El presidente Nicolás Maduro anunció su propósito de declarar un «Estado de Emergencia Económica», contemplado en el segundo párrafo del artículo 338 de la Constitución, que le posibilitará tomar medidas de mayor efectividad en la lucha contra el desabastecimiento, así como dar celeridad al ritmo de iniciativas conducentes a dotar al país de una estructura productiva más amplia y permanente.
Se trata de derrotar flagelos como el atroz cerco que los oligopolios del alto comercio e importación mantienen sobre una amplia franja de la población mediante surtido restringido o desabastecimiento de anaqueles, y que desembocan en las ‘»colas». Se trata de estrategias de cámaras privadas, en su lucha contra gobiernos que buscan regular la tasa de especulación de los precios que aquellas imponen, en un país donde se importa gran parte de lo que se consume.
Y donde los comestibles de procedencia endógena terminan atrapados en la red de flotas de transporte que desde cualquier región del país adquieren las cosechas o los lácteos —pagando al pequeño productor primario una miseria— para entregar los frutos al oligopolio del Grupo Polar o a los grandes mercados de mayoristas de Coche, Barquisimeto, Maracay o Puerto la Cruz, muchos en manos de gestores de escasa transparencia y donde cada equipo interventor requiere ser intervenido ¿contraloría social acaso?, para contrarrestar el riesgo de corrupción.
Para sortear con éxito la guerra económica se debe fortalecer la transparente relación productor-consumidor, afianzando al menos mecanismos de distribución con participación mayoritaria del Estado, revirtiendo el peso de agentes oligopólicos como la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, cuyo fuerte es el empaquetado no la producción ni transformación de los artículos y que se articula con la Asociación Nacional de Supermercado (ANSA).
El Gobierno Bolivariano debe generar políticas frente a la cartelización del alto comercio privado, y visualizando el papel de la red de frigoríficos, depósitos y galpones a lo largo y ancho del territorio nacional y cuyas prácticas colusorias se impusieron en el mercado venezolano a partir de la debilidad estructural del modelo rentista periférico de economía sustentada por el rey petróleo. Tal es el primer asunto a ser solucionado por la emergencia económica.