El 6 de septiembre de 2012 Venezuela envió al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Ramón Insulza, un escrito donde explicaba las razones por las cuales denunciaba tanto a la Comisión (CIDH) como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), por considerar que estos organismos se habían alejado “de los sagrados principios que están llamados a proteger, convirtiéndose en un arma política arrojadiza destinada a minar la estabilidad de determinados gobiernos”.
En el documento, firmado por el entonces canciller Nicolás Maduro, se señalaban las acciones injerencistas contra el gobierno del presidente Hugo Chávez, “vulnerando y desconociendo principios básicos ampliamente consagrados en el derecho internacional, como lo son el respeto a la soberanía de los Estados y el principio de la autodeterminación de los pueblos”.
Esta denuncia fue ventilada en la Asamblea Nacional el 7 de septiembre de 2012 y un año después “el Estado venezolano quedó libre de la sujeción a tribunales foráneos a la cual la somete la Convención Americana de los Derechos Humanos”, comentó Germán Saltrón, agente del Estado venezolano en materia de derechos humanos, durante una entrevista concedida al Correo del Orinoco.
Durante la entrevista Saltrón aseveró que el pueblo venezolano no queda desamparado en materia de derechos humanos por la salida de Venezuela de la CIDH porque ha firmado 12 tratados y convenciones de Naciones Unidas.
“Hay dos sistema de protección internacional. El sistema interamericano regional y el Sistema Internacional, que es Naciones Unidas”, acotó.
Además, las venezolanas y los venezolanos estamos amparados por la Constitución Bolivariana que reconoce todos los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos ambientales.
“QUIEN PAGA LOS MARIACHIS ESCOGE LAS CANCIONES”.
Saltrón explicó que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está compuesto por la Comisión, creada en 1948, con el propósito de velar por la democracia como sistema representativo de los ciudadanos de América Latina: “En teoría fue muy importante, pero en la práctica tuvo una aplicación muy tardía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comienza a operar en 1979, después que en América Latina habían pasado todos los regímenes dictatoriales militares de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela. Había pasado el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, donde hubo más de 10 mil desaparecidos”.
Saltrón subrayó que para el momento que comienza a funcionar el organismo, “no había ninguna vigilancia de los derechos humanos, ni por parte de la OEA ni por parte de la Comisión”.
Según el experto, la tardanza para que el ente iniciara sus funciones se debió a que los dictadores de la región “estaban puestos por el gobierno de Estados Unidos, y quien dirige la OEA es Estados Unidos”.
Refirió que la nación del norte aporta el 90% del presupuesto de la OEA. El año pasado dio 56 millones de dólares, con lo cual, se confirma la letra de un mariachi mexicano que dice que “quien paga los mariachis escoge las canciones”.
Señaló que en 1969 se creó la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, pero comienza a operar 10 años más tarde.
Saltrón acotó que la Comisión es un organismo instructor; es decir, recibe la denuncia del ciudadano y la tramita, y hace de intermediario entre el peticionario y el Estado: “Si durante la tramitación considera que se ha violado algún principio de derechos humanos contemplado en la Convención Americana, entonces elevan el caso a la Corte, que es el verdadero tribunal”.
Apuntó que la OEA está integrada por 34 países, pero siete naciones no han ratificado la Convención, entre las cuales se encuentran Estados Unidos y Canadá: “Esto dificulta la situación porque la Corte también es financiada por la OEA, por los Estados Unidos, y hay un control absoluto sobre esos dos organismos de derechos humanos. Por lo tanto, se produce una parcialización”.
Comentó que supuestamente se vigila “a los países que no aceptan las políticas dictadas por el gobierno de Estados Unidos, y los países que si son aliados de Estados Unidos pueden hacer lo que les venga en gana, en cuanto a derechos humanos, y no son molestados”.
Saltrón subrayó que durante el Puntofijismo, Venezuela perteneció a este grupo de países que se congraciaron con el gobierno estadounidense: “Desde 1961 hasta 1998, cuando gobernaron en Venezuela los partidos Acción Democrática y Copei, se violaron los derechos humanos”.
Mencionó que la Constitución de 1961 fue aprobada el 23 de enero de ese año, y al día siguiente se suspendieron las garantías: “Hubo desapariciones, hubo presos políticos. Se calcula que en el periodo de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni hubo más de 3 mil detenidos”.
INOPERANTE
En los 40 años de la Cuarta República se presentaron cuatro casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uno de estos fue la querella de Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, dos cubanos traídos a Venezuela por Carlos Andrés Pérez “para dirigir la policía política, la Digepol”, y que participaron en la voladura de un avión de Cubana de Aviación, en 1976, donde murieron 73 personas.
Mientras que durante la gestión del presidente Hugo Chávez, la Corte Interamericana condenó al Estado venezolano en 15 ocasiones.
Declaró que la Comisión “prácticamente no hizo absolutamente nada por la violación de derechos humanos”. Como ejemplo se refirió a El Caracazo, hecho que ocurrió el 27 de febrero de 1989, con el saldo de más mil fallecidos.
“Ese caso no fue presentado inmediatamente por las ONG que existían en Venezuela, que por cierto eran muy pocas, no llegaban a 10”, apuntó.
Tiempo después se conformó la organización no gubernamental Cofavic para asistir a los familiares de las víctimas, que introdujo la demanda ante la Comisión en 1993.
En 1999, la Comisión envió este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después del triunfo electoral de Hugo Chávez, quien asumió la responsabilidad por los hechos.
Saltrón explicó que nuestro país continúa en la Comisión Interamericana porque para retirarse hay que renunciar a la OEA.
El agente venezolano calificó de inoperante a la OEA en cuanto a la defensa de la democracia porque el organismo “tarda mucho” en repudiar los golpes de Estado, tal como ocurrió en abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez: “Lo condenó el 13 de abril, cuando Chávez retornó porque el pueblo y los militares patriotas tomaron Miraflores. Cuando vieron que efectivamente se caía el golpe, fue cuando sacaron el comunicado de prensa”.
Comentó que ninguna ONG venezolana condenó el golpe de Estado.
Manifestó que de manera muy paciente nuestro país, desde el año 2003, puso al descubierto la manera parcial como se manejaban los casos en la Comisión y en la Corte. No obstante, las denuncias no han sido escuchadas: “Esa es la orden del Departamento de Estado”.
Refirió que en 2009 el Tribunal Supremo de Justicia decidió que toda sentencia de la Corte, donde se condene a Venezuela, “tiene que ser analizada por la Sala Constitucional”.
Saltrón indicó que si bien el artículo 23 de la Constitución establece que los pactos, convenciones y decisiones de los tribunales internacionales pueden ser ejecutados en nuestro país, también pone como condición que esa decisión garantice un derecho humano que no esté contemplado en la Carta Magna.
FINANCIAMIENTO
El agente del Estado venezolano manifestó que las ONG siempre han recibido financiamiento de Estados Unidos. Indicó que en la Cuarta República apenas se constituyeron 10 organizaciones no gubernamentales. Actualmente existen más de 100: “Son financiadas por el Departamento de Estado para que pongan denuncias contra Venezuela para hacerla aparecer como violadora de derechos humanos y desprestigiarla internacionalmente. Y justificar las acciones golpistas, como fue el caso de abril de 2002”.