La población egipcia acudió en masa a votar en el referendo sobre la reforma de la Constitución de esa nación árabe, donde unos 45 millones de electores estaban llamados a pronunciarse en las urnas sobre un grupo de enmiendas a la Carta Magna.
La gran asistencia contrastaba con la alta abstención que caracterizaba las elecciones en tiempos de Mubarak, acusado frecuentemente de cometer fraudes.
Los partidarios de la reforma se inclinan por una rápida transición con cambios limitados de la Constitución, mientras que el campo adverso aboga por la elaboración de una nueva, aunque ello requiera más tiempo.
Las principales reformas afectan a los mandatos presidenciales, que quedarán limitados a un máximo de dos, de cuatro años cada uno (en la actualidad son ilimitados y de seis años). También se flexibilizan las condiciones de las candidaturas.
Las enmiendas fueron elaboradas por una comisión de juristas designada por el Ejército, que está a cargo de la dirección del país desde la dimisión de Mubarak bajo la presión de una revuelta popular. Las fuerzas armadas se comprometieron a establecer un régimen civil, elegido democráticamente.