Estudiantes chilenos, Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y más de 70 organizaciones marcharán este miércoles por las calles de Santiago de Chile para exigir una educación pública, gratuita y de calidad, luego de la intensa jornada del martes que dejó más de 260 detenidos y la amenaza del Gobierno de aplicar la Ley de Seguridad del Estado.
Los jóvenes iniciarán la masiva movilización desde cuatro puntos diferentes de la capital, pese a la limitación impuesta por la Intendencia de Santiago que autorizó sólo dos recorridos el lunes.
Los recorridos culminarán en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, en la calle Beauchef, el mismo lugar donde en la última convocatoria se vivieron enfrentamientos entre encapuchados y Carabineros (Policía militarizada).
La primera marcha comenzará en Estación Central, seguirá por algunas manzanas por la Alameda, la principal avenida de la capital chilena, y seguirá por Avenida España, mientras que la segunda partirá en la tradicional Plaza Italia y continuará por Portugal hasta llegar a la sede de la casa de estudios.
A las marchas también se sumará la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), que este lunes confirmó que asistirá a las movilizaciones, tras acordarlo este fin de semana en asamblea nacional.
Al paro se unirán protestas en otras importantes ciudades de esta nación, de acuerdo a las confederaciones.
La convocatoria tiene además lugar un día después de que el Gobierno anunciara que interpondrá una querella por Ley de Seguridad del Estado para actuar con la fuerza contra quienes generen disturbios.
El anuncio fue hecho por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, luego que un grupo de encapuchados quemara un bus del Transantiago en la comuna de Macul.
«Estoy seguro que la gran mayoría de los chilenos no hubiera querido llegar a este punto y nuestro gobierno tampoco. Pero la violencia y ferocidad de estos hechos ponen al gobierno en la obligación de invocar a una ley vigente», dijo el jefe de gabinete.
La Ley de Seguridad del Estado castiga a quienes cometan delitos contra instalaciones o medios empleados para el funcionamiento de servicios públicos. Y obliga a los tribunales a aplicar las sanciones más duras contempladas para cada delito. En este caso, los eventuales culpables podrían recibir penas de entre cinco y 10 años de cárcel.