Una conmoción ha causado el homicidio de más de 40 funcionarios policiales en varios estados del país. Para el ministro de Interior y Justicia, Gustavo González López, estas acciones obedecen a un “plan perverso” con implicaciones políticas. Los primeros anuncios los hizo el pasado 19 de abril vía Twitter. “Tenemos pruebas de que los recientes actos en los que han perdido la vida nuestros funcionarios policiales son parte de un plan perverso”, expresó el funcionario a través de su cuenta @GonzalezMPPRIJP.
En otro mensaje, difundido dos días después en la referida red social, vinculó estos hechos con algunos sectores opositores que son apoyados por el expresidente colombiano Álvaro Uribe Velez. “La Mafia Amarilla mientras juega a hacer política, mantiene pactos con la delincuencia criminal y con los paracos que le envía Álvaro Uribe”, argumentó. Asimismo, alegó que el estado Miranda supuestamente tiene el mayor índice delictivo de América Latina. “De cada dos hurtos, uno ocurre en el municipio Sucre. De cada tres robos de vehículos, uno ocurre en el municipio Sucre. De cada tres homicidios, uno ocurre en el municipio Sucre”, detalló el ministro, aseveraciones que el alcalde de Sucre, Carlos Ocariz, negó.
Durante una rueda de prensa ofrecida en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el pasado lunes, González complementó la información y señaló que no es casualidad que muchos sucesos de similar naturaleza hayan tenido lugar en esa entidad. “¿Dónde se hicieron las guarimbas? ¿Dónde murió Eliézer Otaiza?”, cuestionó.
FONDO POLÍTICO
El ministro estimó que el homicidio de policías tendría un fondo político “selectivo, progresivo y escalonado”. Además, indicó que mediante los mismos se ha generado una ola de escándalos “con ciertos funcionarios, en ciertos territorios, por ciertos actores políticos”, y que en parte, esta reacción es entendible, dado que “generalmente la desesperación y la frustración traen aceleramientos”.
Mencionó que han podido recabar información importante; “por eso me atrevo a decir que el plan es perverso”. Dijo que las pruebas “están a buen resguardo” y que las investigaciones continuarán desarrollándose. En los procesos realizados por esos eventos, describió, “hay capturados, solicitados, en búsqueda y pronta captura identificados plenamente”.
Sobre el caso del funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) asesinado en Antímano, dijo que “la referencia ha sido muy poca”. En el resto de los casos, contrastó, están plenamente identificadas las actuaciones. “En el nivel de interrogatorio tenemos una franja de participación identificada”, agregó.
González López expresó que el paramilitarismo en Venezuela no es igual que en Colombia. “Aquí ha mutado y tiene una forma de expresión propia, enmascarada en cualquier cosa”, detalló. Sobre la actuación de estas organizaciones en el país, aseveró que las mismas “exploran el terreno e ingresan como legitimación de capitales, narcotráfico, etc”.
Explicó que cuando se confunde la seguridad de Estado, abordándola solo por el orden público, se entra en la trampa de no proteger al ciudadano. “Recientemente tuvimos un caso en un municipio donde apenas posesionaron un camión de aseo, salieron todos los policías, porque la prioridad de esa policía es el modelo viejo de la seguridad nacional, de anteponer el Estado -en ese caso, la hegemonía de la autoridad- sobre el ciudadano”.
En ese sentido, hizo un llamado a las y los funcionarios de los distintos cuerpos policiales de Miranda. “A los comandantes de las policías se les ha dado la orientación de extremar todas las medidas de seguridad para con sus hombres”, agregó. También pidió el apoyo de las comunidades.
LA MAYORÍA NO ESTABA EN SERVICIO
Keymer Ávila, abogado y máster en criminología y sociología jurídico-penal, además de investigador del Instituto de Ciencias Penales de la UCV, ofreció datos preliminares de una investigación reciente sobre homicidios en Venezuela, realizada por él mismo en coordinación con el psicólogo social Andrés Antillano, bajo la tutela del Instituto de Ciencias Penales de la UCV. Reveló que el promedio de edad del funcionario policial que está siendo víctima de asesinato es de 30 años y que 92,8% de los casos han sido con uso de armas de fuego, “lo que quiere decir que el funcionario policial es más susceptible a morir por armas de fuego”.
