Jesse Chacón, Director del Grupo de Investigación Social Siglo XXI (GIS XXI), informó que durante la realización del Seminario Internacional del Nuevo Modelo Policial Venezolano, realizado este jueves en la parroquia de El Recreo, Caracas, surgió la iniciativa de crear una comisión de Estado que pueda analizar el proceso de aplicación de justicia en el país.
«Lo que estamos proponiendo es que se estudie y se evalúe la posibilidad de construir o de crear una comisión, no del Ejecutivo, sino de Estado, pero con los mismo principios con los cuales se trabajó en la Conarepol, de hacer un diagnóstico basado en la participación de toda la población y todos los actores en el tema».
Chacón recordó el éxito de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol) del 2006, la cual ha permitido definir, por primera vez en Venezuela, una política pública en materia de seguridad ciudadana, puesto que «desde el año 1958 hasta el 2006, en este país no se hizo una política pública estructural en materia de seguridad».
De allí, indicó Chacón, surgieron una serie de recomendaciones que este jueves informó el ministro del Poder Popular para Relaciones Interior y Justicia, Tareck El Aissami, las cuales «llegan a un 90% de ejecución».
En ese sentido, apuntó que para ello hay que tomar en cuenta que el sistema de justicia penal sigue articulado como se construyó en el pasado, por lo que para disminuir los niveles de rechazo que tiene la población al retardo procesal, en juicios y el no cumplimento de penas, «se hace necesario un acuerdo que vaya más allá del Poder Ejecutivo».
«Esto permitirá el surgimiento de un nuevo modelo que deja en el pasado el modelo represivo que construyó la IV República, y surge así, un nuevo modelo que parte del respeto de los Derechos Humanos», agregó.
Esto, prosiguió Chacón, con el objetivo de diseñar una serie de recomendaciones «de obligatorio cumplimiento para los tres poderes que de alguna manera tienen responsabilidad en el sistema de justicia penal que son: en le área de investigación el CICPC; en el área de acusación, la Fiscalía General de la República; en el área de juicio, el Tribunal Supremo de Justicia y, en el área de cumplimiento de pena y reinserción social, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios».
Por último, dijo que esta comisión tendría un mandato que permitirá a esta sociedad adentrarse en un sistema mucho más eficiente y respetuoso de los Derechos Humanos y que le dé una respuesta al principal problema que tiene la sociedad venezolana.