Estudiantes chilenos marcharon este miércoles por las calles de Santiago y entregaron una carta en el palacio presidencial de La Moneda para expresar su rechazo al cierre de la Universidad del Mar.
Los estudiantes llegaron hasta la Alameda, cerca del palacio de Gobierno, donde la policía militarizada chilena bloqueó el paso y sólo permitió el acceso de un grupo de los manifestantes para entregar la misiva en la sede del Ejecutivo, reseñó Prensa Latina.
Con esta actividad, los estudiantes abogan por el futuro de 22.000 alumnos y trabajadores de la la casa de estudios que el Ministerio de Educación ordenó cerrar, bajo el argumento de que sus directivos no respetaron el estatuto de la universidad e incurrieron en irregularidades en su administración.
El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Mar, Raúl Soto, dijo que ahora sólo queda esperar la respuesta del Ejecutivo.
«Los requerimientos del movimiento son a favor de la comunidad universitaria en general. El problema tiene que abordarse desde el nivel social», comentó Soto, quien precisó que pidieron al mandatario chileno, Sebastián Piñera, crear una mesa de trabajo para encontrar una solución al conflicto.
Los estudiantes demandan al Gobierno que se haga cargo de la universidad privada, a fin de salvarla.
«Los estudiantes tienen derechos y el Estado es responsable del caos que se ha creado, fue el Estado el que acreditó a la universidad, es el Estado el que le da autonomía a la universidad y, por lo tanto, es el Estado el que se tiene que hacerse cargo del problema que ha generado», señaló Gabriel Boric, vocero saliente de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech).
El 29 de octubre pasado el ministro de Educación, Haral Beyer, solicitó la cancelación de la personalidad jurídica y la revocación del reconocimiento oficial al plantel.
Esta orden se dio luego que se llevara a cabo una auditoría a la institución, en la que se comprobó que la administración de la universidad incurrió en sobornos a las autoridades educativas, con el fin de acceder a ayuda estatal.
Se comprobó además que la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) le otorgó la calificación necesaria a la universidad para que accediera a tal ayuda.
Por esta razón, además del exrector de la universidad Héctor Zúñiga, también es investigado el exdirector de la CNA, ante las sospechas de que la institución habría sobornado a la entidad pública para obtener esta calificación.
El centro de estudios es una institución privada fundada en 1989. Su casa central se encuentra en Viña del Mar y cuenta con 15 sedes en otras ciudades del país.