Asimismo, indicó que 71,43% de los funcionarios ultimados no se encontraba en el ejercicio de sus funciones. “En cierta medida, esto se parece un poco a un informe hecho por la Policía de Miranda”, acota. Solo 21,43% se encontraba prestando servicio. El estudio también determinó que 48,21% de los funcionarios no se encontraba identificados y 66,1% no se encontraban uniformados. “Es decir, que el estar identificado como policía pareciera no ser un factor determinante para ser víctima”, analizó.
En cuanto los móviles, señala que la investigación evidenció la existencia de un conflicto vinculado con actividades criminales, con 53,57%, bien sea como víctima, victimario, o en el ejercicio de sus funciones. Dice que al indagar sobre estas actividades criminales, lo primero que aparece es el robo, con 62,5% de los casos. Y el primer lugar en los robos lo ocupan las armas de fuego, con 54,29%. El segundo móvil de robo son las motos, con 14,29%. “Las armas y las motos suman casi el 70% de los casos de robo”, dilucidó.
Por otra parte, destacó que los conflictos interpersonales se ubicaron en un segundo lugar con 23,21%. “Ahí entrarían riñas, conflictos vecinales, conflictos pasionales”, explicó. En tanto, para 12,5% de los casos no se encontró claro el móvil, o fue por lo que los abogados llaman motivos fútiles o innobles; “es decir, me miraron feo, me tropezaron, pero no se encontró un vínculo entre víctima y victimario”. Finalmente, informó que el asesinato por legítima defensa abarcó 7,14% de los casos y los accidentes con armas de fuego un 3,57%.
DESESTABILIZAR EL PAÍS
El presidente de la comisión presidencial para la revolución policial, Freddy Bernal, comparte la hipótesis del paramilitarismo. Entrevistado en el programa “Sin coba”, que transmite Venezolana de Televisión, aseguró que son tres los objetivos que se buscan mediante estas acciones: “Primero, tratar de golpear la moral de nuestros funcionarios policiales, segundo, causar una conmoción en la opinión pública, y tercero, desestabilizar al país”.
Dice que cuando se habla de paramilitarismo, la gente suele pensar en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pero aclara que no necesariamente es así. “El paramilitarismo es una práctica que lamentablemente se extrapoló de Colombia hasta Venezuela por las fronteras, y se viene realizando desde hace tiempo”, reveló. A juicio de Bernal, el panorama se muestra ahora más claro: “Sin duda alguna que, ante el fracaso de la guerra económica, o para complementar la guerra económica, se estimula el asesinato de policías”.
El despacho de Relaciones Interiores “ha ido procesando una serie de informaciones y quizá en los próximos días y semanas iremos dando golpes importantes a esas mafias y a esos elementos del paramilitarismo que están asesinando a nuestros policías”, precisó. Además hizo un llamado a la ciudadanía para que se sume a la labor de proteger a las y los funcionarios policiales. “Esa inmensa mayoría que está en la calle, que son 140 mil hombres y mujeres comprometidos, arriesgan su vida por tu seguridad y por la mía”, concluyó.
FACTOR DE RIESGO
Refiere el sociólogo Antonio González Plessmann, integrante de la Red Alternativa de Derechos Humanos, SurDH, que “en Venezuela y en toda América Latina, ser hombre, joven, y vivir en un sector popular, constituye una situación de mayor riesgo para ser víctima de homicidio”. Eso pudiese explicar, en parte, lo que ha estado sucediendo con los policías.
Con base en la última Encuesta Nacional de Victimización, indicó que “el 78% de los homicidios cometidos en el país se concentran en sectores populares de las grandes ciudades”. A partir de los datos para América Latina, señala que “la tasa de homicidio en jóvenes es 2,6 veces más alta que la tasa de homicidio general”, pero además reporta la existencia de diferencias radicales entre los jóvenes de los sectores populares y los de ingresos altos.
Para la población joven de ingresos altos, detalló, “la tasa es de 21.4 por cada 100 mil habitantes”, mientras que para la población joven con ingresos medios y bajos “se eleva a 89.7 por cada 100 mil habitantes”, lo que, en su criterio, evidencia que “un joven de ingresos medios y bajos, en América Latina, tiene 4,1 veces más posibilidades de ser asesinado que uno de ingresos altos”.
Sostiene el activista de derechos humanos que, como la mayoría de los policías en el país son jóvenes, provienen de los sectores populares urbanos y, adicionalmente, están vinculados con la violencia, “tanto la que ejercen legalmente como -en algunos casos- la que pueden ejercer ilegalmente”, son un grupo en riesgo. Los datos, por si mismos, bastarían para explicar el asesinato de policías.
