Antes del año 2006 el ejercicio de la función policial se encontraba en una fase de descomposición ética y moral a tal punto que las violaciones de derechos humanos eran mucho más frecuentes de lo que cualquier sociedad medianamente democrática podía tolerar. Esto fue producto de años de abandono por parte del Estado de estas instituciones y de la imposibilidad de la ciudadanía de incidir en políticas públicas que generaran cambios en las mismas por no contar con herramientas y mecanismos de participación. Aunado a esto, los cuerpos de policías durante años habían sido instrumentalizados por los gobernantes para la represión social y política, la criminalización de la pobreza y la consecución de fines ajenos a su misión. La militarización de la misma la hacía mucho más alejada de la población civil.
Frente a este panorama el Estado, encabezado por el presidente Hugo Chávez, en aquel año hizo un acto histórico: convocó a una gran consulta nacional sobre la situación de los cuerpos de policías, su funcionamiento y la percepción de la población sobre ellas. Esto dio origen a lo que se conoció como la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol) encargada de la consulta. En la misma participaron más de 5.429 personas distribuidas en todo el territorio nacional en la consulta concentrada realizada por medios de talleres y foros temáticos, así mismo se recibieron aportes vía buzones de sugerencias e internet de 41.822 venezolanas y venezolanos interesados en la transformación de la policía.
Alcaldes, comunidades populares, de clase media y alta, gobernadores, campesinos, indígenas, niñas, niños y adolescentes, universidades y transportistas, militares y policías, religiosas y religiosos, así como docentes, profesores y estudiantes, militantes de organizaciones sociales y de movimientos sociales, todas y todos coincidieron en la necesidad de establecer un mecanismo de rendición de cuentas sobre su funcionamiento por parte de los cuerpos de policías tanto al Estado mismo como a la sociedad.
En el informe sobre la gran consulta nacional realizada por la Conarepol, sobre este asunto se puede leer “… Este aspecto está estrechamente relacionado con la contraloría social, la cual se ha convertido en una de las directrices principales de las políticas que el Estado venezolano ha fomentado en los últimos años. La contraloría social va dirigida hacia la transparencia y la difusión masiva de los procesos participativos de toma de decisión y de rendición de cuentas, de manera que la observación y el control de los ciudadanos ejerzan sobre los funcionarios públicos tenga un efecto educador y regulador de la gestión”.
En este sentido uno de los principales problemas identificados era que las instancias encargadas de controlar a las funcionarias y los funcionarios para evitar malas prácticas policiales (asuntos internos) no cumplían su función y no sancionaban a aquellos que incurrían en ellas ya que quienes llevaban las investigaciones solían ser sus mismos compañeros, prosperando así la impunidad a raíz de una mal entendida solidaridad entre los funcionarios policiales. Frente a esto se avizoró la necesidad inminente de crear instancias de control interno y externo que garantice que las malas prácticas policiales y las violaciones de derechos humanos sean efectivamente sancionadas en un esfuerzo mancomunado del Estado y la sociedad en general.
INSTANCIAS DE CONTROL CIUDADANO
Para atender esa realidad, en marzo de 2008, el presidente Chávez, gracias a las facultades que le reservaba la Ley Habilitante, emitió el Decreto Presidencial con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo Nacional. Un año después, la Asamblea Nacional promulgaba la Ley del Estatuto de la Función Policial. Ambos instrumentos determinaron los principios y mecanismos para el ejercicio de la contraloría social por parte de las y los venezolanos, las organizaciones sociales y las comunidades organizadas.
Es así como hoy por hoy los Consejos Comunales, los Comités Ciudadanos de Control Policial y otras formas de organización son instancias legítimamente constituidas y reconocidas por medio de dichos instrumentos para el ejercicio del control y seguimiento externo de los cuerpos de policías a nivel municipal, regional y nacional. Estas instancias permiten que las comunidades y la sociedad en general puedan promover buenas prácticas policiales dentro y fuera de las instituciones, así como hacer seguimiento al cumplimiento de las sanciones a aquellas funcionarias y aquellos funcionarios inmersos en casos de violación de derechos humanos.
¿CÓMO SE HACE CONTRALORÍA A LA FUNCIÓN POLICIAL?
Por medio de la organización. Es importante que quienes deseen cumplir con este deber ciudadano y ejercer este derecho lo haga desde cualquiera de las instancias mencionadas, esto garantiza mayor efectividad.
Para la contraloría social es importante afinar el sentido de la visión. Observar el modo de actuar y proceder de las y los policías servirá para posteriormente denunciar sustentadamente lo negativo y reconocer lo positivo.
Para denunciar lo pueden hacer por medio de un escrito que contenga la siguiente información: qué pasó, quiénes estaban (datos completos), cuándo, dónde y por qué ocurrió; ese escrito lo pueden llevar a la Oficina de Control de Actuación Policial (OCAP) de su localidad. Para reconocer lo positivo pueden hacer lo mismo.
Acerca de la Red de Apoyo Por la Justicia y la Paz:
Es una organización no gubernamental, que promueve y defiende los DDHH en Venezuela desde 1985. Denuncia los casos de violación de DDHH, atiende a las personas víctimas y a sus familiares. Promueve políticas públicas en materia de DDHH y realiza actividades de promoción, difusión, y procesos de educación en DDHH.