Promovida por republicanos que buscan expulsar indocumentados a toda costa|Ley Arizona es parte de una agenda política contra los hispanos

La gobernadora Jan Brewer alega que el Gobierno de Obama no controla las fronteras

El pasado 24 de junio el cabildo de la ciudad de San Antonio, Texas, aprobó una resolución de condena a la Ley Arizona y exhortó a la legislatura de este estado a no aprobar una normativa similar. En medio del debate, que duró más de una hora, la presidenta nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, Rosa Rosales, mostró su inconformidad con la medida, “Esta resolución no da en el verdadero asunto. El asunto es que se trata de una ley racista”, sentenció.

Las palabras de Rosales son secundadas por muchos y muchas activistas, quienes -aun después de que la jueza federal Susan Bolton dejara sin efecto varias de las disposiciones de la SB 1070- sienten que ésta no ha sido tocada en lo sustancial. El abogado Alfonso Oviedo, estadounidense oriundo de Nicaragua, es una de estas personas.

Especialista en derecho migratorio con 30 años de experiencia, Oviedo declaró al Correo del Orinoco que hay “un grupo dentro del Partido Republicano que tiene una agenda política en contra de lo que consideran una ‘invasión’ por parte de los latinoamericanos”.

HOSTILIDAD HACIA LOS HISPANOS

La afirmación de Oviedo es categórica, no tiene dudas de que el objetivo de la SB 1070 y otras leyes propuestas por este sector republicano -en el que incluye a la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, y al propulsor de la ley, senador Russell Pears- “es hostigar a los hispanos y expulsarlos, de EEUU. Usted nunca verá que se agreda o se aborde a personas blancas, rubias, de ojos azules”, asevera.

La razón que motiva esta política discriminatoria es el temor a que los hispanos ocupen un lugar preponderante en la sociedad estadounidense. “Todas las proyecciones indican que para mediados de este siglo, en EEUU uno de cada tres habitantes será hispano”.

Eva Golinger, abogada egresada de la Universidad de Nueva York, confirma la percepción de Oviedo. En este momento, afirma, “hay un crecimiento de nuevos grupos racistas que reaccionan contra la presidencia de Obama. Y hay mucho sentimiento anti-inmigrante en el país”.

Golinger destaca lo irónico de que esto ocurra en una nación de inmigrantes, que “aún es sumamente racista y conservadora”, y advierte que si bien las grandes ciudades, como Nueva York, San Francisco, Los Angeles y Chicago “son muy diversas y progresistas, no son una representación de la mayoría del país”.

LA XENOFOBIA Y SUS AGENTES

Desde la óptica planteada por Oviedo y Golinger, cobra sentido la decisión de la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, de impulsar, contra viento y marera, la SB 1070, que tiene como principal impulsor al senador republicano Russell Pears.

La pelea en la que Pears y Weber han decidido embarcarse es de vieja data. Oviedo comenta, por ejemplo, que hasta 1997, las personas indocumentadas con más de siete años de residencia en EEUU, podían legalizar su situación. Pero los sectores más conservadores del partido republicano impulsaron leyes que eliminaron esa y otras opciones que tenía la gente para regularizar su estatus. Esta medida, asegura el abogado, “lo que hizo fue aumentar el número de indocumentados, que hoy son 20 millones”

Pears, agrega el abogado, ha solicitado que se elimine la posibilidad de que niñas y niños nacidos en EEUU de padres indocumentados, adquieran la nacionalidad estadounidense, según señala Oviedo.

Golinger destaca algunos aportes de Jan Brewer a su causa, que dan cuenta de su talante: “Como gobernadora, firmó, en abril pasado, el presupuesto del 2011 para Arizona, que elimina el seguro
médico para niños pobres que carecen de este tipo de asistencia, según ella, porque el estado estaba quebrado”.

Brewer ha alegado, de hecho, que cuidar las fronteras de Arizona le cuesta a los contribuyentes de ese estado 100 millones de dólares al año. En este sentido, ha criticado que la Administración Obama se oponga a ley mientras es incapaz de resguardar la línea limítrofe de 600 km que separa su territorio del d e México. Pears, por su parte, ha dicho que la posición del Gobierno Federal es “claramente insultante. Es escandaloso: Washington se dedica a impedir la aplicación de nuestras leyes mientras permanece de brazos cruzados”.

Otro argumento que Brewer ha esgrimido en defensa de la LAZ es que, al estar desguarnecida la frontera, la violencia de los carteles de la droga mexicanos se ha trasladado a sus predios. No obstante, como apunta Eva Golinger, en Julio de 2009 “firmó la ley SB113, que permite a las personas en Arizona portar armas en bares, restaurantes y otros locales”.

Oviedo, quien condena enérgicamente que se criminalice el estatus de indocumentado, recalca que la raíz del problema no está sólo en las restricciones que evitan a las personas legalizar su situación. “El problema lo generan quienes emplean a indocumentados. Las medidas deberían dirigirse a ellos, para evitar que sigan contratándolos. Ahora, es mano de obra se necesita aquí, así que el problema no se va a resolver deportando a los ilegales”.

NAZISMO PURO

Pears mantiene tiene una página web en cuya sección sobre “Inmigración ilegal” se lee el siguiente lema: “Ilegal no es una raza, es un crimen”. Si bien con esta sentencia Pears parece querer evitar que se le tilde de racista, deja claro su empeño en criminalizar la condición de indocumentado.

La confesión de Pears no parece terminar de abrirle los ojos a muchos hispanos e hispanas que, a juicio de Alonso Oviedo, “creen que a los indocumentados hispanos los discriminan por ilegales, cuando lo que hay detrás de esto, hablando con sinceridad, es nazismo puro. Racismo puro”.

Al veterano abogado le preocupa que “la estupidez” de algunos hispanos les impida ver que lo que realmente está en juego es una política racista y antilatinoamericana, que en este momento se vale de agitadores que explotan el viejo argumento de los extranjeros que quieren robarle el trabajo a otros.

T/Carlos ortiz
F/Agencias