundadas en contra del Presidente, de funcionarios públicos o de dirigentes políticos del chavismo?”, se pregunta Quiaro.
“Las pocas demandas que particulares han presentado contra columnistas o periodistas han favorecido a los demandantes, se ha demostrado la mentira y la mala intención. ¿Eso es persecución? No, es la aplicación de la ley para proteger la honorabilidad de personas que han sido atacadas de manera inmisericorde por quienes se amparan bajo la libertad de expresión”, concluyó.
LUCES Y SOMBRAS
-¿El Estado restringe el acceso a la información pública?
-En ese tema creo que hay luces y sombras. En estos años hemos visto mucha manipulación de cifras y la permanente desacreditación de cualquier cifra o afirmación que haga el Ejecutivo Nacional o los Poderes Públicos. Uno puede acceder a información actualizada y relevante sobre la gestión gubernamental en páginas web.
Sin embargo, refiere Quiaro, “queda por hacer en ese sentido. No creo que sea una política de Estado restringir el acceso a la información; ni siquiera una política de gobierno. Sí creo que hay discrecionalidad de muchos funcionarios”.
-¿Es necesaria una ley que garantice el acceso a la información pública?
-Eso depende de lo que se espere de un instrumento como ese. En el artículo 143 de la Constitución Nacional se establecen los criterios para que los funcionarios públicos informen a los ciudadanos sobre los asuntos bajo su responsabilidad, y si bien esos criterios podrían desarrollarse bajo una ley, no veo razones para que se privilegie de alguna manera el acceso de los medios de comunicación, particularmente de las empresas privadas, a la información que emana del Gobierno o de los poderes públicos.
A juicio de la comunicadora, en esta época, con la posibilidad de crear canales de comunicación directos entre el Ejecutivo y la ciudadanía, “los medios de comunicación tradicionales no tienen ese papel privilegiado de intermediarios exclusivos entre la sociedad y los gobernantes”.
Considera, en cambio, “que los planteamientos de muchas ONG’ y empresas privadas de comunicación van más dirigidos a imponerle condiciones a los Poderes Públicos para garantizar su supervivencia, que a garantizar un derecho de los ciudadanos”.
AVANCES
-¿Cuáles son los avances en materia de libertad de expresión y derecho a la información en la última década?
Quiaro enumera algunos: “La creación y apoyo a cada vez más medios comunitarios y alternativos, la masificación de la tecnología, el internet, y la alfabetización tecnológica”.
La periodista señala que si todos los derechos están interrelacionados, “y asumimos además que son derechos de las personas, de los grupos humanos, de los pueblos, no podemos considerar como portadores exclusivos de este derecho a las empresas de la información y la industria cultural”.
En ese campo, subraya, “creo que Venezuela, su pueblo, ha demostrado estar muy por encima de periodistas y comunicólogos para darse el derecho a comunicar”.