No obstante, señala que habría que investigar cada caso por separado para identificar si existe o no un patrón adicional de explicación. “En lo personal, soy contrario al recurso de las explicaciones conspirativas; no tanto porque no sean posibles, sino por lo que implican en términos de elusión de responsabilidades públicas en el control de la violencia delictiva”, esgrimió.
Una preocupación adicional, denuncia González, es lo que en su opinión sería la “lectura interesada” de estos hechos por parte de algunos medios privados y actores políticos de oposición. Esgrime que, “con ello, evidentemente, intentan aumentar la sensación de temor y desprotección de la población y que esto se transforme en rechazo al gobierno”.
REFORMA POLICIAL
El investigador afirma que el nuevo modelo policial, surgido de un proceso de consulta e investigación, “creó altos estándares de desempeño, eficiencia y eficacia policial; lo que incluye altos estándares en materia de derechos de la población y de los derechos de los propios funcionarios”.
Sin embargo, indicó que, lamentablemente la Reforma Policial ha perdido el impulso que inicialmente tuvo. “Luce sin dirección y sin metas claras. No se han mostrado nuevos logros en los últimos dos años”, especificó.
González recordó que la reforma recién inició su etapa de implementación en el 2010, pero para poder apreciar los resultados se requiere de un proceso de 10 años de ejecución sostenida. “Lo que ha ocurrido es que, con los cambios de gestión, ese proceso se ha detenido o ralentizado”, analizó.
En opinión del especialista, “hay que continuar la Reforma Policial, calendarizarla, colocarle metas, rendir cuentas públicas periódicamente sobre los avances de la misma”. Asimismo, sugiere aumentar los consensos en torno a ella; “primero entre las fuerzas y sectores que impulsan la Revolución, y luego entre sectores que le son adversos, pero que pueden entender la importancia estratégica de contar con una policía honesta, eficaz y garante de los derechos humanos de la población”.
HAMPA COMÚN
El abogado, exdiputado opositor y experto en materia de derechos humanos, Rafael Narváez, también responsabiliza al hampa común del asesinato de funcionarios policiales: “El delincuente ha asumido con resentimiento el asesinato de policías, no solamente en el área metropolitana, sino en Venezuela”. Solo en el año 2014 –aseguró- 332 funcionarios policiales perdieron la vida en manos del hampa, de los cuales, 182 prestaban servicio en Caracas. En lo que va del 2015 –añadió- habrían fallecido 165 funcionarios a escala nacional, y de esa cifra, 44 fueron ultimados en la ciudad capital. “En menos de ocho días han asesinado a seis”, advirtió en un encuentro con los medios de comunicación.
De acuerdo con el especialista, 30% de estos policías fueron despojados de sus armas de reglamento, lo que ratifica -a su parecer- el móvil del robo. “El hampa asume con gallardía, con fuerza, y va hacia la víctima, que es el policía: le quita la vida, lo desarma y deambula impunemente”, fustigó.
Dice que, pese a que “la ciudad está militarizada, no se entiende por qué hay tantos crímenes” y que 98% de los crímenes cometidos en el país “quedan impunes”. En ese sentido, instó al presidente Nicolás Maduro a hacerle un llamado de atención al Ministerio Público. “¿Por qué el delito no se sanciona? ¿Qué pasa ahí con la impunidad?”, cuestionó.
Aseveró que los familiares de las víctimas deben ser compensados con una ayuda para resarcir de alguna manera el daño: “Los familiares de estos policías también necesitan una indemnización, son venezolanos y por lo tanto tienen derecho”, sentenció. Además, manifestó su deseo de reunirse a la brevedad posible con Freddy Bernal, quien a su juicio “ha venido haciendo un trabajo excelente en cuanto a la depuración policial, pero también debe hacer un esfuerzo para pronunciarse sobre esa matanza que tiene que detenerse”.
Asimismo, planteó la necesidad de sostener un encuentro con el ministro de Relaciones Interiores, a fin de declarar la emergencia. “¿Cuál es el temor de declarar la emergencia?”, puntualizó.
De igual forma, refirió que se debe conversar con todas y todos los alcaldes y gobernadores de Venezuela, así como con las diputadas y los diputados que conforman la Asamblea Nacional. El especialista se ofreció para colaborar en ese sentido e insistió en que todos los esfuerzos deben enfocarse en “buscar un mecanismo de inteligencia” para poner coto a esta situación.
