La Cámara de Diputados de República Dominicana aprobó este jueves en segunda lectura y sin ningún debate la propuesta de reforma fiscal gubernamental, que se convertirá en ley con la próxima firma del Poder Ejecutivo.
Esta vez, el proyecto tuvo el apoyo de 103 legisladores y recibió el rechazo de 68, mientras que cinco no ejercieron el voto, según las informaciones divulgadas sobre el sufragio.
No es posible que no se le dé la oportunidad a quienes no pudimos hablar en la sesión pasada, manifestó el diputado José Jáquez, del opositor Partido Revolucionario Dominicano.
Hace dos días, la Cámara baja dio en primera lectura su respaldo a la iniciativa con las modificaciones hechas por el Senado la semana pasada.
La administración cedió en el monto inicial de las recaudaciones y redujo propuestas de impuestos por un valor de nueve mil millones de pesos, unos 227 millones 246 mil dólares.
El presidente dominicano, Danilo Medina, presentó la primera propuesta de reforma el último 4 de octubre al Consejo Económico y Social, y casi tres semanas después el texto llegó al Senado con leves transformaciones.
Al principio, el monto a recaudar ascendía a 53 mil millones de pesos, unos mil 338 millones de dólares, y tales impuestos fueron considerados de injustos, innecesarios y con tendencia a provocar una inflación insostenible.
Con los cambios más recientes las organizaciones no gubernamentales que trabajan con educación y salud quedarán exentas del Impuesto sobre la Renta y el gravamen a las zonas francas será de 3,5 por ciento.
El cobro de la placa o chapa que se aplicaría con uno por ciento al valor del vehículo, de carácter privado solamente, entrará en vigor en 2014.
No se eliminará la exención del impuesto sobre la renta al doble sueldo y a quienes ganen por encima de 33 mil pesos, 838 dólares, y las bebidas alcohólicas serán gravadas de siete a 10 por ciento, y no al 15 por ciento.
También, entre otras medidas, continúa previsto el aumento del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industriales de 16 a 18 por ciento, excepto en los productos de la canasta familiar y los servicios básicos.