Los planteles privados de educación básica que infrinjan el tope de 22% para el aumento de matrículas y mensualidades, serán sancionados con penalizaciones, que van desde multas con base en el salario mínimo vigente hasta la inhabilitación del centro educativo, según el caso, informó la Ministra de Educación, Maryann Hanson.
La resolución, que fija en 22% el límite máximo para los incrementos en instituciones privadas de educación básica, obedece a un acuerdo conjunto entre tres instancias: el Ministerio de Educación, el Ministerio de Comercio y el Banco Central de Venezuela, que fue publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.719.
La ministra explicó que la participación del Banco Central de Venezuela en la resolución obedece a que este organismo establece, de acuerdo con el índice de inflación anual y con el índice de precios al consumidor, un ponderado para definir cuál es el porcentaje justo de aumento de la matrícula.
A pesar de que la resolución entró en vigencia desde el lunes 25 de julio de 2011, Hanson recordó que previo a ello seguía vigente la norma del año pasado que admitía hasta un 20% en el incremento de la matrícula.
Explicó que han recibido denuncias de un aumento del 67% en las matrículas de algunos planteles, lo que sobrepasa el límite establecido el año pasado del 20%, el cual estuvo vigente hasta el lunes 25 de julio.
La resolución establece que quienes infrinjan el decreto o realicen prácticas evasivas de cualquier naturaleza serán sancionados de conformidad a la Ley Orgánica de Educación y la Ley de Reforma Parcial de la Ley para la Defensa de las Personas al Acceso a los Bienes y Servicios.