PREJUICIOS NO AYUDAN
Ávila, como docente e investigador, estima que se han estado posicionando ideas que tienen como base prejuicios sociales y preconcepciones de los problemas sociales que, a su parecer, “en vez de contribuir a solucionar el complejo problema de la inseguridad, ayudan a crear una mala matriz de opinión que tiene un impacto en las decisiones políticas, y si las decisiones políticas se basan en malas opiniones, las decisiones también van a ser malas”.
Un cliché en el tema de la inseguridad, critica, es el discurso de los valores: “Se dice que se han perdido los valores, que ya no hay ética, que no hay moral, y eso afecta la institucionalidad”. A su juicio, “ese es un mensaje profundamente conservador, que ve a la política y a las relaciones sociales como si fueran armónicas, y busca la homogenización ideológica de la sociedad, porque hay un temor hacia la diversidad y la pluralidad”.
Esgrime que esa expresión está inserta en la oposición y en el gobierno. Para el docente universitario, ambos sectores tienen discursos idénticos, desde el punto de vista moralizante y conservador: “¿Qué dice la oposición? Que todos los males de la nación son por culpa del discurso violento del gobierno, porque cree en el Che Guevara. ¿Y el gobierno cómo contesta? Dice que es por culpa del discurso violento y golpista de la oposición, de las novelas y de las películas de Hollywood”.
En su criterio “la policía en Venezuela es como un péndulo, que va y viene entre las ausencias, las carencias y los excesos”. Ese péndulo, agrega, no se detiene en el medio, sino que va de un extremo a otro. “¿Cuál es el medio? La justa prestación de un servicio institucional, racional y moderado”. Insiste en que “los problemas sociales y de seguridad no se resuelven por decreto, ni con una ley, sino con voluntad política, con gerencia, con control y supervisión de las instituciones”. También considera que “hay que tener humildad científica y que no hay recetas mágicas” para solventar este tipo de situaciones.
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HIPERTROFIA POLICIAL Y ARMAS
Afirma que en el país hay una hipertrofia policial que, lejos de ser una solución para la criminalidad, pudiera ser un nuevo problema dentro del problema existente. Según Ávila, “hay un mito” llamado tasa de encuadramiento policial, que establecieron las grandes multilaterales para explicar la relación que debe existir entre la cantidad de policías con respecto a la densidad poblacional.
Menciona que el último estándar internacional de esa tasa, establece entre 300 y 400 funcionarios por cada 100 mil habitantes, “pero ese criterio por si solo nos dice muy poco, porque cada país, dependiendo de sus circunstancias, tendrá que tomar sus decisiones”. Sin embargo, asevera que es una referencia, pero para que esa ecuación funcione debe verse junto con otros factores.
“En Venezuela se agarraron de esa tasa de encuadramiento, como si fuera una moda, para justificar y legitimar un crecimiento brutal y muy acelerado de las policías, no contando con que la masificación de un servicio público trae inserto un problema, que es la afectación de la calidad de servicio”, criticó.
Por si fuera poco, en los últimos ocho años la tasa de encuadramiento ha crecido 10 puntos, añade. “En el 2006, cuando empezó la reforma policial, teníamos un total de 114.463 policías, ahora se está hablando de más de 140 mil. Es decir, que en los últimos nueve años, la cantidad de policías aumentó en 22,3%”, precisó. Frente a estas cifras, Ávila sentencia que “es falso que necesitemos más policías en el país”. A su parecer, “el problema de la criminalidad no se puede reducir al déficit de funcionarios”.
Por otra parte, sostiene que la última encuesta de victimización da cuenta de que el 79,48% de los casos de homicidio son producto del uso de armas de fuego. Un 13,41% se ha hecho con armas blancas; por tanto, “el acceso, disponibilidad y uso de armas de fuego es fundamental para el tema que aquí nos está convocando, que es la vulnerabilidad de funcionarios policiales”. Investigadores especializados en el tema del desarme alegan que el mercado ilegal de armas se nutre del mercado legal. Por ello resalta que “dentro de una política efectiva de control y regulación de armas, es vital que el Estado tenga estrictamente supervisada, controlada y fiscalizada la institución militar y policial”.
