Una de las consignas del movimiento revolucionario ha sido la disminución y desaparición de lo que se denomina la deuda social.
Pagarla es una tarea inmensa.
No solo desde el aspecto económico, sino porque ello implica combatir la pobreza y elevar la calidad de vida, comenzando por la garantía de la salud, las pensiones, la vivienda y la educación.
Ello tiene una relación directa con el rescate y fortalecimiento financiero de las instituciones de la seguridad social.
No siempre tendremos un alto precio del barril de petróleo para subsidiar el pago de pensiones, el desarrollo de las misiones, sin recurrir al cobro de impuestos que soporten su permanencia en el tiempo.
El IVSS ha contado en estos años con dos instrumentos para mejorar la recaudación.
La reforma de la Ley del Seguro Social para aplicar el Código Orgánico Tributario a quienes evadan sus obligaciones y la creación del Sistema Tiuna mediante el cual los empresarios, públicos y privados, ingresan y retiran a los trabajadores en tiempo real, sin acumular deudas por esos conceptos.
Sin embargo, persiste el mecanismo perverso de no incluir los gastos de la seguridad social en la mayoría de los presupuestos de las empresas del Estado, gobernaciones y alcaldías.
Se ha acumulado una deuda millonaria.
La CVG y sus empresas filiales no le pagan al IVSS; los ministerio del Poder Popular para la Educación y para la Salud portan el estandarte de los grandes morosos, mientras que las gobernaciones y alcaldías siguen el mismo camino.
El Gobierno Nacional tiene que atender ese problema, porque descapitaliza al IVSS y le niega el derecho constitucional de la pensión a miles de trabajadores.
Es una forma de disminuir el peso de la inmensa deuda social.