VIEJAS PRÁCTICAS
El asesinato de policías, referenció Ávila, no comenzó en 2015 sino hace varios años atrás. “Ana María San Juan, que es una investigadora muy seria, señala que en los últimos 30 años el fenómeno de los homicidios -en general- se ha quintuplicado”. Para el experto, la pobreza no es excusa: “Cuba, Haití y Bolivia son países pobres y su tasa de homicidio está por debajo de 7%, muy cerca a la media mundial”.
Lo que sucede en este momento, refuta, es que en el país “no ha habido información oficial”. Cifras mediáticas citadas por el experto reseñan que en 2012 hubo 104 casos, 99 en 2013, y 230 en 2014. Los estados con mayor número de casos, añade, fueron Caracas, con 132, Carabobo con 62 y Aragua con 41.
Asevera que “cuando no se informa, se da pie para que otros especulen”. Fragmentos de un informe elaborado a finales de 2014 por la Policía de Miranda, mencionado por el abogado, denotan que los casos de ese año aumentaron 20% con respecto al 2013. Además, determina que 80% de los funcionarios asesinados estaban en su tiempo libre, y que solamente en 13% de los casos el agente estaba debidamente uniformado y se encontraba en un enfrentamiento o en el cumplimiento de su deber. El principal móvil que ellos identificaron, según describe, es el robo de las armas de fuego, con un 36%, seguido del robo de motocicletas con un 22%.
SIN CONTENIDO
Plantea Ávila que el tema de los homicidios policiales, en el contexto de la polarización política que hay en el país y de la guerra mediática que se tienen entre ambos sectores, ha sido totalmente vaciado de contenido. “La respuesta que ha tenido el Gobierno es el silencio oficial, pues a partir del año 2005 no dieron más cifras. Al no tener datos oficiales, la respuesta de algunos sectores de la oposición ha sido el cálculo de cifras, donde además mezclan todas las muertes violentas”, reprochó.
Este procedimiento, condenó el especialista, carece de validez. “Ellos agarran las cifras de 2005 para atrás y empiezan a hacer proyecciones. No cuentan muertos; los calculan, pero no explican la metodología. Desde el punto de vista matemático, esas cifras son correctas, pero no están contando muertos reales”. De ahí provienen los 24.980 fallecidos reportados por voceros opositores.
Discutir las cifras de homicidio en este contexto, de acuerdo con el especialista en criminología, “pareciera ser poco útil”. No obstante, admite que las mismas son bastante altas. El último dato oficial que dio el Ministerio de Relaciones Interiores el año pasado era de 39%. Ese número, en su opinión, es alarmante. “El promedio mundial de la tasa de homicidio es de 6,9% y la Organización Mundial de la Salud dijo que por encima de 10% es una epidemia, así que con todo y lo que han dicho que ha bajado, el dato no es nada esperanzador”, concretó.
CARTEL, ARMAS E IMPUNIDAD
El criminólogo y exfuncionario del extinto Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Javier Gorriño, manifiesta estar casi seguro de que estas muertes responden a acciones del hampa común, debido a la presencia de tres elementos característicos que, a su juicio, resultan atractivos para los delincuentes.
El primero de ellos, explica, es el cartel. Se trata de una especie de liderazgo que los delincuentes tienen frente a sus similares y a otras bandas rivales. Aduce que ese cartel “da un estatus dentro del mundo hamponil”, incluso cuando los delincuentes van a un internado judicial. “Si un delincuente tiene cinco muertos y otro cuatro muertos, el primero tiene más cartel, pero sí de esos cuatro muertos, uno ha sido un policía, este tiene mucho más cartel, a pesar de tener menos número de muertos o de ‘muñecos’, como les llaman en el mundo del hampa”, ejemplificó.
Eso también ocurría en el pasado -contrasta- con los tipos de delitos que se cometían: “Un atracador de banco o de blindados se consideraba superior al que robaba a la gente para quitarle un reloj, y en las prisiones tradicionales cuando ingresa un delincuente de ese tipo, le tienen respeto”.
El segundo elemento, enumera, es la circulación y el mercado de armas. “Aquí, un arma de fuego puede tener mucho valor dentro de una banda, o puede ser vendida dentro de las prisiones donde le dan mucho dinero por la misma”, detalló. El tercer y último elemento, precisa, es la impunidad. “En los años 70 y 80, alguien mataba a un policía y en cuestión de horas se tenía identificado al autor del hecho”, rememoró. En el mundo hamponil, acota, se decía que “matar a un policía era un suicidio”, pero los casos que se registraban para esa época realmente eran pocos.
Este tipo de sucesos, refiere el criminalista, en cualquier parte del mundo constituyen un hecho de gran relevancia: “Recientemente, cuando mataron en Nueva York a un policía, hasta el vicepresidente de los Estados Unidos se pronunció en el velorio y hubo gestos muy duros por parte de los policías hacia el alcalde y otros políticos”.
Lo mismo ocurrió en Francia, agrega, luego del atentado contra Charlie Hebdo. “Independientemente de la conmoción que causó la muerte de los periodistas, el fallecimiento de dos funcionarios policiales durante este mismo hecho también tuvo impacto”, reseñó.
En Venezuela, contrasta el especialista y también docente universitario, el asesinato de agentes de distintos cuerpos policiales -más de 40 en los últimos días- no está siendo abordado como se debería. “¿Cuántos casos de esos han sido esclarecidos?”, se interrogó.
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ELIMINAR LA CORRUPCIÓN
Gorriño sostiene que la vinculación de funcionarios policiales con hechos de corrupción también pudiese ser considerada como un móvil en estos casos de asesinato, pero no maneja cifras al respecto, y por tanto, no profundiza sobre ese aspecto. “En todas las familias hay ovejas negras, y yo no te voy a decir que en las policías no las hay. En estos días se habla mucho de corrupción policial, pero no tengo información a la mano como para decir eso”, asintió.
Lo que si tiene claro es que “la corrupción dentro de los cuerpos policiales se puede eliminar”. Lo primero que hay que hacer, refiere, es tener mayor precaución en la selección de los agentes. “No se trata de escoger gente con un coeficiente intelectual altísimo, sino más bien gente que esté vocacionalmente inclinada a ser policía”, expresó. Esta no es una profesión para ganar dinero, esgrime, “sino para ayudar a los demás y obtener grandes satisfacciones a nivel personal que hacen crecer internamente mucho”.
Además, señala que hay que hacer énfasis en la formación y la supervisión de las funcionarias y los funcionarios. Con base en su experiencia en distintos organismos policiales y de inteligencia, recordó que en los departamentos donde llegó a trabajar los superiores sabían todo acerca de los agentes, lo cual permitía detectar cualquier anomalía y actuar de manera inmediata, si hubiese que hacerlo.
“Ahí se sabían las necesidades que tenía cada funcionario, desde el dinero que podían tener, hasta las dificultades para comprar comida unos días antes de la quincena, y eso es lo que permitía al supervisor saber si algún funcionario había tomado el mal camino”, describió. Comentó que “hay dos cosas en la vida que no se pueden ocultar, que son la tos y el dinero, y menos en grupos tan pequeños como son los grupos policiales”.
NIVELES DE EXIGENCIA
El criminólogo considera que ha habido ciertos avances en materia policial durante los últimos 15 años, pero también encuentra muchas fallas: “Hay cosas muy buenas y cosas muy malas, como en todas partes, pero yo creo que las cosas malas han afectado mucho”. Dijo que la UNES, como institución educativa, “es una idea muy positiva, aunque eso ya existía desde hace muchísimos años, pero debe aumentar su nivel de exigencia”.
Menciona que la formación que impartían en el Instituto Universitario de la Policía Metropolitana y el Instituto Universitario de Policía Científica, entre otros, era de alto nivel, lo que hacía que estas instituciones fueran muy afamadas y gozaran de mucho prestigio, incluso a escala internacional.
Otro inconveniente, aunque a simple vista no lo pareciera -esgrime- ha sido el cambio de uniformes. “Si uno sale en este momento a la calle y ve a un policía, no sabe identificar si es Policía Nacional, policía municipal o policía estadal. Presume que es de Libertador porque está aquí, o a lo mejor Nacional”, criticó.
El control ciudadano a veces es difícil, pondera el especialista, por lo que, a su parecer, es necesario simplificarlo. “Yo me di cuenta de eso hace muchos años, cuando trabajé el caso de un policía que mató a tres niñitos, que fue el famoso caso Ledezma. A muchos de los testigos les costó identificar al policía metropolitano dentro de los álbumes, porque el uniforme mimetizaba. ¿Cómo será ahora que los uniformes de todas las policías son casi iguales?”, acentuó.
Adicionalmente, señala que la similitud en las vestimentas policiales también puede causar malestar internamente, porque la mayoría de las y los agentes han creado una relación de identificación con sus uniformes, “se sienten orgullosos de sus escudos, de sus colores”.
